Novelas veraniegas

Si fuera la trama de una novela de espionaje, sería atrapante. Pero como esos libros baratos que se pueden comprar en los puestos de diario, el argumento sería muy difícil de sostener cuando se recorran sus páginas. Sirve para lectura de verano. Pasajera. Si no fuera de tal gravedad institucional, esa puede ser la descripción de la denuncia que lanzó el fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman, quien acusó, sorpresivamente, a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman y a los piqueteros Luis D’Elia y Fernando Esteche, de Quebracho, de “conspiración” para encubrir a los iraníes como supuestos autores del atentado que dejó 85 muertos hace más de 20 años.

La denuncia, mediática y cuestionada por el juez de la causa Amia, Rodolfo Canicoba Corral, sorprende porque ha sido este Gobierno el que más hizo por mover la causa y nunca dejó de apuntar a los iraníes como presuntos responsables de la voladura de la sede social israelí. La investigación, en cambio, no ha avanzado prácticamente nada en las dos décadas que pasaron, más allá de las teorías impulsadas básicamente por los servicios secretos de Estados Unidos e Israel que apuntaron exclusivamente al Estado iraní como responsable.

La jueza Servini de Cubría, a la que no puede acusársele de ser kirchnerista, rechazó habilitar la feria judicial para tratar tamaña denuncia por una simple razón: «No se han acompañado los elementos probatorios que sustenten sus solicitudes». No quiere decir que no las haya, pero llama la atención que atento a la gravedad institucional de la denuncia, el fiscal no haya tenido tiempo  para adjuntar las pruebas, que promete presentar en una reunión en el Congreso, con los diputados opositores como principales espectadores.

Varias preguntas caben sobre la grave acusación del fiscal acostumbrado a pedir directivas y a disculparse en la embajada de Estados Unidos. Lo primero es saber cómo obtuvo los datos de su investigación, paralela a la oficial y no autorizada por el juez. Los tramos de las escuchas telefónicas que ofreció como primera prueba, según el juez Canicoba Corral, no fueron autorizadas por él.

Por el contrario, el juez advirtió que probablemente en su raid mediático, el fiscal haya arruinado pruebas como las escuchas al iraní Jorge Khalil, cuyos teléfonos ya no podrá ser intervenidos.

Para el magistrado, la conducta del fiscal al revelar cuestiones de la investigación en los medios y no en la sede judicial, está cercana a lo “delictual”.

Otros juristas además advierten que Nisman pasó por alto el derecho a defensa, el principio de inocencia y la seguridad nacional, lo que compromete la seriedad de la causa AMIA pero también lo expone a ser acusado penalmente.

Lo cierto es que Nisman, en medio de una embestida política de un sector de la Justicia en contra del Gobierno, acusa directamente a la Presidenta de pretender desviar la investigación de una causa que prácticamente no ha cambiado de rumbo en los últimos años y que no ha mostrado ningún avance concreto.

El fiscal Nisman sostiene que la Presidenta pretendía anular las alertas rojas sobre los presuntos terroristas, algo que ni siquiera el memorando con Irán modificó, ya que el Gobierno le ratificó a la Interpol que dichas alertas son responsabilidad exclusiva del juez de la causa.

El propio ex secretario general de Interpol desde 2000 a 2014, Ronald K. Noble, también desmintió a Nisman y destacó el compromiso del gobierno argentino de mantener las circulares rojas que impiden a los sospechosos del atentado a la AMIA salir de Irán sin ser detenidos.

En un correo enviado al canciller Héctor Timerman subrayó el motivo de su mensaje: «Escribo para dejar en claro su posición y la del gobierno argentino en relación con las notificaciones rojas de Interpol emitidas con relación al atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que mató a 85 personas e hirió a cientos más».

“Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que hablamos y nos vimos por las notificaciones rojas, usted indicó que Interpol debía mantener en vigor las notificaciones; su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes”, recordó Noble en el correo y enumeró, en un texto detallado, los distintos encuentros que mantuvieron a lo largo de los últimos años.

Los sospechosos del ataque terrorista a la AMIA sobre quienes pesan estas circulares rojas son Mohsen Rabbani (quien era Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires), Ali Fallahijan (ex ministro de Inteligencia), Mohsen Rezai (comandante de la Guardia Revolucionaria iraní), Ahmad Reza Asghari (tercer secretario de la embajada en Buenos Aires) y Ahmad Vahidi (ex ministro de Defensa). Otros acusados tienen pedido de captura internacional: Ali Rafsanjan (ex presidente iraní), Hadi Solempaipour (ex embajador en Buenos Aires) y Alí Akbar Velayati (ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán).

El ex diputado Jorge Yoma, que como diputado del Frente para la Victoria votó en contra del pacto, sostuvo que “el acuerdo con Irán por la causa AMIA fue una gansada más de la política exterior del Gobierno, pero calificar como delito es otra gansada”.

Además, el riojano sostuvo que “un acuerdo con otro país, ratificado por el Parlamento, es un acto de gobierno correcto o no, pero no constituye materia judiciable”.

Los familiares de las víctimas del atentado se mostraron escépticas sobre el alcance de la denuncia del fiscal y algunos fueron más allá y desconfiaron de sus motivaciones. Las entidades como la DAIA o la AMIA se reunieron de urgencia, pero no se expidieron formalmente sobre la acusación. “Me causó estupor porque no es una denuncia cualquiera, sino a la misma Presidenta. Lo más seguro es que la DAIA se presente como querellante en esta nueva causa para acceder a toda la información”, reveló un integrante de la comunidad israelita misionera que sigue de cerca las decisiones que toma la DAIA. Pero lo cierto es que los familiares no accedieron a las pruebas de la nueva acusación, distantes desde hace tiempo del accionar del fiscal.

