EFA de Los Helechos está al borde de sufrir un embargo por un reclamo sindical

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme) notificó a la escuela rural Cristo Rey que cuenta con un certificado de deuda, título que le permitiría ejecutar una deuda de más de 43 mil pesos que le reclama. Asesores legales de la escuela advirtieron que el gremio estaría habilitado para solicitar el embargo de las cuentas bancarias de la escuela para cobrarse. Si eso ocurriera, la Provincia no podría depositar aportes para pagar sueldos de los docentes que allí trabajan.

Tal como venían advirtiendo desde la Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), entidad que no tiene representación ni afiliados en Misiones, avanza en sus pretensiones de cobrar una supuesta y millonaria deuda a las escuelas de gestión privada de la provincia en concepto de “aportes solidarios” atrasados. Ayer se cumplió un paso más en ese sentido con la liberación de un certificado de deuda contra la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) Cristo Rey, ubicada en Colonia Tamanduá, Los Helechos, dicho título habilita al gremio a trabar embargos contra el instituto de enseñanza del que depende la educación de jóvenes y adolescentes de la zona, para cobrarse de modo ejecutivo una suma superior a los 43 mil pesos.

Desde la escuela en cuestión y el Aipem aseguraron que los reclamos del Soeme son ilegítimos y hasta insólitos, alertaron que ninguna de las 212 escuelas misioneras que recibieron intimaciones del sindicato está en condiciones de afrontar la deuda que se les exige y recalcaron que está en riesgo la educación de más de cien mil estudiantes misioneros de distintos niveles. En total el sindicato exige el pago de más de nueve millones de pesos a todas las escuelas.

El caso de la escuela Cristo Rey de Tamandúa es el más avanzado en el marco de un conflicto que amenaza a la educación de gestión privada de Misiones, ya que con el certificado de deuda a su favor, el Soeme estaría en condiciones de embargar las cuentas bancarias de la escuela, lo que a su vez impediría que la Provincia deposite los aportes necesarios para que la escuela afronte el pago de los salarios de los docentes que allí se desempeñan.

Cuestión de fondo

El Soeme se basa en una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que determina índices medios de trabajo para las actividades no docentes que se desarrollan en las escuelas privadas, es decir que estima cuántos trabajadores destinados a tareas de limpieza, maestranza y administración, deberían tener las escuela privadas en función de la cantidad de alumnos que allí concurran.

Basándose en esta norma, el Soeme se tomó la libertad de presumir que en las 212 escuelas de gestión privada que funcionan en la provincia, trabajan empleados no registrados y reclaman aportes sindicales impagos acumulados desde el 1 de enero de 2010 por esos supuestos empleados. Además exigen que todas las escuelas se ajusten a lo que dice la norma e incorporen personal a su nómina.

Desde la Aipem desmienten de plano que las escuelas tengan personal en negro y explican que, a tratarse de entidades educativas con mucho menores recursos que las de Ciudad de Buenos Aires en las que se inspiró la norma, se arreglan con menos personal y con más colaboración de la comunidad. Recalcó además que la gran mayoría de las escuelas de gestión privada de Misiones cumplen una función social importante, atienden a sectores de la población de bajos recursos y cobran cuotas módicas o directamente no cobran.

JRC EP