Por Efren C. Zapata (*)
Hace poco se conoció un proyecto de ley del diputado oficialista Carlos Kunkel propiciando que a la histórica y emblemática ruta 40, la más extensa del país, se la denomine “Presidente Néstor Kirchner”.
La iniciativa, como es lógico, ha encontrado una cerrada oposición por parte de vastos sectores de la ciudadanía, así como de instituciones que consideran que detrás del pretendido “homenaje” se oculta una patética demostración de obsecuencia por parte del legislador y de sus pares que lo acompañan en la firma del cuestionado proyecto.
Los fundamentos, por lo demás, son de una llamativa pobreza, ya que cita como méritos los cargos que ocupó el extinto mandatario y el hecho de tener una visión integradora en materia de desarrollo regional.
Es que la tendencia de bautizar o rebautizar instituciones y espacios públicos –escuelas, calles, avenidas, plazas, rotondas, centros comunitarios, barrios, hospitales y hasta Centros del Bicentenario- con el nombre del fundador del Frente para la Victoria, ha llegado a extremos inconcebibles.
Algunos observadores que no comulgan con esta práctica, opinan que lo que se pretende es instalar en parte de la sociedad el culto al personalismo, un mal que se creía erradicado de la política argentina.
Para colmo, ya sea por conveniencias políticas o por el simple deseo de congraciarse con el poder central, no son pocos los gobernadores, legisladores, intendentes y concejales que se han sumado a esta moda, en lugar de ocuparse con mayor vehemencia de los problemas que hoy por hoy aquejan a sus comunidades.
Por otra parte, incurren en la imprudencia de no aguardar que la historia decante los acontecimientos y ponga en la superficie los méritos reales del ex jefe de Estado y no los que le atribuyen sus conmilitones, antes de ponerlo en el pedestal de los héroes dejándose llevar por la pasión partidaria, el oportunismo o la obsecuencia política.
Lamentablemente son los representantes del pueblo quienes impulsan estas iniciativas inconsultas -o a lo sumo avalada por órganos corporativos afines al gobierno de turno- pero que de ninguna manera traducen el sentimiento o el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos que viven en las comunidades afectadas por estas imposiciones arbitrarias.
Tamaña inclinación a endiosar la figura de un dirigente sólo tiene un precedente en la reciente historia política argentina y se remonta a la época de los dos primeros gobiernos del general Juan Domingo Perón.
En esa época –finales de la década del 40 y principios de la década del 50- el culto al personalismo formaba parte de la estrategia electoral del partido gobernante y era alentado constantemente desde el aparato de propaganda del Partido Peronista, el poderoso y autoritario brazo político del Movimiento Nacional Justicialista creado y liderado por el ex presidente.
Era común, en ese contexto histórico, la imposición del nombre de Perón, de Eva Perón o de alguna fecha emblemática como el 17 de octubre, a muchas instituciones públicas –plazas, escuelas y hospitales- o espacios comunes, así como a eventos deportivos o culturales, sobre todo a aquellos patrocinados o financiados por el Estado.
También se manifestaba extremando la adhesión hacia el régimen con la colocación en las oficinas públicas de retratos tanto del ex Presidente como de su esposa, considerada por entonces como la jefa espiritual de la Nación.
Sin embargo la Revolución Libertadora, como se autodenominó el golpe militar que en 1955 derrocó a Perón, dejó sin efecto toda denominación alusiva al peronismo. Solo algunas fueron restituidas por gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura militar, ninguno de los cuales –hasta ahora- había propiciado esa tendencia.
Es de esperar que en el futuro no haya gobiernos autoritarios que pongan remedio a estos abusos de la democracia. Sí, es de esperar que los actuales gobernantes y legisladores provinciales den el primer paso y terminen con este despropósito que, además, implica un peligroso retorno al culto del personalismo.
Sería más productivo que se abocaran a gestionar, con el mismo entusiasmo, las obras públicas de infraestructura o las acciones de gobierno que aquellos que administran la hacienda pública desde Buenos Aires tienen la obligación de concretar.
Sin necesidad, claro, de que lo que se haga con dinero de los contribuyentes tenga que llevar el nombre del ex Presidente.
(*) Periodista
