El Ministerio Público Federal (MPF) de Francisco Beltrao inició una acción civil pública para anular la autorización de la construcción de la represa hidroeléctrica Baixo Iguaçu, a poca distancia del parque nacional Iguazú del lado brasileño, entre Capitão Leônidas Marques y Capanema, al sudoeste del estado de Paraná. La represa se construiría a poca distancia de Puerto Andresito, donde confluyen los ríos Iguazú y San Antonio.
La semana pasada el Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) autorizó el reinicio de las obras de construcción que estaban paralizadas desde junio del año pasado cuando el Tribunal Federal emitió una cautelar suspendiendo la licencia ambiental del Instituto Ambiental do Paraná (IAP). La acción del MPF fue presentada el jueves.
Según el organismo, el ICMBio autorizó el reinicio de la construcción de la represa sin que el Consorcio Emprendedor Baixo Iguaçu, ex Geração Céu Azul, responsable de la obra, cumpliera 13 condiciones impuestas por el Instituto para la autorización ambiental de la hidroeléctrica.
La posibilidad de que la usina sea instalada en el río Iguazú, próximo al Parque Nacional –que es compartido con la Argentina-, lo que podría generar riesgos a la reserva que es considerada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco). El proyecto de la hidroeléctrica prevé el anegamiento de un área de 1,3 mil hectáreas y una capacitdad de generación de energía de 350 MW.
Según el MPF, la acción pide además de la anulación inmediata de la autorización dada por el ICMBio, que el Consorcio Emprendedor Baixo Iguaçu cumpla todas las medidas establecidas por el instituto antes de insistir con la licencia ambiental de instalación.
El mayor impedimento para la construcción de la usina es su cercanía con el Parque Nacional Iguazú. Según los estudios, hay 53 posibles impactos ambientales que serán causados por la instalación u operación de la represa, de los cuáles 45 son de naturaleza negativa y 29 considerados irreversibles.
Al constatar los riesgos, el ICMBio puso 13 condiciones, que al mismo tiempo demostraron la necesidad de más estudios. Sin embargo, el propio presidente del ICMBio, Roberto Ricardo Vizentin, dio la autorización para la instalación sin que se cumpliera ninguno de los requisitos planteados.
