Escuelas de Misiones en alerta por catarata de embargos impulsada por gremio foráneo

Representantes de todas las escuelas de gestión privada de Misiones se reunirán hoy a las 9 en el Instituto Montoya. Debatirán un tema que mantiene en alerta a ese sector desde el año pasado: el avance de acciones judiciales ejecutivas impulsadas por un sindicato de no docentes que ni siquiera tiene presencia en la provincia. Varias instituciones ya sufrieron el embargo de sus cuentas y no saben si podrán pagar sueldos.

Más de 200 escuelas de gestión privada de toda la provincia fueron sorprendidas con una catarata de cartas documento y notificaciones enviadas por un sindicato que no tiene presencia en Misiones y que lleva adelante juicios ejecutivos por un monto global que supera los 9 millones de pesos. Instituciones como la Escuela de Familia Agrícola (EFA) Santa Teresita, de Leandro N. Alem o el Instituto Argentino de Estudios Superiores, de Puerto Rico, ya vieron embargadas sus cuentas bancarias y no saben cómo harán para afrontar el pago de los sueldos a los docentes y otros gastos operativos.

Para evaluar alternativas, representantes  legales y directivos de todas las escuelas se reunirán hoy a las 9 en el Aula Magna del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, ubicado en calle Ayacucho, entre La Rioja y Córdoba.

Según la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem) en poco tiempo las más de 200 escuelas de gestión privada de la provincia, enfrentarían la misma situación si no se hiciera algo desde el plano jurídico para contrarrestar las acciones legales que interpuso el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), que no tiene representantes ni afiliados en la provincia, pero que se atribuye la representación sindical de todos los trabajadores no docentes de las escuelas privadas.

El titular de la Aipem, Luis Bogado, no dudó en calificar al accionar del Soeme como ilegal, delictivo y hasta insólito. Detalló que en la provincia hay 212 escuelas de educación pública de gestión privada, que dan trabajo a diez mil docentes, de los cuales seis mil solamente trabajan en ese sistema y los restantes cuatro mil comparten cargos con escuelas de gestión estatal. Destacó que alrededor de 100 mil alumnos concurren a alguna escuela de gestión privada, entre las que se cuentan 22 Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), 15 escuelas ubicadas en aldeas aborígenes  y las escuelas especiales, como el Centro del Ciego.

Según Bogado, “el accionar de este gremio es delictivo. Determinaron la deuda con instrumentos públicos falsificados, hicimos una denuncia, una presentación formal ante el ministerio de Trabajo de Nación en la que denunciamos esta situación. Ellos respaldan sus acciones con actas en las que dicen que estuvieron en el mismo día y a la misma hora en una escuela de Posadas y en otras de lugares distantes del interior. Falsificaron una diversidad de instrumentos públicos, evidentemente tuvieron acompañamiento de algún juez de Buenos Aires”.

Lo primero que llamó la atención de los representantes escolares es que todos los institutos recibieron exactamente las mismas cartas y notificaciones con los mismos reclamos, lo que, para los representantes legales de la Aipem, representa una clara muestra de que el sindicato manda cartas “al voleo”. En todos los casos se reclama una deuda por aportes solidarios atrasados desde 2010, tiempo en que muchas de las escuelas que recibieron las intimaciones ni siquiera funcionaban.

Otro dato que señalan desde las escuelas es que las actas están firmadas por el mismo inspector y en muchos casos tienen la misma fecha. Así aparecen actas por supuestas inspecciones realizadas el mismo día y por el mismo hombre en localidades tan lejanas como Posadas, Andresito, Leandro N Alem y Eldorado.

Cuestión de fondo

El Soeme inició las referidas acciones legales contra todas las escuelas privadas de Misiones  exigiendo que todas ellas paguen un aporte solidario, retroactivo a enero de 2010, por empleados que el sindicato presume que trabajan en dichas escuelas, pero que desde las instituciones aseguran que no existen. Además el sindicato exige que se “blanquee” a esos supuestos trabajadores, o que si efectivamente no existen, se los contrate.

El Soeme se basa en una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que determina índices medios de trabajo para las actividades no docentes que se desarrollan en las escuelas privadas, es decir que estima cuántos trabajadores destinados a tareas de limpieza, maestranza y administración, deberían tener las escuela privadas en función de la cantidad de alumnos que allí concurran.

Basándose en esta norma, el sindicato se tomó la libertad de presumir que en las 212 escuelas de gestión privada que funcionan en la provincia, trabajan empleados no registrados y reclaman aportes sindicales impagos acumulados desde el 1 de enero de 2010 por esos supuestos empleados. Además exigen que todas las escuelas se ajusten a lo que dice la norma e incorporen personal a su nómina, mayormente porteros, serenos y cocineros.

JRC EP

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