Caso Nisman: nueve fiscales pidieron investigar al espía misionero Allan Bogado

Firmaron ayer una denuncia para que se investigue lo que dijo el líder de Quebracho, Fernando Esteche. La causa, en manos de Oyarbide.

Nueve fiscales federales denunciaron ayer al supuesto espía misionero Ramón «Allan» Héctor Bogado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, usurpación de autoridad y cohecho.

Bogado no es un personaje más en la trama del caso de la muerte de Alberto Nisman. El fallecido fiscal nombró en su denuncia a «Ramón Allan Héctor Bogado» como el supuesto contacto informal con los iraníes.

El supuesto espía está acusado de ser el agente de la exSIDE que era el contacto paralelo entre el Gobierno y el hombre de confianza de Teherán en Buenos Aires, Jorge «Yussuf» Khalil, que a su vez figura en las escuchas con el piquetero Luis D’Elía.

Los fiscales firmantes fueron Carlos Rivolo, Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán, Jorge Di Lello, Eduardo Taiano, Patricio Evers, Ramiro González y Germán Moldes. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, según informó el diario Clarín.

Los procuradores basaron su denuncia en las declaraciones del líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, quien aseguró que conoció a Bogado en la Casa Rosada. Según detalló el militante el supuesto espía fue presentado bajo el nombre de “Christian Vázquez o Chirstian Oraz”, como un operador externo en funciones de interlocutor del Gobierno nacional, en una de las reuniones que mantuvo por discutir acerca de la condena que tenía por varias causas judiciales, por su implicación con varios episodios violentos llevados a cabo por Quebracho.

«De comprobarse en la investigación a realizarse la ocurrencia de tales encuentros o entrevistas que se habrían concretado entre un imputado en una causa penal con funcionarios de la Jefatura de Gabinete de la Nación y personas que, ajenas a dicha administración pública, la representaban para negociar los alcances de un acto jurisdiccional de otro Poder –el Judicial– nos encontraríamos ante la posible comisión de delitos», dice la denuncia.

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