Escribe Juan Carlos Argüello, Jefe de Redacción de Misiones On Line
“La desmedida e inusitada exposición mediática que están teniendo cada una de las pruebas fueron desnudando el curso de la investigación, y esto conduce a alejarnos de la verdad”. La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman y querellante en la causa por su muerte, advierte que “todo juicio de valor, del ámbito que provenga, en nada contribuye, sino que condiciona el trabajo de todos los jueces y fiscales en el camino por la verdad”.
La búsqueda de la verdad es el único camino válido para desenmarañar la trama de la sospechosa muerte de Nisman, horas antes de exponer en el Congreso una débil denuncia contra la presidenta Cristina Fernández y varios funcionarios por el delito de “encubrimiento” del atentado a la AMIA, ocurrido hace más de 20 años.
Durante esas dos décadas fue nulo el avance de la investigación y hay un juicio pendiente por encubrimiento que alcanza al ex juez de la causa, Juan José Galeano y al ex presidente Carlos Menem, entre otros. Varios fiscales también fueron denunciados por obstaculizar la tarea judicial. Entre ellos, hay quienes hoy promueven una marcha de “silencio” para pedir el esclarecimiento de la muerte del fiscal.
Lejos de la expresión de deseo de la ex mujer de Nisman, son los mismos, con el reflejo en los funcionarios de Gobierno, los que politizan una muerte y dejan ver que cuanto más se demore el conocimiento de la verdad, más beneficios obtienen.
Está bien que jueces y fiscales muestren sus preferencias políticas, ya que, después de todo, las tienen. Está bien que salgan a la calle. Pero el silencio es muy simbólico y, rara vez contribuye con la búsqueda de la verdad.
La sociedad quiere verdades, no silencios. Y los fiscales, como parte del Poder Judicial, son responsables de la falta de verdad en innumerables causas que corroen la credibilidad de la justicia, de la política y en última instancia, de la democracia misma. Hay causas que llamativamente nunca avanzan. Hay denuncias que difícilmente prosperan si rozan a alguien poderoso. Hay leyes que no se aplican por el amparo siempre fácil de conseguir si se tiene un juez amigo. La familia judicial es grande, pero el árbol genealógico mezcla apellidos ilustres con los de Ceos de compañías o abogados estrella de bancos, financieras o medios de comunicación.
Esa gran familia patricia goza de innumerables beneficios y el silencio es una herramienta para sostenerlos. No es raro entonces, que actúe corporativamente en sintonía con la oposición, no por la verdad sobre Nisman, ni por el esclarecimiento del atentado. Es tanto el apuro por afectar a la Presidenta –y por ende, todas las transformaciones políticas que representa- que hasta cambian procedimientos penales y el fiscal Gerardo Pollitica “imputa a la Presidenta” haciendo suya la denuncia de Nisman, con gran repercusión mediática. Pero un fiscal no imputa nada. El que lo hace es el juez, que todavía no se hizo cargo de la causa. De todos modos, a Pollitica, como a le hubiese pasado a Nisman, le será bastante difícil poder probar lo que sostiene. El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicota Corral volvió a negar que le hayan pedido levantar las alertas rojas de INTERPOL contra los iraníes y la Procuración presentó una serie de pruebas que desbaratan la acusación.
Pasaron 20 años y varios de los convocantes a la marcha del 18F, fueron denunciados por los familiares de las víctimas por enlodar la causa.
En cambio, las causas que involucran a funcionarios o “empresarios amigos” del Gobierno, avanzan raudamente, con pruebas exprés y procedimientos reñidos con la idea de imparcialidad, como los practicados por el juez Claudio Bonadío contra la firma hotelera Hotesur, propiedad de la familia presidencial. Casualmente, horas después de haber sido reprendido por la Cámara Federal por no permitir el acceso al expediente a la parte acusada, el magistrado denunció haber sido “amenazado”, con una amplia repercusión mediática y respaldos preocupados de los candidatos presidenciales.
La celeridad de Bonadío para investigar a la Presidenta contrasta con la elocuente demora de distintos jueces en hacerse cargo de la investigación por la denuncia de más de cuatro mil cuentas no declaradas en Suiza, que pertenecen a argentinos que suelen enrolarse en las campañas anti. La «amas de casa» constituyen el 27 por ciento de las titulares de cuentas abiertas por el HSBC. También aparecen estudiantes y jubilados con depósitos de 500 mil dólares en promedio. El grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, Grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes son las empresas argentinas que más fondos registraron en Suiza de un total de 3505 millones de dólares. La Argentina es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes cobijados en Suiza.
Pero una de las principales empresas con cuentas ocultas es el grupo Clarín, el que le marca la agenda a toda la oposición.
Ese grupo logra, sin demasiado esfuerzo, frenar una ley vigente, que fue discutida y enriquecida en intensos debates en todo el país y que tiene como fin último confrontar el silencio con la democratización de la palabra.
Está bien que se investigue al poder. Y en el mismo Gobierno no parecen demasiado preocupados por evitar ser investigados, lo que no equivale a decir que se dejarán atribular sin reacción.
