Del mazo, van apareciendo distintas cartas a cuál más dura que la anterior. Pero cerca del final de la partida, la oposición no logra encontrar un elemento de cohesión que le de el golpe de gracia a un Gobierno en retirada, en pleno fin de ciclo. Fue Nisman, fue la inflación, fue el paro por Ganancias y fueron las cuentas secretas de Máximo reveladas por otra fuente no identificable y de dudosa fortaleza.
La denuncia de Nisman se cayó por su propio peso y solo sigue dando vueltas en los despachos judiciales por la determinación de un fiscal que mostró en reiteradas oportunidades su desprecio por la presidenta Cristina Fernández. Para colmo, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia + Alemania, decidieron caerse del mundo al igual que la Argentina y cerraron un tenebroso pacto nuclear con Irán, el país al que Nisman acusó de haber pergeñado el atentado a la AMIA y al que supuestamente la Presidenta quería encubrir a cambio de un petróleo que no se puede usar en la Argentina. El G5+1 eliminarán sanciones económicas a Irán a cambio de que este país limite su desarrollo nuclear.
De pronto, el satanizado Irán negocia con las principales potencias del mundo, a las que no se les puede acusar de pactar con el terrorismo, como pretendieron aquí hacerlo analistas y opositores. En las negociaciones con Irán, Argentina intentó, sin éxito, es cierto, poder investigar a los supuestos autores del atentado a la AMIA, según la investigación que llevaba adelante Nisman. Hubiera sido un notable avance en la causa, que durante los diez años en los que estuvo a cargo del fiscal, apenas si se movió de la teoría a la práctica. Ese Memorando firmado con Irán, sirvió en cambio como excusa para que el propio Nisman acusara a la Presidenta de encubrir el atentado en una amañada denuncia que recibió severos cuestionamientos de los juristas más reconocidos del país y de la Cámara que rechazó la apelación del fiscal Moldes, que todavía insiste en sostener el relato novelesco atribuido al fiscal que apareció muerto en su baño. Los argumentos jurídicos y de la propia Cámara, valen menos, por cierto, para un sector de la prensa que no tiene demasiados problemas con la premisa de comprobar los datos antes de que sean publicados.
La operación contra el hijo de la Presidenta nació en la revista Veja, furiosa opositora de Dilma Rousseff que fracasó en impedir su reelección, pero publicadora serial de «arrepentidos» a los que mantiene en el anonimato y que alimentan todo tipo de versiones contra los gobiernos latinoamericanos que no responden al patrón conservador. Casi textual, fue reproducida en tapa por uno de los diarios que se atribuyen ser «independientes». Pero ante la ola de críticas, el propio autor de la nota tuvo que admitir que ni siquiera vio los documentos que probarían -el condicional no casualidad- lo que publicó con severidad. Veja y su espejo argentino, atribuyen las cuentas a Máximo y a la embajadora Nilda Garré y supuestamente, una de ellas fue abierta en medio de las negociaciones con Irán por el «memorando». La revista brasileña, admite, sin embargo, que «não foi possível confirmar de maneira independente a titularidade das contas«. Aquí no hubo semejante honestidad.
Como un boomerang, la acusación sobre cuentas secretas no hizo más que hacer aparecer a Máximo Kirchner y a dejar planteada la duda sobre su posible candidatura en las elecciones de octubre. Un Kirchner en la boleta, sea el hijo o la esposa, no es el mejor aliciente para una oposición que no logra articular un eje de campaña convincente cuando falta cada vez menos para elegir a un nuevo presidente.
La operación fallida terminó opacando la evaluación de un paro general que tuvo contundencia gracias al acatamiento total del sector de transporte y camioneros. La falta de un medio de transporte justamente impide determinar si la ausencia en los puestos de trabajo se debió al enojo contra el impuesto a las Ganancias o el temor a la apretada sindical. En Buenos Aires, el paro de Moyano y las centrales obreras opositoras tuvo el invaluable respaldo de la izquierda que aportó piquetes para que nadie pueda romper con la huelga. Es un raro paro en el que se reclama por el diez por ciento de los trabajadores que ganan más de quince mil pesos, con una izquierda acompañando la burocracia sindical. Crisis eran las de antes. El 90 por ciento de los trabajadores argentinos no está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias y la cuota sindical es más elevada que lo que significaría pagar el tributo. En Misiones incluso son menos.
