El STJ ratificó la transparencia de la gestión digital y quiere recuperar 200 autos en depósito judicial

El Superior Tribunal de Justicia ratificó la plena vigencia y confiabilidad del sistema de gestión de expedientes judiciales y advirtió que para certificar la transparencia, cada causa denunciada por supuesto hackeo, tiene su sostén en soporte papel, por lo que mal puede hablarse de manipulación de datos.
De todos modos, el STJ, ordenó una “amplia investigación” interna tendiente a dilucidar los hechos denunciados por los jueces de Instrucción Cesar Yaya, Marcelo Cardozo, Fernando Verón y Ricardo Balor “sin perjuicio de lo que resuelva la justicia penal interviniente”. Los magistrados denunciaron el viernes de la semana supuestas manipulaciones de los expedientes en causas penales.
A través de un comunicado de prensa, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, aseguró que “se encuentran plenamente vigentes las normas y disposiciones emanadas del Alto Cuerpo tendientes al uso obligatorio del SIGED (Sistema de Gestión de Expedientes Digitales), el que da plena validez y eficacia jurídica a los documentos digitales equivalentes a los que obran en papel; siendo su implementación competencia de este Superior Tribunal de Justicia en virtud de las facultades otorgadas por la ley IV N° 55 sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo”.
El documento del máximo tribunal hace notar que “la totalidad de los expedientes digitales se encuentran en soporte papel, lo que permite su verificación absoluta e inmediata dando este su nota de validez”. Fuentes tribunalicias sostienen que la denuncia de manipulación de datos del Siged es «una respuesta de algunos magistrados que se vieron afectados por la transparencia del sistema” y «trataron de golpear» a una herramienta en la que los ministros han puesto mucho empeño para darle celeridad y transparencia al proceso judicial.
Es que el Siged permite establecer rápidas estadísticas de trabajo y conocer la evolución de las causas. También generó derivaciones impredecibles, como el conocimiento de la cantidad de vehículos entregados en depósito judicial, que, a simple vista, en muchos casos, aparece como irregular. Asimismo, en el Palacio de Justicia llamó la atención que «la denuncia partiera de un juez que fue denunciado y que tiene un proceso de enjuiciamiento en su contra». Ayer en el STJ se ratificó la denuncia en contra de Yaya y el proceso sigue abierto.
El texto del documento emanado del STJ tiene entre líneas casi una advertencia dirigida especialmente al fuero penal: «el Siged funciona de acuerdo a la ley y todos los magistrados deben acatarla».
Pero a raiz de un pedido de informes sobre la situación de los autos entregados en depósito judicial, varios magistrados podrían quedar complicados: ayer vencía el plazo para que devuelvan los vehículos entregados en depósito Judicial, muchos de alta gama que -de acuerdo a los registros que ya manejan en el STJ-, los magistrados se entregaron a sí mismos, a familiares directos, empleados, familiares de sus empleados, y personas a las que no se identifican en la documentación. El mismo informe revela la entrega de vehículos a organismos del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo que están de acuerdo con lo que establece la Ley.
«Pero que un juez de instrucción se entregue a sí mismo y a sus colaboradores media docena de vehículos de alta gama, para dos meses de turno al año, es una barbaridad«, decía en voz alta un integrante del Alto Cuerpo. Los primeros datos son sorprendentes. Lo grave es que muchos vehículos fueron entregados en forma particular y en muchos casos, no figuran ni el organismo ni el particular.

Según fuentes judiciales, el juez Marcelo Cardozo ordenó revocar el depósito judicial de 21 vehículos -autorizados por él-, porque la entrega se hizo en contra de la normativa vigente. Lo mismo sucede con diez autos cedidos por el juez Fernando Verón.

Además, todos los magistrados comenzaron a subir al sistema Siged un listado de vehículos que no figuraba en ningún lado y no estaba en conocimiento del Superior Tribunal. Los vehículos serán puestos a disposición del STJ que decidirá su destino final. La revocatoria del depósito judicial, según un alto magistrado, es un reconocimiento tácito de que estaban fuera de la ley. En esa línea, los magistrados podrían ser denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y enfrentarse a jurys.

El STJ busca recuperar más de 200 autos que fueron entregados en depósito judicial. El Superior no sabe dónde está el grueso de los vehículos. Por los datos que maneja, «el 80 por ciento circula sin seguro». Hay jueces que se otorgaron a sí mismos hasta seis autos de lujo. Y dentro de los juzgados otorgaron autos a empleados, familiares de empleados y hasta amigos de empleados. Hay autos, motos y camionetas entregados.

“La ley otorga la facultad a los jueces de entregar a reparticiones públicas a organismos, ONG, o sea da una cantidad de instituciones oficiales”, según admitió el juez Ricardo Balor, quien, de todos modos, negó que haya “un descontrol” en el reparto. Nunca a personas particulares, afirmó el magistrado, quien también denunció un supuesto hackeo de sus expedientes digitales.

La gran mayoría de los rodados lo tiene personal de fuerzas de seguridad: Gendarmería, Policía y Prefectura, pero sin la participación de la institución, sino como entrega directa a diversos agentes. De acuerdo con los registros preliminares en el STJ, el Juzgado de Instrucción 1 otorgó 33 vehículos, el 2, 43; el 3, 74, el 5, dos; el 6, 22 y el 7, 20 vehículos.

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