Pero la independencia que juran defender jueces y fiscales, no debe ser únicamente de la política, sino de las corporaciones y los grupos económicos que ejercen mucha más presión que un Gobierno.
El silencio que ofrecen como eslogan de la marcha de Nisman se parece demasiado a la complicidad que se evidencia cuando hay que investigar a esos poderosos.
La marcha de la famiglia judicial es presentada como “apolítica” y en reclamo de “verdad y justicia”, algo que muchas veces el mismo Poder Judicial lejos está de ofrecer como resultado de sus tareas. Si hay impunidad, buena parte de la responsabilidad obedece a los integrantes de la Justicia.
Solo basta repasar los nombres y los antecedentes de algunos de los que convocan a la marcha del 18F. Raúl Plee y Gerardo Moldes, dos de los fiscales que impulsan la manifestación fueron acusados en 2003 por no impulsar pasos decisivos de la causa AMIA favoreciendo a quienes estaban acusados de encubrimiento y mal desempeño, como el ex juez Juan José Galeano.
El mediático Ricardo Sáenz es vicepresidente de la Asociación de Magistrados que preside el camarista Ricardo Recondo, claramente opositor al kirchnerismo. Sáenz y Recondo fueron acusados de realizar maniobras para que algunas causas caigan en determinados juzgados, donde el denunciante se sienta más cómodo. Se conoce como “forum shopping”.
Sáenz es el superior de la fiscal Viviana Fein, quien tiene a su cargo la investigación por la muerte de Nisman. Es decir, que convoca a una marcha para reclamar “justicia” en una causa que está abierta y en manos de una subordinada. Pero las “presiones”, vienen, acusan, desde el Gobierno.
Sáenz se hizo conocido fundamentalmente por haberse pronunciado a favor de la «constitucionalidad» y «validez» de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían dejado impunes a centenares de represores de la dictadura militar.
Pensar en la transparencia del fiscal José María Campagnoli es, por lo menos, ingenuo. Campagnoli estuvo envuelto en denuncias de investigación irregular a la familia Kirchner en la causa Lázaro Baez. Casi fue destituido por eso. Peor aún. Tiene denuncias por violencia institucional y abuso de poder. Se lo acusa de armar álbumes ilegales de fotos de vecinos del Barrio Mitre, en Saavedra, con los que se inducía a identificaciones en cualquier caso de robo o arrebato.
Carlos Stornelli es un brillante jurista ligado a Mauricio Macri, quien está procesado por escuchas ilegales. En 2013 imputó a la Presidenta por el “cepo al dólar”, pero la causa no avanzó por falta de elementos.
Guillermo Marijuan fue desplazado en diciembre de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, organismo encargado de asistir y colaborar con los fiscales federales del país en investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la Anses. El desplazamiento estuvo vinculado a la realización de “concursos no transparentes” dentro de su sección y a la reiterada negativa por explicar ante la Procuración General de la Nación el rumbo de los expedientes de la Unidad. Marijuan está vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa y aspira a ser elegido Procurador General de la Nación si el hombre de las mil tonadas llega a ganar. Marijuán tiene la causa por lavado de dinero del JP Morgan. Corre riesgo de prescribir. Además, el fiscal que tiene un lado mediático poco común, deberá aclarar la sospecha de que se “autoamenazó” en momentos en que acusaba a la procuradora Gils Carbó. El hombre que prometió matarlo si insistía con investigar a la Procuradora, resultó ser su amigo y padrino de una de sus hijas.
Como se puede apreciar, ni verdad, ni justicia ni transparencia parecen ser virtudes de estos “buenos muchachos” que encabezarán la marcha del 18F rodeados de políticos que juran no querer politizar la manifestación que tendrá como figura estelar a Cecilia Pando, entusiasta activista a favor de los represores de la dictadura.
Está claro que la marcha tiene el objetivo de dañar al Gobierno y en el juego de la política, tiene lógica. Pero es tramposa disfrazada de una silenciosa búsqueda de justicia.
La ofensiva corporativa coincide con un nuevo embate de los fondos buitre que ahora presionan para desacreditar a la Presidenta y los funcionarios de Gobierno que resisten el usurero método de coacción para cobrar los bonos de la deuda argentina. Pero llamativamente, esta vez los golpes parecen ser dados a tientas, como el último recurso de quien se sabe cercano a una derrota. Es curioso que ejecutivos que se hicieron multimillonarios a costa de intereses impagables que dejaron en ruinas a decenas de países, se preocupen por el patrimonio de un puñado de funcionarios, cuyas declaraciones juradas, son, además, públicas. No encontraron nada nuevo en las últimas denuncias que pasarían casi desapercibidas si no tuvieran en la propia Argentina una amplia red de contención mediática y política.
“Lo que veo es que los fondos buitres ponen una millonada de plata para el American Task Force Argentina, que los diarios opositores usan como información privilegiada y que son grupo de tareas que se dedica a hostigar a funcionarios, al país, con un comportamiento mafioso, como diciendo que yo los voy a criticar a ustedes, pero si pagan lo que les pedimos voy a dejar de criticar”, indicó el ministro de Economía Axel Kicillof. El funcionario ratificó que la Argentina no se moverá de la oferta realizada.