Salvo los camioneros afiliados a la UTA, la mayoría de los empleados no tributa Ganancias. En ese gremio, que tiene ocho mil afiliados activos, el 70 por ciento paga Ganancias. Los camioneros ganan entre 24 y 28 mil pesos y el que menos gana, entre doce y trece mil. En el Estado misionero, solo el cinco por ciento de los trabajadores paga Ganancias. En la Educación, hoy tributan 1764 docentes de 26.054 que dependen del Consejo General de Educación, es decir un 6,8 por ciento del total.
Del resto del sector público, tributan 642 empleados sobre un total de 22.091 o sea 2,91 por ciento del total de trabajadores. En total, 2.406 trabajadores del Estado tributan sobre un total de 48.145 que dependen de la administración central o sea cinco por ciento de los trabajadores.
En la Justicia los empleados están, como los jueces, fuera del impuesto. En un sector clave de la economía misionera, como el forestal, ninguno de sus trabajadores está alcanzado, lo mismo que los empleados municipales. En las estaciones de servicio, donde también se hizo sentir el paro, solo quienes tienen mayor antigüedad alcanzan a pagar Ganancias.
Como se ve, escasos argumentos, más que los políticos, para justificar un paro general que ahora quiere replicarse por 36 horas. No se trata de una crisis de despidos o de recortes salariales como durante la Alianza o el peronismo de los 90 en Misiones, sino de un impuesto que deben pagar quienes están por encima en la escala salarial.
El carácter netamente político de la huelga de Moyano y Barrionuevo con el respaldo de la izquierda piquetera y el aprovechamiento de algunos candidatos, no debe soslayar que no necesariamente todo el foco debe ponerse en el Gobierno y su tozudez en subir el mínimo no imponible o directamente, eliminar el Impuesto, como prometen a tontas y locas algunos aspirantes al sillón presidencial. El mensaje del paro no está dirigido únicamente a la presidenta Cristina Fernández, sino, justamente, a quienes aspiran a sucederla.
El sindicalismo opositor sabe que el Gobierno mostró poder soportar la presión e incluso salir fortalecido de los conflictos más apremiantes. Mucho no podrán sacar con una huelga, menos cuando los argumentos son tan débiles.
En cambio, el poder de fuego a la vista de todos, es un factor de coacción que se puede aplicar con mayor fuerza ante un gobierno futuro, que, si es opositor, deberá lidiar con la promesa de eliminar impuestos, retenciones y ajustar gastos, en un delicado equilibrio con el sostenimiento de las políticas sociales, que hoy benefician a miles de argentinos de las franjas sociales menos favorecidas.
Si el Gobierno logra cuidar el modelo, le será mucho más difícil a cualquier opositor, recortar conquistas de los últimos años. Cada una de ellas necesitas recursos para ser sostenidas, lo que convierte en incompatibles las promesas de ajuste o de eliminación de impuestos y tributos. Un Estado sin recursos no puede sostener ninguna de las políticas sociales vigentes, salvo con endeudamiento, una herramienta posible, pero muy de corto plazo y con efectivos negativos inconmensurables.
Por eso, para la oposición es clave generar ya las condiciones que justifiquen un ajuste posterior que deje satisfechos a los sectores más fuertes del establishment que desprecian al kirchnerismo.
Lo cierto es que el kirchnerismo no colabora con ese escenario. La economía marcha relativamente bien, los programas sociales alimentan el consumo al igual que muchas medidas de incentivo generadas desde el propio Gobierno.
También comenzaron a revisarse las políticas de subsidios, como con el gas en garrafas, que ahora se redirigió al consumidor y no al vendedor.
El sistema es más directo y evita las especulaciones con los precios, aunque haya profundizado las desigualdades entre las familias que acceden al gas natural y las de las provincias postergadas como las de Misiones. Una familia que gane poco más de diez mil pesos -una cifra no demasiado elevada para dos profesionales que trabajen- automáticamente perderá el beneficio de la garrafa barata y pasará a pagar 97 pesos, mucho más que la cuota bimestral en Capital Federal por un consumo similar.
