¿Cuántas personas están siendo buscadas actualmente en el país? ¿Cómo se registra la falta y cuáles son los mecanismos que se disparan para iniciar la búsqueda? ¿Existe un circuito de información eficiente que se articule a nivel nacional para hallar a la persona desaparecida? A estas preguntas intentó dar respuesta el documento “De-saparición en democracia. Informe acerca de la búsqueda de personas entre 1990 y 2013”, elaborado por la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Ministerio Público Fiscal.
Motorizados por la falta de números, por el desconocimiento de la magnitud real del fenómeno que intentan combatir –la trata de personas–, estas dos instituciones se lanzaron a bucear en las listas de desaparecidos de todo el país. Recibieron toneladas de información de algunas provincias, nada de otras, y con la mayor rigurosidad permitida por el desastre de los registros pudieron concluir que hoy en Argentina hay 6040 niñas, niños, adolescentes y adultos que están siendo buscados, desaparecidos por distintos motivos.
La región NEA presenta 417 casos, con una mayoría de mujeres desaparecidas que ronda el 67 por ciento. El mayor número de casos se acumula entre los 11 y los 16 años y el pico se registra a los 16. Misiones es la provincia que más casos aporta (129), seguida de Corrientes (129), Chaco (120) y Formosa (31).
Los datos procesados arrojaron que, del total de personas desaparecidas, un 54 por ciento está constituido por mujeres, mientras que el 46 por ciento restante lo encarnan varones. Si bien la diferencia porcentual puede parecer poco significativa, el cruzamiento de los datos del sexo de las personas desaparecidas con las edades al momento de desaparecer agrega un aspecto interesante: en el caso de las mujeres se manifiesta un marcado pico de casos en la adolescencia (de los 12 a los 18 años), mientras que en los varones se distribuye de manera más pareja a lo largo de todas las edades, aunque también se observa un incremento de casos en la juventud. “De ello podría deducirse que, si bien para ambos sexos la adolescencia y la juventud representan un período de mayor vulnerabilidad en relación con las desapariciones, en las mujeres ese período resulta aún más crítico”, concluye el informe.
No hay una sola explicación sobre por qué las mujeres desaparecen tanto entre los 12 y los 18 años, pero si se tiene en cuenta que –según datos del Ministerio Público Fiscal– el 99 por ciento de las víctimas de trata sexual son mujeres jóvenes, éste puede resultar un dato sugerente.
El informe insiste en la importancia de distinguir el subconjunto de desapariciones relacionadas con la comisión de un delito de las que no aparecen asociadas a un ilícito. De esta manera, si es posible vincular desde el principio la desaparición de una persona con un delito, se abre la intervención de instancias de la Justicia penal y la investigación con el objetivo de hallar a la persona coexiste con el objetivo de acreditar el hecho delictivo (ver aparte). La investigación confirma que hay casos en los que, pese a que tempranamente se manifiestan indicios de que la desaparición podría estar relacionada con una red de trata, se los ignora y retoma a modo de ejemplo el caso de Ramona Nicolasa Mercado, que desapareció en 2005 en La Rioja, cuando tenía 13 años. En contra de las sospechas de su familia, la causa fue caratulada rápidamente como “fuga de hogar”. Al poco tiempo fue vista en un prostíbulo de Córdoba.
ACCT y la Protex consideran además que los datos requeridos por las instituciones que reciben las denuncias por desaparición son, en general, escuetos, confusos y poco útiles para la elaboración de una hipótesis y la puesta en marcha de la búsqueda. Como un primer aporte, los investigadores proponen un formulario estandarizado que recabe información más detallada sobre la persona desaparecida y su contexto, que sirva como insumo en la búsqueda e incluso posibilite el cotejo con NN.
La creación de un sistema centralizado de información sobre desapariciones a nivel nacional surge como otra necesidad fundamental tendiente a generar investigaciones más rigurosas y profesionales. “Sin dudas, la construcción de un sistema adecuado de listas, alertas y comunicación a nivel nacional es uno de los principales desafíos pendientes que refleja este informe”, concluye el documento.
