Ernesto Geuna, ex jefe de Policía de Entre Ríos, declaró en el juicio escrito por delitos de lesa humanidad y confirmó oficialmente que el periodista de FM Show, Carlos Carvallo, era un integrante de un grupo de tareas durante la dictadura. De esta forma, le dio solidez a la denuncia de Manuel Ramat, una de las víctimas que reconoció a Carvallo como uno de sus torturadores. El periodista sigue prófugo de la Justicia desde la semana pasada. Se escapó incluso antes de que se conociera la orden de detención librada por el juez Leandro Ríos, de Paraná, quien tiene a su cargo la causa Paraná y de ella, un desprendimiento, por torturas en una comisaría conocida como El Brete.
La Policía de Entre Ríos, como ocurrió en todas las provincias, estaba subordinada ya en 1975 al control de las fuerzas armadas, y desde ese lugar desempeñó un rol activo y central en los operativos de secuestro de personas durante la represión ilegal. El secuestro, torturas y homicidio de Ramón Héctor Pichón Sánchez, en abril de 1975, fue ejecutado por una patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía; y apenas los militares asaltaron el poder esa estructura se abocó al plan sistemático de represión.
En el reparto que se dieron los militares, Entre Ríos estaba gobernada por un brigadier de la Fuerza Aérea, Rubén Di Bello, aunque quien detentaba efectivamente el poder en la provincia era Juan Carlos Trimarco, un coronel del Ejército. Trimarco coordinaba las acciones y tenía bajo su comando a todas las fuerzas de represión, es decir, si bien había distintos grupos de tareas, la preponderancia estaba bajo su mando.
En ese esquema, había grupos policiales que oficiaban de nexo con los militares. Fueron ellos quienes, antes del golpe, realizaron las tareas de inteligencia sobre la población, con la excusa del combate contra la subversión.
Los grupos de tareas realizaban los operativos de secuestro de personas, eran los encargados de conducir a los detenidos hasta centros clandestinos dispuestos en unidades militares u otros sitios especialmente acondicionados para su alojamiento en forma ilegal y, en algunos casos, también realizaban los primeros interrogatorios bajos torturas, algunas veces para obtener datos de otras personas y otras, simplemente por sádico placer, según lo han referido los mismos sobrevivientes.
La Dirección de Investigaciones de la Policía ocupó un rol fundamental en el esquema represivo.
Se calcula que alrededor de veinte policías –con mayor o menor protagonismo– habrían participado activamente en secuestros y torturas de militantes políticos, gremiales o estudiantiles en lugares como las comisarías de El Brete, Bajada Grande, Investigaciones y la Segunda.
Sin embargo, los únicos involucrados en la megacausa Área Paraná son aquellos que aparecen mencionados por hechos ocurridos en Diamante: Luis Francisco Armocida, Daniel Manuel Rodríguez (ambos fallecidos) y Carlos Horacio Zapata. Recién ahora se suma el nombre del prófugo misionero Carlos Luis Carvallo.
¿Y qué hay de Ernesto Geuna y Carlos Militello, que declararon ayer?
Poco y nada
Geuna y Militello se desempeñaban en la Dirección de Investigaciones en los primeros años de la dictadura, pero apuntaron sus cañones contra una estructura que denominaron “Informaciones”. En una distinción de tareas, limitaron su trabajo a la pesquisa de hechos delictivos y elaboración de informes sumarios. En cambio, no pudieron precisar qué tareas realizaba el personal de “Informaciones”, aunque Geuna ensayó como respuesta que “trabajarían en lo político, como se trabajó siempre (sic)”.
De sus dichos sería imposible reconstruir el engranaje represivo. Más aun, Geuna parece haberse enterado de la represión ilegal por los medios. Resultó vergonzoso que alguien que fue dos veces jefe de Policía no pudiera decir la fecha del golpe de Estado: “No me acuerdo bien la fecha… estoy hablando del golpe largo… año 1973, 1974, póngale más…”, dijo sin ponerse colorado. Y en línea con el olvido del dato histórico, tampoco recordó que se registraran cambios en la forma de trabajo a partir del 24 de marzo de 1976.
