La especialista en Derecho Ambiental, Nancy Tognola, directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal (IDAFFE) de Misiones y coordinadora de la Diplomatura en Derecho y Gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANP) por la Universidad Católica de Santa Fe y la Fundación Reservas de las Misiones, se refirió a la evolución de la valoración de los bosques en el país y los “vacíos” jurídicos que existen en la actualidad frente a la exigencia de una gestión responsable, desde lo publico y privado, para alcanzar modelos de desarrollo sostenibles en lo económico, social y ambiental.
La especialista sostuvo que “hay una orfandad sobre las ANP en todo lo que implica la tutela del derecho hacia la materia forestal, hay una deuda del Derecho con el sector forestal y toda la cadena de la foresto-industria en el país, como también de la sociedad argentina con los bosques nativos”, aseveró.
En su charla, recordó la historia forestal del país y consideró que “gran parte del olvido que existe hoy, se origina en el modelo de desarrollo de la Argentina que inició décadas atrás, que estuvo basado en la actividad agropecuaria. Esa elección del país, marcó el olvido. El desarrollo agropecuario se dio en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, provincias donde no estaban los bosques, como Misiones, Chaco, Formosa y la Patagonia”, precisó Tognola.
La conclusión final de la especialista fue que “la realidad nos muestra que en la Argentina aún no hay herramientas jurídicas, no hay quien investigue ni quien estudie el derecho forestal en el país; hay un abandono desde el ámbito del Derecho y de la misma sociedad sobre los bosques nativos y las ANP”.
En este sentido, destacó el aporte que desde Misiones se realiza para fortalecer la legislación forestal y ambiental que hoy están vigentes o creando nuevas normas que atiendan las particularidades de la actividad forestal, “pero que aún no se cumplen debidamente”, admitió, a la vez que agregó que “la provincia tiene aún la posibilidad de liderar el desarrollo del Derecho Forestal a nivel nacional”.
Para Tognola, este contexto “tiene que tener una consideración especial a una circunstancia que se da en la Argentina, que es el olvido del derecho de todo lo relacionado al bosque nativo y a todo lo que integra el derecho forestal. Al ser las Áreas Naturales Protegidas un contenido del Derecho Forestal, planteamos que existe una orfandad en lo que implica la tutela del bosque, hay una deuda del derecho hacia la materia forestal, y este olvido es el que siempre planteamos en ámbitos públicos y privados, tanto provinciales, nacionales e internacionales”, remarcó.
Frente a esta demanda, surge incluso la creación del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal, en su momento, el cual preside la especialista desde hace varios años en Misiones.
“Avanzar en esta materia es un desafío bastante difícil, como también cuando se plantea la tutela de la biodiversidad biológica. Los instrumentos jurídicos son descuidados en este sector, es un aspecto que no esta resuelto, por lo tanto, quienes estamos más cercanos a la actividad –como se da en la provincia de Misiones- somos los que, tenemos el compromiso y la responsabilidad de cambiar esto, de hacer algo, porque no lo harán desde la Nación, ya no conocen nuestra realidad con la Selva Paranaense ni con la importancia de la actividad foresto-industrial”, advirtió.
Nuevo escenario, nuevo marco legal
Tognola es referente nacional e internacional en Derecho Forestal de la Argentina, desde hace varios años esta abocada a investigar desde el sector privado, público y académico el régimen jurídico vigente y las problemáticas en su aplicación para el sector de los bosques cultivados, bosques nativos y las ANP. “Se necesita de una actualización para hacer eficiente este régimen en la actualidad, hay vacíos que deben ser atendidos, hubieron avances en leyes que regularon aspectos de la actividad foresto-industrial (Ley N°25.080 y N°25.509 ) y sobre la protección de los bosques nativos (Ley N°26.331 y N°26.815), pero también hay materias pendientes para mejorar su aplicación, fundamentalmente cuando se plantea el Derecho como herramienta para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales que prestan los bosques naturales”, explicó.
Consideró que “el aporte que debe hacerse, estaría sobre la base que este régimen jurídico de la diversidad biológica y derecho forestal, se encuentra sobre la base del Derecho Ambiental. Por ello, en adelante el desafío es focalizar el aporte que el Derecho Forestal debería hacer a las ANP. Ya que el objetivo de alcanzar el desarrollo sustentable y, por otro lado, las herramientas que nos da el Derecho Ambiental, es lo que realmente dan eficacia al derecho forestal. Siempre recurriremos a un amparo ambiental cuando se trate de la pérdida de la biodiversidad biológica”, precisó.
La especialista sostuvo que “la Diplomatura en Derecho y Gestión de ANP dictada este año en Puerto Iguazú, surge de la conclusión de que no se tiene un real y eficiente régimen jurídico de ANP en el país. Justamente, el objetivo fue por un lado brindar conocimiento jurídico de lo que existe, y por otro lado, buscamos también recibir conocimiento de los asistentes al curso, que están vinculados a las ANP, para conocer sus realidades y así generar nuevos conocimientos. Tenemos expectativas que los mayores aportes para enriquecer conocimientos estarán reflejados en las monografías que presentarán en julio próximo, donde se analizarán las superposiciones legales, los vacíos existentes o se expondrán cuáles son las herramientas necesarias a generar desde los jurídico o desde una aplicación eficiente”, dijo.
“En la actualidad, cuando se habla del Derecho Forestal se asocia con la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (N°26.331), y allí se agota, cuando en realidad la tutela de bosques nativos tiene que ver con otros instrumentos, con todo un sistema de protección ambiental, que incluye también la Ley 25.080 (de Inversiones para Bosques Cultivados) y toda la cadena de la foresto-industria, entre otras. Es un régimen muy rico y amplio, donde se presentan además cumplimientos voluntarios del sector privado como la Certificación Forestal (FSC). Todo este contenido debe ser analizado, y nos obliga a reflexionar sobre el valor relacionado a las ANP”, consideró.
“La buena noticia es que desde 2007 se identifican señales del Estado y de la sociedad que muestran una preocupación por generar nuevos instrumentos jurídicos”, concluyó la directora del IDAFFE.
Por Patricia Escobar
