Como resultado de las pruebas reunidas y presentadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Cámara Federal de Posadas confirmó 9 procesamientos dictados en primera instancia contra un grupo de profesionales de la zona centro de Misiones que facilitó la evasión de 70 millones de pesos al Fisco a través de una asociación ilícita que creaba empresas fantasmas y utilizaba prestanombres, documentación apócrifa, simulación de empleados y cesiones permanentes de socios.
Además la Cámara revocó la falta de mérito obtenida en primera instancia a otros 6 integrantes de la banda.
Según la Afip, la organización ilícita estaba liderada por Rubén Eduardo Kuhlmann e integrada por contadores, abogados, escribanos, informáticos y otros profesionales que se dedicaban a facilitar la evasión tributaria de terceras personas.
En la causa, se detectó que las firmas «de cartón» creadas por Kuhlmann y sus socios generaban comprobantes apócrifos que eran utilizados por otras empresas para omitir el pago de impuestos.
La Justicia Federal de Posadas había dictado el procesamiento -con prisión preventiva- y ordenado la detención del contador Kuhlmann. Sin embargo, la medida no pudo ser efectivizada debido a que Kuhlmann se encuentra prófugo.
En la causa se realizaron 34 allanamientos, 15 audiencias indagatorias y más de 15 audiencias testimoniales. Las defensas presentaron 37 incidentes de nulidad y se han realizado varias denuncias contra los agentes de la AFIP tratando de frenar el accionar del Organismo.
Además, se trabó un embargo por 10 millones de pesos a los integrantes de la asociación y dictó el procesamiento -sin prisión preventiva- del abogado Hugo Lesiuk, de los contadores Adriana Minoura, Nancy Rodríguez, Raúl Kuhlmann y Rolando Ranzoni y también de Norma Trzcinski, Mauricio Arias y Gustavo S. Komatsu. Todos sindicados como responsables del delito de asociación ilícita fiscal.
El fallo de la Cámara rechazó las apelaciones de los imputados y revocó la falta de mérito dispuesta en primera instancia en favor de Carla Teresita Olejnik, Emerson Lisandro Weyrreuter, Claudio Oscar Zaza y Luis Christian Rendón.
Actualmente la investigación analiza la posible comisión del delito de lavado de dinero a través de las financieras del grupo y la evasión de considerables montos relacionados con la prestación de servicio de salud.
¿Cómo se genera la evasión?
La creación de sociedades que sólo son un sello permite simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas.
Las firmas operaban como proveedoras y trasladaban a los empleados de una compañía a otra en forma permanente, simulando así la apariencia de una empresa en marcha.
Las operaciones se cancelaban con cheques emitidos por alguna de las firmas involucradas y se descontaban en financieras creadas por el grupo investigado a un tipo de interés irrisorio.
En un mismo lugar se fijaba el domicilio fiscal de diversas empresas apócrifas. Por ejemplo, la dirección particular de uno de los integrantes de la asociación ilícita –ubicado en la ciudad de Oberá- era utilizada por 13 personas físicas y jurídicas.
Se detectaron innumerables modelos de mutuo o reconocimiento de deuda, utilizados por los contribuyentes para deducir incorrectamente gastos en las declaraciones juradas, tal como un contrato de “Reconocimiento de Deuda” con opción de aporte irrevocable entre las firma involucradas por la suma de 1.050.000 dólares, instrumento que fue confeccionado con la única intención de ser utilizado durante la fiscalización que se estaba llevando a cabo a una de las firmas.
La investigación
La causa se inició en febrero del 2013, luego de una denuncia de la AFIP ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, por presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal de una organización compuesta por profesionales.
Se trata de una asociación ilícita compuesta por más de 30 empresas fantasmas que simulaban prestar servicios inmobiliarios, financieros, de salud, seguridad y asesoramiento jurídico contable con el fin de evadir impuestos.
Se investigó la actuación de un grupo de profesionales de la zona centro de la provincia de Misiones que ofrecía servicios a terceros entre los cuales se puede mencionar: creación de empresas apócrifas; creación de documentación falsa; utilización de prestanombres; utilización de cheques de manera cruzada; simulación de relaciones laborales; utilización indebida de exenciones impositivas; falsificación de sellos y firmas; estafas procesales en procesos ejecutivos; maniobras con obras sociales; maniobras de lavado de dinero.
Además confeccionaban y certificaban estados contables falsos, procesos concursales y quiebras fraudulentas, facilitación en el intercambio de cheques a los contribuyentes a efectos de eludir los controles financieros, entre otros delitos.
En la investigación se detectó también la existencia de firmas que no tenían operatoria comercial y que no registraban acreditaciones bancarias, pero poseían un importante número de vehículos o propiedades, por lo que se solicitó que también se investigue el delito de lavado de activos.
