Las obras de la usina hidroeléctrica Baixo Iguaçu, entre los municipios de Capanema (Sudoeste) y Capitão Leônidas Marques (Oeste), en el estado de Paraná, Brasil, kilómetros arriba de las Cataratas del Iguazú, pueden ser reiniciadas en cualquier momento.
La Justicia federal autorizó el reinicio de las obras después de que sean paralizadas por la posiblidad de que cause daños ambientales al parque nacional Iguazú -lado brasileño-.
La decisión fue tomada por el Tribunal Regional Federal (TRF) de la cuarta región, en Porto Alegre.
Las obras de la represa estaban paralizadas desde junio del año pasado, cuando el mismo tribunal admitió una cautelar suspendiendo los efectos de la licencia ambiental emitida por el Instituto Ambiental de Paraná (IAP) hasta que el Instituto Chico Mendes (de Medioambiente de Brasil) emitiese una nueva autorización, lo que ocurrió el 8 de enero pasado.
El Tribunal decidió que la tutela del medioambiente corresponde al estado de Paraná y que cumple con las recomendaciones federales.
El IAP ya comunicó a la empresa Geração Céu Azul que, «deberá cumplir con todas las reglas impuestas para la renovación de la licencia».
La represa se instalará en un área próxima al Parque Nacional do Iguaçu, que es considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco). El año pasado, con las obras paralizadas por decisión de la justicia, la creciente del río Iguazú arrastró tierra y materiales e incluso se perdió maquinaría en el agua.
El proyecto de la usina prevé una capacidad de generación de energía de 350 MW y el anegamiento de un área de 1.359 hectáreas.
El mayor impedimento para la instalación de la represa es la proximidad con el Parque.
Se detectaron 53 posibles impactos ambientales causados por la instalación o la operación del emprendimiento, siendo 45 de naturaleza negativa y de esos, 29 considerados irreversibles.
Al constatar que los graves riesgos a los que el Parque Nacional do Iguaçu estaría sujeto, se establecieron 13 condicionantes para la autorización.
Sin embargo, además de los 13 condicionantes se pidió un estudio de impacto ambiental más profundo.
Pero en enero, el Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a través de su presidente, Roberto Ricardo Vizentin, emitió la autorización ambiental para la represa.