La estrategia de los buitres es, justamente y casi con exclusividad, presionar. Pero la fortaleza comienza a mostrar hendijas por donde se cuela la postura argentina. La justicia británica consideró que la ley inglesa se aplica en el caso del pago de los intereses de los bonos argentinos en euros emitidos bajo legislación de Reino Unido, que están congelados por el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien impide al Bank of New York Mellon (BoNY) transferir a los bonistas unos u$s 226 millones ya depositados oportunamente por la Argentina.
A partir de una demanda iniciada el año pasado por grandes fondos de inversión entre los que se encuentra el magnate George Soros, el juez de la High Court de Londres, David Richards -subrogante de Gay Newey quien llevaba el caso-, determinó que los canjes de deuda bajo ley del Reino Unido no deben verse afectados por el fallo de Griesa, al interpretar que la jurisdicción de Nueva York no puede imponerse sobre la de Londres. La Corte Inglesa rechazó el argumento de los fondos buitre, que afirmaban que el Canje 2005 y 2010 era ilegal, y que las órdenes libradas por Griesa contra el pago de los servicios de la deuda de los bonos del canje bajo la llamada cláusula pari passu le otorgaban a los fondos buitre derechos sobre los montos pagados a los Bonistas del Canje.
Aunque los argumentos sean distintos, lo cierto es que el magistrado inglés interpreta que un juez municipal no puede fallar por sobre un estado soberano distinto. Es lo mismo que plantea la Argentina.
Durante todos estos años, el país aplicó una política de desendeudamiento que permitió recuperar autonomía en la toma de decisiones y volcar recursos al pago de una enorme deuda interna, con fondos destinados a políticas sociales o de infraestructura.
Misiones inició una senda similar en 2003, desde cuando dejó de tomar deuda y decidió vivir con recursos propios. Esa política le permitió también tener libertad de movimientos y decidir el destino del dinero que se recauda. Así nacieron inéditas políticas públicas, desde la educación, la seguridad, viviendas o infraestructura. Contar con recursos propios permitió enfrentar y visibilizar flagelos históricos de la Provincia, como la pobreza que afectaba a más de la mitad de la población tras la eclosión del 2001. Un primer gran paso fue la creación del programa nutricional Hambre Cero, que ya recuperó a más de diez mil personas con algún grado de desnutrición.
El aprendizaje de estos años y la experiencia acumulada permitieron visualizar otra problemática histórica que jamás tuvo una atención trascendente. En esa línea, el gobernador Maurice Closs presentó junto a los ministros de las carteras vinculadas a lo social, el programa focalizado en los guaraníes. Tiene varios ejes centrales, como la inclusión educativa desde los cuatro años o la construcción y reparación de viviendas, además de conexiones de agua potable.
Pero el punto clave fue la decisión de universalizar la asistencia directa a los niños guaraníes de entre cero y dos años, tengan o no tengan algún grado de desnutrición. Cobrarán 250 pesos individualmente, junto a los 600 pesos que recibirán sus familias a través del incremento de las tarjetas sociales, además de incentivos para que culminen sus estudios como becas y la creación de escuelas. El objetivo es mejorar la situación social en conjunto en las familias guaraníes y evitar el clientelismo interno de la dependencia a través de tickets o funcionarios que “lleven la mercadería”. El programa que se puso en marcha cobra relevancia en un contexto en el que otras provincias tienen serios problemas con el núcleo duro de la pobreza, que es mucho más difícil de erradicar. Aquí también existe pobreza, pero a través del plan Hambre Cero, la mayoría de los casos está identificado o, en última instancia, tiene dónde recurrir.
Para poder hacer funcionar este tipo de programas sociales es fundamental contar con los recursos y esos no caen del cielo. El desendeudamiento ha sido una herramienta de transformación para Misiones y una clave para estas políticas.
Es un logro que trasciende la gestión actual e impactará en las futuras generaciones.
La oposición, en cambio prefiere seguir desconociendo cualquier logro. El radical Gustavo González, aspirante a la gobernación, dijo que existe una deuda “oculta”, basado en datos que no coinciden con los que aparecen en el Presupuesto. Ante la contundencia de la respuesta del secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, quien directamente aseguró que el joven eldoradense no está capacitado para gobernar, González recibió el tibio respaldo de su compañero de fórmula, el contador Luis Pastori, quien acusó al Gobierno de no generar “confianza”, aunque admitió que “fue la década de mayor recaudación de la historia”. Para el radicalismo, la fórmula a seguir es Corrientes, una provincia que tiene una política fiscal permisiva para con las grandes industrias, pero que, paradójicamente, sigue teniendo severos problemas estructurales.
El Gobierno provincial no quiere acelerar tiempos políticos ni discusiones con la oposición. La gestión ocupa el primer plano del gobernador Maurice Closs y el vice, Hugo Passalacqua, que está recorriendo la provincia de punta a punta.