Diputados y senadores misioneros -oficialistas y opositores- fueron tomados por sorpresa por el anuncio presidencial. Y ahora trabajan contrarreloj para presentar alternativas que morigeren el impacto en la provincia.
Una alternativa que baraja el gobierno provincial es que el subsidio alcance a todos los misioneros ante la carencia de gas natural.
La senadora Sandra Giménez presentó un proyecto para que el precio de la garrafa se retrotraiga a 16 pesos en Misiones y el NEA por la desigualdad de ingresos. También la ampliación del padrón en el caso de las provincias que no tienen gas natural. Si no funciona, la idea de máxima es la estatización del servicio de distribución de las garrafas de 10 12 y 15 kilos. La iniciativa fue elevada al ministro de Economía, Axel Kicillof, a la secretaria de Energía, Mariana Matranga, el secretario de Comercio, Augusto Costa y Diego Bossio, de la Anses.
La postura misionera fue elaborada por instrucciones del gobernador Maurice Closs en un trabajo en conjunto entre Giménez, el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, el presidente de Electricidad de Misiones, Sergio Ferreyra, la ministra de Acción Cooperativa, Fabiola Bianco y el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Losada.
En la misma línea, el diputado nacional Luis Pastori pidió declarar al gas como un servicio público y así poder regular el precio para las zonas sin servicio por redes. El contador radical hizo notar que con precios actualizados, una familia tipo en un barrio de clase media o media alta en la Capital Federal, gasta no más de 40 pesos mensuales. Con ese monto pueden cubrir todas sus necesidades, como cocinar, bañarse o calentar el hogar en invierno. En cambio, en Misiones, una familia del mismo tipo debe pagar más del doble por diez kilos, que no alcanzan para el mismo uso que un porteño. «Es el país del gas barato para los ricos y el gas caro para los pobres», insistió.
El del gas es apenas un ejemplo del inmediato efecto de la caída de un subsidio y de cómo cualquier medida que se tome en Economía, tiene múltiples consecuencias, incluso aquellas no deseadas.
Es evidente que quienes diseñaron el redireccionamiento de los subsidios energéticos, no contemplaron o directamente desconocen la situación de Misiones, Corrientes o Chaco, algunas de las provincias que padecen el histórico atraso en la llegada del gas natural.
Pero vale como ejemplo de lo que podría suceder en el país si se cumplen las demagógicas promesas de eliminar retenciones o el impuesto a las Ganancias que en buena parte financian los programas estatales dirigidos a las personas con menos recursos.
Eso podría pasar el 11 de diciembre, si se levanta el cepo como promete Mauricio Macri o en enero de 2016, cuando «ningún trabajador» pague Ganancias, como ofrece Sergio Massa en su desesperación por recuperar la iniciativa.
Ambos candidatos se pelean por quien es el mayor crítico de Ganancias, cuando queda a las claras que no es esa la principal preocupación de los trabajadores argentinos. Hay vastos sectores del mercado laboral que están lejos del impuesto y otro no menor, sometido a la informalidad laboral que persiste a lo largo de los años producto básicamente de maniobras de evasión de empresarios y una tímida presencia del Estado.
Sin embargo, ambos aparecen con chances de pelear la presidencia en las elecciones de octubre. El poder de fuego de los medios es clave para sostener sus aspiraciones ya que ninguno tiene un despliegue territorial que le garantice votos a lo largo del país.
Las alianzas que tejieron tampoco son garantía de votos. En el caso de Massa, el Peronismo Federal que tiene a Ramón Puerta como representante en Misiones, lo quiere llevar a una interna con José Manuel De la Sota y Adolfo Rodríguez Saá para que el tigrense muestre si cuenta con los porotos suficientes para encolumnar a la tropa. Aunque lo festejan como el candidato que puede unir al peronismo no kirchnerista, lo cierto es que Puerta, Rodríguez Saá y De la Sota, entre otros, desconfían de las capacidades de conducción del ex intendente de Tigre. No es lo mismo manejar los countries del barrio que los destinos del país y los intereses de distintos sectores que lo acompañan.
