Está a un paso de concretarse una histórica devolución de tierras a cinco aldeas guaraníes que viven un entorno de 6.084 hectáreas en la zona de Aristóbulo del Valle, en unas tierras que fueron «donadas» por Celulosa Argentina a la Universidad Nacional de La Plata, que, después de mucho litigar, aceptó la restitución a sus propietarios originarios. Hoy a las 9 se realizará un encuentro clave entre los caciques guaraníes, las autoridades provinciales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, directivos de la Universidad y abogados que llevaron a juicio a la casa de estudios.
Se trata de una extensa propiedad que Celulosa Argentina, cuando abandonó Misiones en 1991, «cedió» a la universidad de La Plata para realizar estudios en la naturaleza. Los guaraníes reclamaron desde entonces las tierras, pero recién hace poco más de un año la Universidad aceptó devolverlas.
Hace varios meses el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, junto al subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, además del jefe de Gabinete, Ricardo Escobar, encabezan las negociaciones para restituir las propiedades a sus dueños originarios. En la mañana de hoy, en un encuentro en la Jefatura de Gabinete, se avanzará en los detalles.
Además de la restitución, la Provincia pretende declarar área de reserva natural a las 6.084 hectáreas, donde viven cinco aldeas guaraníes, de las cuáles solo tres están reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ya que estaban allí desde antes del último relevamiento territorial. El Gobierno también quiere resolver la situación de 40 colonos que trabajan las tierras desde hace años y ocupan unas 200 hectáreas.
Asimismo, el intendente de Aristóbulo, Eldor Hut, reclamará 500 hectáreas para una urbanización, ya que, sostiene, cómo debe prestar servicios, el Municipio puede administrar las tierras.
Esos puntos serán puestos en discusión, pero todas las partes anticipan que habrá un acuerdo definitivo.
De concretarse, la Universidad cederá las tierras a la Agencia de Bienes del Estado, esta oficina a su vez al INAI y el organismo indígena, a la Provincia.
En las 6.400 hectáreas viven actualmente cinco comunidades, de las cuáles solo tres están reconocidas oficialmente, pero el Gobierno provincial defiende el carácter de nómades de los guaraníes para justificar su presencia. Las tres comunidades reconocidas vy Pytã, Ka’aguy Poty – la más grande-, Kapi’I Poty. Las no reconocidas son Yvytu Porá y la Kaaguy miri rupa.
«Hace seis meses que venimos discutiendo los detalles y estamos a punto de arribar al acuerdo. Pero debemos reconocer a todas las comunidades y también a los colonos que trabajan la tierra desde hace años», indicó el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta.
propicia un Acuerdo Territorial para el Desarrollo Sostenible, respetando la normativa vigente y la que en un futuro se dicte, bajo la manda del art. 41 de la constitución nacional.
Debido a la importancia de su conservación, la tierra se encuentra bajo el amparo de la Ley que establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, por haberse constituido como una reserva privada bajo la denominación “UNLP Valle del Arroyo Cuña Piru”, hallándose dentro del Corredor Verde.
Con los Parques Provinciales Salto Encantado (706 hectáreas) y Valle del Cuña Pirú (12.523 hectáreas) conforman un área de conservación de la selva paranaense de 19.300 hectáreas, estratégica para el desarrollo sostenible de la región.
El 43 por ciento de su superficie presenta pendientes superiores al 20 por ciento y debido a esa particular topografía, más del 50 por ciento del territorio es boscoso, cubriendo serranías y laderas; con un buen estado de conservación. Esta área contribuye a la protección de la cuenca del “Arroyo Cuña Pirú” y numerosos afluentes que proveen de agua potable a la región.
El abogado del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, Julio García, también confió en que se arribe a un acuerdo definitivo. El Emipa desistió de una demanda de 45 millones de pesos iniciada en 2004 contra el Estado nacional y la Universidad -pero García cobraría honorarios por cerca de diez millones- para destrabar el acuerdo.
«Están interviniendo las más altas esferas del Gobierno nacional, la Jefatura de Gabinete, Tierras y temas indígenas, el INAI, la Universidad de La Plata, cuyo rector firmó una resolución acogiéndose al planteo de la comunidad de reconocer la propiedad ancestral», indicó García.
García señaló que el Gobierno nacional quiere cerrar el acuerdo a la brevedad para reconocer a la comunidad el título, como dice la Constitución y los convenios federales.
«Estamos a la espera del acuerdo final, que le ponga el moño la provincia, son cuestiones menores que hay que salvar», agregó.
Aunque las tierras fueron afectadas por el uso en estas dos décadas, mucho del monte nativo se mantiene en pie. Si la Universidad quiere seguir realizando investigaciones, deberá firmar nuevos acuerdos con los propietarios ancestrales.