En diciembre, una delegación de periodistas latinoamericanos viajó a Israel a un seminario. Allí uno de los voceros del canciller israelí Avigdor Lieberman, señaló que el atentando fue perpetrado por Irán con una vinculación interna, por lo que se esperaba que el fiscal y el juez indaguen entre otros a Carlos Menem, Carlos Corach y el entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorregui. Aunque dijo que la conexión local no involucraba a judíos, deslizó que Rubén Beraja “algo debía saber”.

Pero además del racconto histórico, el funcionario destacó la “actitud de Néstor y Cristina que reabrieron la causa y que permitieron su profundización para el esclarecimiento del atentando”.

Otro elemento llamativo de la acusación de Nisman es cómo si supuestamente el pacto de impunidad fue gestado dos años antes del polémico memorando con Irán, recién ahora hace la denuncia. Se supone que como funcionario público, debe denunciar inmediatamente cuando advierte la existencia de un delito. Pasaron cuatro años según los datos del propio denunciante.

Nisman jura que el pacto de impunidad con Irán obedece a la necesidad de intercambiar petróleo por granos argentinos. Eso jamás ocurrió.

El fiscal no negó nunca sus serviles intercambios y pedidos de disculpas con la embajada de Estados Unidos ni con el servicio secreto de Israel. Tampoco que su fuente principal al espía Antonio “Jaime” Stiusso, eyectado de la SIDE que integró durante más de 30 años. Afuera el espía, su fuente de información parece agotada. ¿Casualidad entonces el momento elegido para la denuncia?

Para la oposición, casi no hay dudas que las acusaciones del fiscal son la verdad revelada, un elemento más para acorralar al Gobierno. Por eso se presentarán todos mañana a la reunión donde supuestamente habrá más revelaciones. «El gobierno pactó en forma espuria y en secreto con Irán y, por medio de las acusaciones del fiscal Nisman, nos enteramos que lo hicieron para liberar a los sospechosos iraníes de la captura internacional a cambio del petróleo que les falta por la debacle energética», advirtió el titular de la UCR y precandidato presidencial, Ernesto Sanz. «Estamos frente a un escándalo que dejará chiquito al de la venta de armas a Ecuador durante el menemismo», advirtió  Sanz. Como bien admite, la oposición parece no estar demasiado al día con la información, ya que los sospechosos iraníes siguen bajo el alerta rojo de INTERPOL y, como se expresa más arriba, el petróleo iraní nunca llegó a la Argentina.

Poco importa en realidad. La denuncia del fiscal sirve en estos momentos para convertirse en la novela del verano. Su sola existencia pone un manto de sospecha sobre la Presidenta y el rumbo de la política exterior. Si las bases son sólidas o no, poco importa. Los tiempos de la Justicia, usualmente lentos –del atentado pasaron 20 años- servirán para mantener la lupa sobre el Gobierno. Para la oposición es una buena noticia, ya que hasta ahora, la centralidad de la política estaba en manos de la Presidenta.

Un alivio en realidad, justo en momentos en que Sergio Massa se ve incómodo en las encuestas y que Mauricio Macri tiene mucho trabajo en poder ordenar la tropa en el municipio donde gobierna. En el Faunen «no se sabe para dónde patear», según describió Julio Cobos, a quien quieren en una fórmula con el galán socialista Hermes Binner, quien se muestra en la playa con una empleada pública de Santa Fe a la que dobla en edad, pero no paga la cuota alimentaria a su hijo, según denunció su ex pareja, Silvana Codina.

En el Gobierno nacional esperan que el temporal cese si las pruebas que Nisman dice tener demuestran inconsistencia. Es que el último tramo del año es fundamental para sostener las expectativas de continuidad política. Después de cerrar un 2014 “moderado”, la entrada al 2015 venía con tranquilidad.

En Misiones coinciden en que la gestión es vital para lograr la continuidad política. El gobernador Maurice Closs no paró durante la primera quincena de enero y después de firmar con la Nación el nuevo congelamiento de las tarifas eléctricas, anunció un plan de acción inmediato que tiene varias aristas, de las que sobresale el programa focalizado para la atención a los guaraníes.

Coordinado por los ministros de Derechos Humanos, Salud y Desarrollo Social, el programa trabajará de manera integral aspectos vinculados con la salud, la educación, la alimentación y los derechos sociales. Uno de los primeros objetivos será que los menores mbyá comiencen a ingresar a la escuela desde los cuatro años, como establece la ley nacional. Hay entre 20 y 25 aldeas que tienen escuelas en sus comunidades con las que no habría inconvenientes, pero hay que trabajar para que todas estén en condiciones.
Asimismo, se fortalecerá el programa nutricional Hambre Cero para las comunidades guaraníes y se incluirá a los chicos con Riesgo de Bajo Peso.

Closs también anunció que Misiones será la sede de una unidad regional de la Gendarmería nacional. Así la provincia dejará de depender operacionalmente de Rosario, en Santa Fe y pasará a ser cabecera de la región Mesopotamia, con Corrientes y Chaco. Además, se gestiona la llegada de un destacamento móvil con 700 hombres, lo que tendrá un impacto directo en las políticas de seguridad en la frontera, un poco desguarnecidas con el envío de efectivos a Buenos Aires para atender la inseguridad.

En medio, el Gobierno comenzó las negociaciones salariales con los gremios docentes. Como siempre, las expectativas iniciales de los educadores son elevadas, como mecanismo para negociar mejor. Pero la idea que manejan en el Ejecutivo es que por lo menos para la primera mitad del año, el incremento ronde el 20 por ciento, acorde a las expectativas inflacionarias de los últimos meses.

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