Dirigentes y funcionarios abordarán reclamo sindical que pone en riesgo a escuelas de gestión privada de Misiones

Referentes de la educación de gestión privada en el país y la región, funcionarios y legisladores se reunirán hoy a las 8.30 en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya, en Posadas, para evaluar cursos de acción ante un reclamo promovido por un sindicato de no docentes sin presencia en Misiones, que pretende cobrar a las 212 escuelas privadas de la provincia, aportes por empleados que nunca trabajaron en dichas instituciones. La supuesta deuda supera los 9 millones de pesos y alcanza a escuelas especiales, Efas  y las que están orientadas a comunidades aborígenes.

Especialistas, dirigentes, funcionarios y legisladores  de distintos puntos del país se reunirán hoy a las 8.30 en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya, ubicado en calle Ayacucho entre La Rioja y Córdoba, para abordar un problema que por estos días pone en riesgo a la educación pública de gestión privada de la provincia, de la que depende la educación de más de cien mil misioneros, incluyendo a quienes asisten a las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), escuelas especiales y más de cien guaraníes que concurren a institutos bilingüe.

El problema surgió a partir de un reclamo impulsado por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), que pretende cobrar aportes sindicales por trabajadores que, presume, se desempeñan en funciones de limpieza y mantenimiento en las 212 escuelas públicas de función privada de la provincia. El Soeme basa sus estimaciones en una resolución de la AFIP que estableció  índices medios de trabajo para las actividades no docentes que se desarrollan en las escuelas privadas, es decir que calcula cuántos trabajadores destinados a tareas de limpieza, maestranza y administración, deberían tener en función de la cantidad de alumnos que allí concurrieran.

Basándose en esta norma, el sindicato -que no tiene presencia en Misiones- se tomó la libertad de presumir que en las escuelas de la provincia trabajan empleados no registrados y, en consecuencia, reclaman aportes sindicales impagos acumulados desde el 1 de enero de 2010. Además exigen que todas las escuelas se ajusten a lo que dice la norma e incorporen nuevo personal.

En la oportunidad se buscará definir pautas para generar herramientas legales que permitan garantizar la continuidad de las escuelas que son blanco de la presión sindical.

JRC EP