A tal punto que llegó el absurdo que ambos dijeron no haberse enterado de la presencia de detenidos políticos en la Dirección de Investigaciones, en calle Buenos Aires 355 y 371, donde hoy se encuentra el Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”, a pesar de las decenas de testimonios de sobrevivientes que dijeron haber pasado por ese lugar antes de ser trasladados a los cuarteles.
En su declaración, Geuna señaló a Álbaro Hugo Roldán como quien estaba a cargo de esa estructura que denominaron “Informaciones”, mientras que Militello mencionó a Juan Carlos Alberto Rodríguez como el encargado de esa repartición. Como integrantes de ese grupo aportaron los nombres de Carlos Alsugaray (denunciado como el secuestrador de PichónSánchez), Carlos Carvallo, otros policías de apellidos Espinoza y Godoy. Dieron también los nombres de Jacinto José Escobar y José Domingo Gianotti, aunque extrañamente no los señalaron como director y subdirector de Investigaciones, cargos en los que fueron designados a partir de diciembre de 1976, sino como miembros de esa área en el organigrama policial.
Geuna le dedicó un párrafo especial a Carvallo, a quien dijo haber instruido cuando era cadete en la Escuela de Policía: “Lo vi trabajar en inteligencia, pero después se fue a la Secretaría de Inteligencia del Estado, no se quedó en la Policía”, dijo. De hecho, el nombre de Carvallo aparece en el listado del personal civil de inteligencia del Batallón 601. Sobre Carvallo abundó: «La gente de Inteligencia se reunía semanalmente o quincenalmente en el Comando del Ejército. De esos encuentros participaba un representante de cada fuerza. Ahí se analizaban los temas tratados y los que se iban a tratar”, señaló.
Lo que no deja de llamar la atención, sin embargo, es la mención de Roldán. Había sido subjefe de la Policía durante el gobierno de Enrique Tomás Cresto y el encargado de diagramar el denominado Comando Paraná –el brazo local de la Triple A– para perseguir a militantes políticos enrolados en la izquierda peronista. Su salida fue dispuesta por Trimarco el 2 de abril, una semana después del golpe.
–Señor inspector, le aceptamos la renuncia al cargo, porque se van a hacer varias modificaciones. Además le comunico otra novedad: queda detenido, por disposición del gobernador Trimarco –le dijo el ministro de Gobierno, Justicia y Educación de la dictadura, coronel Jorge Argentino Franco, en el despacho del jefe de Policía.
Tampoco recordaron ese episodio.
Sí mencionaron una supuesta rivalidad entre “Investigaciones” e “Informaciones”: “Nosotros no teníamos acceso y tampoco nos llevábamos muy bien profesionalmente con los de Informaciones”, dijo Militello, un ex policía que fue separado de la fuerza en 1988, cuando quedó involucrado en hechos de compra y venta de autos mellizos y que después también apareció mencionado en otros resonantes casos policiales.
En definitiva, poco fue lo que aportaron.
Siguen detenidos
Con el juicio escrito transitando sus últimos pasos, el juez federal Leandro Ríos ordenó hace unos días la prórroga por un año más de la prisión preventiva para los ocho represores imputados en la denominada megacausa Área Paraná.
De esta forma, el ex militar y abogado Jorge Humberto Appiani y el ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte continuarán alojados en la cárcel de Paraná; mientras que los ex militares José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el policía provincial Carlos Horacio Zapata; y el médico Hugo Mario Moyano permanecerán bajo arresto domiciliario.
El magistrado dispuso además que los represores Luis Francisco Armocida y Ramón Genaro Díaz Bessone sean sometidos nuevamente a pericias médicas “a fin de determinar si persisten las condiciones de salud que motivaran la suspensión del proceso” por incapacidad mental sobreviniente.
Díaz Bessone, ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, tiene 89 años y está imputado por secuestros y torturas contra 44 víctimas, tres de ellos desaparecidos, y por un homicidio. Armocida, ex policía provincial, tiene 80 años y está acusado por el secuestro y torturas de seis personas. Ambos fueron separados del proceso por razones de salud.
Fuente: El Diario.
