Histórica regularización de tierras para casi 500 familias en Pozo Azul

El 17 de octubre de 2014, a catorce años y un mes, del inicio las luchas por las tierras que ocupaban irregularmente, muchos con verdaderas historias de vida en esos territorios, cientos de familias recibieron sus boletos de compra- venta.
Encabezado por el gobernador Maurice Closs, el acto de Pozo Azul, en San Pedro, marca un verdadero punto de inflexión en lo concerniente a la regularización de las tierras. Medio millar de familias se convirtieron en propietarias y el mandatario anunció además la intención de crear el municipio de Pozo Azul, para que los habitantes del lugar tengan una gestión administrativa propia.

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El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional entregó 464 Boletos de Compra Venta que involucran 3.903,94 hectáreas. La subsecretaría de Tierras hizo lo propio con 26 títulos de propiedad que titularizan 593 hectáreas de tierras fiscales rurales y 5.800 metros cuadrados de tierras fiscales urbanas. También se entregaron 35 constancias de ocupación -en 107 hectáreas de la ex propiedad de Aciero y plano de mensura de la propiedad de María Cecilia Soldano 380 hectáreas en 72 lotes en el paraje Puerto Argentino II.
Es la culminación de una etapa signada por las luchas reivindicativas de las tierras ocupadas por algunos históricos referentes territoriales, genuinos pobladores del lugar como Esther Domínguez, Vilmar Vaz, Lionel Enríquez, Juanita González, Pocho Agüero Roberto Méndez, entre otros.

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En Misiones y en particular en esta región, las ocupaciones de tierras privadas son paulatinas, silenciosas, llevadas a cabo de manera espontánea e individual por agricultores o peones rurales que no tenían otro modo de subsistir.
Fue en la década de los ’90 que se intensificaron estos los procesos de ocupación territorial de grandes propiedades privadas, ante un Estado ausente, ante la poca disponibilidad de tierras fiscales, el agotamiento de un modelo de aprovechamiento extractivo del bosque nativo, el empobrecimiento de los suelos -en algunas zonas del centro, fundamentalmente sobre la cuenca del río Uruguay-, y el proceso de concentración de tierras a favor de grandes y medianos propietarios dedicadas a la actividad foresto-industrial.
El Censo de ocupantes de tierras realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Universidad Nacional de Misiones en 2003 , subsidiado por el Gobierno Provincial a cargo de Carlos Rovira, fue también un hecho de profunda significación, porque reveló la existencia de 10 grandes propiedades que totalizaban unas 104.000 hectáreas de las cuales 59.500 estarían con problemas de ocupación ilegal, involucrando a unas 1.648 familias en los departamentos General Manuel Belgrano y San Pedro.

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Un caso emblemático de ocupación irregular de grandes extensiones es el de Pozo Azul, donde están involucradas las propiedades de Puente Alto SA, Colonizadora Misionera SA y Maderas Nativas SRL las que territorialmente abarcan unas 65.578 hectáreas.
Estas propiedades estaban y están dedicadas al aprovechamiento extractivo del bosque nativo.
El proceso de ocupación territorial se inicia a comienzos de los 90 y se va consolidando y acrecentando a mediados de esa década, sin que, en esos años, se visualizara desde el gobierno provincial, la complejidad, ni atendiera los reclamos sociales que se empezaban producir.
Es por ello que a comienzos de la década pasada, se inicia una lucha fuerte de reivindicación social por parte de los ocupantes irregulares , que tiene sus inicios a finales de los 90 y se hizo fuerte en 2.000, cuando el 17 de septiembre se celebró el jubileo de la tierra. Ese movimiento propició a finales de 2.004, la sanción de la Ley de “Arraigo y Colonización”.

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Los autores de la iniciativa fueron el diputado Edgardo “Chichin” Aquino, hoy intendente de Bernardo de Irigoyen, y Edmundo Soria Vieta, hoy ministro de Derechos Humanos. Pero la primera ley sancionada, fue observada porque expropiaba la terminal de Pozo Azul, una estación de servicios, aserraderos y hasta un complejo eco turístico.
Corregidas las anomalías, la ley declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación parcial unas siete propiedades -14 lotes catastrales que cubren unas 69.737,311 hectáreas distribuidas en Bernardo de Irigoyen, San Pedro y San Vicente e involucrando, en esa oportunidad, a aproximadamente unas 1.030 familias.
El total de las propiedades que se expropiaron parcialmente son cinco (el 71,42% de las propiedades involucradas en la ley) y comprende una superficie que rondaría las 41.018.20 hectáreas (el 58,82 % de la superficie total involucrada en todo el proceso).

