Desde el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia expresaron su preocupación por la situación a la que está expuesto un grupo de trabajadores docentes de la provincia relacionado al descuento de salarios por días de paro y eventuales sanciones administrativas, y recordó que muchos de los integrantes del Frente Gremial no cuentan con la cobertura legal que permita una acción directa, menos aun de discutir salarios. En este sentido, el titular de la cartera laboral sostuvo que “en caso de pretenderse una renegociación salarial, los únicos gremios habilitados a hacerlo son aquellos que gozan de personería gremial, estatus legal que otorga la ley a los de mayor representatividad, no teniendo dicho estatus ninguno de los que conforman el Frente Gremial, sino quienes participaron en la Mesa de Diálogo y que suscribieron el acuerdo con el Gobierno provincial”.
A su vez, señaló que “seguramente al igual que en oportunidades anteriores, poner al descubierto esta realidad no será del agrado de los dirigentes que pretenden una representación colectiva que legalmente no tienen como a los trabajadores que en su buena fe y en pie de lucha siguen el reclamo que sin duda es justo, pero es obligación de este organismo laboral informar a los trabajadores los verdaderos alcances y posibles consecuencias de las medidas adoptadas”.
El funcionario sostuvo que “la situación es aún más delicada por cuanto los reclamos están vinculados a discusión de salarios, llamados comúnmente paritarias, dado que no existe norma ni interpretación legal o jurisprudencial que discuta que dicha negociación la debe efectuar el patrón (en este caso el Estado Provincial) en una autolimitación de sus facultades, ya que en la provincia no existe ley de paritarias”.
“Desde el sentido común más que el legal, solo cabe imaginarse que pasaría si todas las agrupaciones disidentes de los sindicatos constituidos en el país solicitaran renegociar las paritarias y los salarios luego de firmados y homologados los mismos. El patrón no sabría con quién negociar creando una tremenda inseguridad jurídica que terminaría por destruir lo que tanto costó retomar en la Argentina, que es la posibilidad de discutir salarios y convenios colectivos”, añadió.
En cuanto a la posibilidad de que se sume a la protesta el Sindicato de Camioneros en “solidaridad a los docentes” -según lo anunciado ayer-, el Ministro de Trabajo apeló a la experiencia y prudencia que deben tener dichos dirigentes sindicales, y llamó a “no caer en un abuso de institutos como la huelga que han sido logrados después de mucho peregrinar, pensados para beneficio de los trabajadores y no otros, que tornaría ilegitimo su proceder”.
A su vez, indicó que “estaríamos frente a un ejercicio del derecho de huelga contra un patrón que nada tiene que ver en este conflicto y descuentos por los días u horas no trabajadas a dichos trabajadores que se solidarizan (ya que el patrón esta obligado a soportar la huelga pero no a financiarla, como indican la mayoría de los autores y jurisprudencia) provocando ello en la mayoría de los casos una espiral de conflicto que perjudica a la parte mas débil que es el trabajador”. Por último, recordó que “las medidas de acción directa deben ejercitarse en el marco de la Constitución y la ley, sin afectar los derechos de los demás ciudadanos”.
JRC
