El ingeniero forestal y director de Gerencia Socioambiental Consultora, Juan Pablo Cinto, analizó algunos aspectos que generó una medida judicial de remate de unas 7 mil hectáreas de propiedad de un privado en la Reserva de Biósfera Yabotí, en Misiones, y que fue suspendida semanas atrás. Frente a las repercusiones en redes sociales por la preocupación de sectores de la comunidad por la conservación, para el profesional “a todas luces fue positiva. La reacción muestra que además existe una demanda de la comunidad en ese sentido que habrá que atender”, advirtió.
La amenaza de remate que se frustró semanas atrás por una propiedad privada en la Reserva de Biosfera Yabotí, de unas 7.073 hectáreas de área natural lindante al Parque Provincial Esmeralda en Misiones, generó una intensa movida de sectores ambientalistas y comunidad en general que decidieron lanzar una “cruzada para juntar los seis millones de pesos para comprar las tierras y luego de adquirirlas donar a la Provincia para la creación de un Parque Provincial”, había señalado Rulo Bregagnolo, del Grupo Ecologista Cuña Pirú.
La medida judicial se suspendió ante una presentación realizada por la familia Durañona, propietaria de las tierras, que propusieron un compromiso de pagos con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas. La fiscal Mariana Arjol confirmó que el remate fue cancelado por el planteo de la empresa demandada y hasta tanto se resuelva el litigio.
El ingeniero forestal y director de Gerencia Socioambiental Consultora, Juan Pablo Cinto, analizó en una entrevista con ArgentinaForestal.com algunos aspectos que generó esta situación frente a las repercusiones en redes sociales y la preocupación expuesta de sectores de la comunidad por la conservación, que al decir del profesional “a todas luces fue positiva”.
Sobre el hecho de que una propiedad privada con un área de valor ambiental llegue a una instancia de remate judicial consideró que “se da porque no esta exenta del pago de obligaciones fiscales nacionales provinciales y municipales, aunque en este caso, por su ubicación, cuenta con algunas exenciones al igual que otras reservas. En sentido estricto, el predio integra un tipo especial de área protegida que permite el uso extractivo de la madera y por lo tanto la generación de ingresos monetarios. Esos ingresos están sujetos a pago de impuestos y en ese marco se generó una demanda que desemboco en el remate”, explicó.
En tanto, al referirse a las repercusiones en redes sociales y la preocupación expuesta de sectores de la comunidad ambiental que incluso se movilizó para iniciar “una cruzada” y recolectar fondos para “rescatar” el área, Cinto aseveró que “la repercusión que tuvo el caso en las redes sociales es interesante y a todas luces positiva. La participación ciudadana es fundamental en cualquier modelo de gestión de los recursos naturales, tal como fue reconocido en instrumentos legales provinciales, nacionales e internacionales. La reacción muestra que además existe una demanda en ese sentido que habrá que atender. Desde el punto de vista de la iniciativa en sí –dijo en relación a la cruzada- de organizarse apropiadamente, podría aplicarse para otras propiedades de alto valor de conservación en condición de venta, tanto dentro como fuera de la Reserva Yaboti”, expresó.
Pero la situación de remate judicial y la intención de participación de la gente también abrió otro debate sobre si al ser un tema «privado» no hay posibilidades de que «otros» intervengan frente a la reacción del propietario de «pagar su deuda» para no perder su patrimonio. Sobre esta consulta, Cinto remarcó que “el ambiente sano y equilibrado, derecho consagrado en la Constitución Nacional junto a la obligación de las autoridades de proveer la preservación del Patrimonio Natural y Cultural y de la diversidad biológica, colocan al tema dentro de la esfera de interés público. Las características de predio, su ubicación y los valores ambientales involucrados justifican plenamente la atención que ha tenido el caso tanto de actores sociales como estatales. El interés público versus interés privado no se aplica, en mi opinión, a esta situación”.
Por otra parte, también sobre este tema hubo una reacción política de legisladores de la oposición que presentaron proyectos en exigiendo la intervención del gobierno para encontrar una solución que permita conservar el área ambiental en la Provincia. “Creo que la reacción política de legisladores de la oposición es consecuencia directa de la reacción social inicial. Si este interés político es genuino u oportunista, el tiempo permitirá apreciar cuál es el que este caso realmente estuvo en juego”, señaló.
Finalmente, el profesional consideró que “este hecho expuso la constante preocupación de varios sectores sociales por la conservación de biodiversidad. La agenda ambiental de Misiones es variada y extensa en lo territorial y atraviesa todas las actividades, incluyendo las productivas de marcada influencia sobre aguas y suelos, factores ambientalmente sensibles en nuestra provincia. En necesario canalizar el interés publico por estos temas y las demandas de participación ciudadana, para encaminarlas institucionalmente de modo de asegurar el cumplimente de los objetivos de la política ambiental nacional”, concluyó.
Por Patricia Escobar