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Por decisión del gobernador Maurice Closs, se toma posesión de estas tierras el 3 de mayo de 2.013. Ese día se tomó posesión de las superficies expropiadas en las propiedades de: Colonizadora Misionera SA, Maderas Nativas SRL y Puente Alto SA. La totalidad de la superficie: 38.000 hectáreas para lo cual se hizo un depósito judicial (en tres Juzgados) de 23.000.000 de pesos.
Posteriormente, y a efectos de hacer más eficaz, rapido y dinámico el proceso de regularización dominal en este territorio, es que decide mandar a la legislatura un proyecto de ley para que estos inmuebles fueran transferidos al Iprodha para su administración y posterior adjudicación.

 

Resolver la historia

Closs sostuvo que para comprender la situación actual de la tierra en Misiones, hay que remontarse a finales del siglo antepasado cuando “esto queda muy lejano del país central”, de Buenos Aires.
“En esos tiempos, y ha sido una constante, esto que era tan, tan lejano, que era selva pura, que habían pasado años de lo que había sido la epopeya jesuítico guaraní, se repartió en grandes tierras, en enormes cantidades de tierras que iban de la costa del Paraná a la costa del Uruguay, hasta donde fuera, según las latitudes de la provincia. Durante muchos años cada una de estas tierras, de estas familias que lejos estaban de vivir en Misiones, vivían de la yerba, de tiempos silvestres o de la extracción de la madera nativa. Y llegó un momento que se ese negocio se fue terminando y las familias se quedaron lejos, con las riquezas de Misiones pero viniendo en Buenos Aires o en cualquier lugar lejos de acá. Y la tierra quedó improductiva”, enumeró.
“A mí me tocó, como en tantas cosas me ha tocado, el momento de esa historia tan larga, el momento de dar solución, el momento de tomar decisiones. Y lo hicimos. El caso de Pozo Azul no es un hecho aislado, por eso cuando algunos plantean las demandas constantes de tierras, yo les cuento que en estos años de Gobierno hemos comprado cerca de 60 mil hectáreas. Y lo saben los vecinos de Premidia, lo saben los vecinos de Ongay, lo saben los vecinos de Pozo Azul, para enumerar algunos. Saben la historia de Panambí”, expresó.
Closs puntualizó que “es una etapa final, histórica y trascendental de Pozo Azul”.
Recordó que la expropiación de tierras coincidió con otro hecho fundacional en la Argentina, como la decisión de la presidenta Cristina Fernández d volver a recuperar YPF. “Con ese argumento me presentó a la Justicia de Misiones y les digo a los jueces que voy a pagar lo que se ha valuado y entréguenme la posesión de esas 37 mil hectáreas para que estas familias tengan la posibilidad de que algún gobierno les entregue el título de propiedad o el boleto de compra-venta”.

“Estábamos dando soluciones, y poniendo una muy importante cantidad de plata en efectivo a los tres juzgados para poder tomar posesión. Habíamos primero tomado la decisión política. Lo segundo que hicimos después de tomar la decisión política, fue poner los recursos. Si no hay recursos, si no hubiéramos tenido los 20 y tantos millones de pesos no hubiéramos podido cumplir y pagar en los estrados judiciales. Tomamos la decisión política y pusimos la plata”, sostuvo.
Closs indicó que la tercera decisión fue de gestión.
“El Estado tiene sus burocracias y por más esfuerzos que hagamos nos cuesta regularizar los títulos de propiedad. Entonces me digo “esto no es propiedad del Estado, es la propiedad de cinco compañías. ¿Qué pasa si en vez de incorporar al patrimonio del Estado provincial, lo incorporó al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional? El IPRODHA que tiene más estructura, que ha construido miles y miles de vivienda, que tiene experiencia y que en definitiva lo que hace es resolver la vivienda de los misioneros y se hace cargo de esta cuestión”.
“Pasó a la Legislatura y pudimos avanzar. Hace unos días, hablaba y preguntaba cuántos títulos tenemos y me decían 200 y tantos. Se aceleró la marcha y llegamos al día de hoy con 464 títulos. Con 464 boletos de compra-venta para ser más precisos”, contó.
Closs se comprometió a avanzar en las soluciones antes del fin de su mandato, pero pidió que los adjudicatarios “cuiden la propiedad, la casa, el hogar, la tierra donde se trabaja valen muchísimo”.
“En el día de hoy han dado un salto cualitativo enorme, en la naturaleza jurídica y legal de su posesión. De ser ocupantes, para algunos, intrusos, hoy son propietarios y tienen ese boleto de compraventa en la mano. Cuídenlo. Cuídenlo por el amor de Dios. Lo digo como Gobernador, lo digo como amigo, lo digo como misionero. No vayan a entregar ese boleto de compraventa. En estos días seguro que van a venir muchos porque saben que la tierra vale y le van a venir a ofrecer con plata en la mano. Y le van a a proponer la logística para que ustedes vendan ese boleto de compraventa. Total hay tierra y vamos a cruzar por acá o por allá. No den ese paso para atrás”, insistió.



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