En el caso de Macri, la alianza con el radicalismo perdió fuerzas pocas horas después de haberse firmado. El intendente porteño le bajó el precio a la oferta de Ernesto Sanz y dejó claro que si gana las PASO y llega a la presidencia, no habrá cogobierno ni obligación de repartir cargos. El gesto de Mauricio repercutió en las provincias, donde muchos dirigentes de la UCR desconocieron el pacto y prefieren seguir con Massa o, al revés, como el caso de Misiones, el PRO es el más reacio a una alianza en la que no necesariamente saldrán ganando.
La Convención Radical misionera avaló la alianza con el PRO y otros partidos de la oposición, al mismo tiempo que dejó en el camino a un gran sector partidario que no quiere sumarse a la campaña amarilla. Pero conseguido el respaldo para negociar, el PRO le puso freno al entusiasmo.
Alfredo Schiavoni, el candidato a gobernador del PRO, reveló que recién el lunes habrá un encuentro formal, pero que él no desiste de ir a internas para dirimir la conformación de la fórmula. “Entendemos que es lo mejor”, dijo. Lo mismo opina FE, el partido del Momo Venegas, flamante aliado del macrismo.
En la UCR no opinan lo mismo y ratifican que Gustavo González será el candidato a gobernador, con o sin alianza. Ofrecen en cambio, entregar lugares en la lista de diputados -que ya fueron repartidos en función de los votos de su interna- y conformar así a los aliados. Para eso confirmó la expulsión de los diputados Hugo Escalada y María Losada, dos opositores furiosos a la alianza con el PRO.
Ambos se oponen al giro a la derecha del radicalismo, pero el argumento de la expulsión es la «falta partidaria grave» al no acatar las decisiones de la cúpula. La expulsión de ambos legisladores derivará en un conflicto en la Legislatura, ya que la UCR reclamará las bancas y allí dependerá de cómo actúen los demás partidos.
Hay dos antecedentes de reclamos recientes. Uno terminó con la diputada Elsa Garayo expulsada, después de falsificarle la firma.
El otro fue el radical Orlando «Tony» Schuster, por haber votado a la Renovación para conducir la Legislatura. Paradojas del destino, en aquella oportunidad, el reclamo de la UCR estuvo en manos de María Losada, por entonces presidenta. La Cámara rechazó ese pedido y tomaría el mismo camino con su propia banca.
Pero más allá de lo institucional, la expulsión de Losada y Escalada atenta contra el despliegue político de la UCR, ya que ambos pertenecen a un sector que tuvo mucha fortaleza en Posadas, Puerto Rico y Oberá, distritos claves para ganar las elecciones. De hecho, en las internas, lograron vencer a la cúpula radical en ambas ciudades.
“Es un error político del radicalismo haberse aliado con el PRO, nosotros desde nuestro sector Vanguardia Radical, salimos a expresar que nos parecía un error y por esta razón expulsaron a Escalada y Losada”, dijo Osvaldo Navarro, el candidato a gobernador derrotado por la fórmula de Gustavo González y Luis Pastori.
Para Navarro la excusa de haber armado un bloque propio no es suficiente para expulsar a un legislador, ya que, recordó, el padre del actual presidente, Hernán Damiani y Gloria Llamosas -presidenta del Tribunal de Disciplina encargado de la sanción a los legisladores- hizo rancho aparte en la Legislatura y en el Concejo Deliberante. “Lo preocupante es que esta purga política se de en contextos de democracia, cuando históricamente fue asociada a regímenes totalitarios”, apuntó el cardiólogo.
Ajeno a los movimientos preelectorales en la provincia, un misionero pasó a ocupar un rol clave en el Gobierno nacional.
La salida del Chueco Mazzon, histórico operador político del peronismo, le abrió las puertas al ascenso de un dirigente de la Cámpora que hará las veces de Coordinador General de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad Presidente, uno de los funcionarios que tendrá un rol central en el armado de los acuerdos del Frente para la Victoria en las provincias.
Aunque misionero, hace muchos años que está en Buenos Aires. Seguramente tendrá en el tránsito electoral, un rol mucho más relevante y puede ser un contacto importante para las necesidades de Misiones.
