El médico Aldo Rubén Zelaya Berni, quien denunció a la jueza de Faltas Carolina Irigaray ante la comisión de juicio político del Concejo Deliberante, hizo una nueva presentación, en esta ocasión solicitando la suspensión de la magistrada.
En el escrito, ingresado ayer al Deliberativo, también critica a dos concejales, a los que acusa de desconocer aspectos del derecho a defensa del presunto infractor.
Zelaya Berni hizo la denuncia luego de que le denegaran el pedido de un dosaje de sangre después de que le diera positivo un test de alcoholemia en un control de tránsito de la Municipalidad.
El médico se manifestó “profundamente preocupado por las apariciones periodísticas donde en relación a la denuncia efectuada, los concejales Pablo Velásquez y Julio Vivero habrían deslizado que la abogada Irigaray ‘no se encuentra obligada a efectuar dosaje de sangre’ y/o ‘que la Ley de Tránsito no exige ningún procedimiento alternativo al que realizan los inspectores municipales’”.
“Me permito ilustrar a este cuerpo de la existencia de sendas premisas constitucionales que notoriamente son desconocidas aún cuando se trata nada menos que de un órgano legislativo:
– Todo lo que no está prohibido expresamente entonces se encuentra permitido: es decir que en aras del derecho a defensa en juicio no está expresamente prohibido el dosaje de sangre, ni una pericia al alcoholímetro ni el ofrecimiento de testigos; estos medios de prueba son constitucionales y por ende son plenamente eficaces para ejercer el sagrado derecho a defensa en juicio.
– En segundo lugar, si bien es cierto que la jueza de faltas no se encuentra obligada a hacer lugar al dosaje solicitado a los inspectores al momento del test de alcoholemia, sí está obligada a respetar el derecho a defensa en juicio tal como lo estatuye el artículo 69 de la Ley 24449”, sostuvo el denunciante en su escrito.
Según Zelaya Berni, “si no se me permite el dosaje de sangre, ni puedo efectuar una pericia al alcohómetro, no se cita a los testigos ofrecidos por mi parte a declarar, ¿cómo ejerzo el derecho constitucional de defensa’”.
“Espero un juicio justo a la abogada denunciada, sin artilugios políticos para que mengue su absoluta responsabilidad de cercenar flagrantemente el derecho a defensa en juicio de un justiciable por solo un afán recaudatorio a favor de las arcas municipales. Esto queda en evidencia cuando en el apartado segundo de la sentencia se dispone arbitrariamente ‘retener el carnet de conductor hasta que abone la multa’. Más extorsivo imposible”, remató.
La Comisión de Legislación y Enjuiciamiento, cuyo titular Julio Vivero, deberá definir si da curso al pedido de juicio político de destitución presentado por el médico.
MAS- EP
