Los sin luz de Lanata: intrusos sobre los que pesa una orden de desalojo

El informe de Jorge Lanata volvió a poner las cámaras sobre Misiones en el que denunció un supuesto abandono de habitantes de Pozo Azul, en el municipio de San Pedro, en chacras que no poseen luz eléctrica y están alejados del mundo.
Lo que no contó el showman de Canal 13 es que la mayoría de sus entrevistados son, en realidad, intrusos en una propiedad cuyos dueños desde 2002 están intentando recuperar la plenitud de sus tierras, incluso con una orden judicial de desalojo, que fue aplazada por una nueva ley provincial. Incluso, los dueños cansados de pelear, están dispuestos a vender varias hectáreas, pero de un modo tal en que la propiedad no quede partida al medio, lo que fue rechazado por los intrusos.
Lejos de estar abandonados, el Gobierno mantiene en constante sesión una mesa de diálogo en particular con los intrusos de la propiedad de la empresa Riccieri, que involucra a unas 70 famillias.
Apenas unos días antes del “descubrimiento” de Lanata, la subsecretaría de Tierras, a cargo de Jaime Ledesma mantuvo una reunión con los ocupantes que fueron notificados de la orden de desalojo –en suspenso- y por ello, entre el 15 y 18 de este mes, hicieron un piquete en la ruta provincial 20, a la altura del paraje Portón Viejo.
La propiedad Riccieri SA pertenece a Ricardo Rinsfleisch y familia quienes iniciaron en 2.002, un juicio de desalojo que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 2 de Eldorado a cargo de Lorena Hebe Toledo. Ese año el inmueble era ocupado irregularmente por unas 16 familias. Se trata de una superficie de 1.408 hectáreas.
Los ocupantes que reclaman la energía eléctrica, sabían desde el 14 de agosto de la decisión judicial de desalojo, que aunque está suspendida por ley, está firme.
Tierras intervino en este conflicto y creó una Mesa de Diálogo con el propietario, los ocupantes organizados en una comisión vecinal; diputados provinciales de las distintas fuerzas, la municipalidad de San Pedro y el Ejecutivo Provincial.
A lo largo de todo este proceso se realizaron varias reuniones. Se obtuvieron imágenes aéreas que denotan discrepancias entre lo que manifiestan algunos de los ocupantes con la realidad revelada por las pertinentes aerofotos.
El municipio de San Pedro realizó un relevamiento georeferenciado a nivel predial ocupacional con inspecciones territoriales donde consta el tiempo de la ocupación y el espacio que ocupa cada familia, además de los datos personales y filiatorios. Se determinó la existencia de 70 ocupantes irregulares con sus respectivas familias. La superficie ocupada irregularmente es de 876,5 hectáreas, pero donde se localizan ocupantes con 1, 2, 8, 10, 20, 30, 60 y 128 hectáreas.
Catorce familias poseen antecedentes registrados en Tierras y ocupan una superficie de 257,2 hectáreas.
Como intrusos en la propiedad Riccieri, la familia Leste (Juan, Jorge, Rafael y Guillermo) ocupa unas 37,4 hectáreas -(lotes que van desde 5 hasta 16) y Eugenio Leste -(padre y vocero de los que cortaban la ruta) es beneficiario, en marzo del año pasado, sobre el Lote S (enfrente a esta propiedad) de un permiso de ocupación sobre una superficie de 92 hectáreas.
Ramón Da Silva (el que estuvo en piso del programa de Lanata) fue relevado como ocupante irregular de la propiedad Riccieri SA, con una superficie de 16,7 hectáreas y aunque declara 12 años de antigüedad en la propiedad, no figura entre las 16 familias que en 2.002 fueron relevadas por la justicia como ocupante del lugar. Valdemar Antúnez, quien fue relevado con más 128 hectáreas y declara una antigüedad de 14 años, sí figura dentro de las 16 familias relevadas en el 2002 como ocupantes irregulares.
Los ocupantes piden que se les regularice la situación dominial sin aceptar ninguna condición de traslado ni reubicación, ni siquiera dentro del mismo inmueble.
El propietario está de acuerdo en vender el lote a los ocupantes; pero solicita que no se divida el lote en tres partes sino en dos, También pide que se respete su actual ocupación y explotación que él está realizando en el inmueble.
“En virtud de estar todos los desalojos de estas características suspendidos, entendemos que no hay razones, que no sean de inescrupulosas especulaciones políticas, para no seguir intentando el diálogo”, señaló Ledesma.
“Hay que continuar trabajando en el mismo sentido que se viene realizando e insistir en llegar a un acuerdo social territorial que tiene su tiempo, pero el cual creemos posible y necesario”, insistió.

 

Las tierras que el Estado compró en San Pedro

 

En San Pedro, entre 2011 y 2013 fueron adquiridas por el Estado 20.000 hectáreas con una inversión de 22.000.000 de pesos.
El proceso de ocupación irregular se fue consolidando en Pozo Azul y zonas aledañas, a partir de mediados de la década del noventa. Y que tuvo su visualización como reclamo social de tierras a comienzo de la década pasada.
Hoy el Gobierno a nivel provincial y municipal, como nunca antes está trabajando esta problemática con todo el aporte institucional.
También se avanzó, bajo el principio de esfuerzo compartido (Provincia-Municipio-Propietario-Ocupantes) en la solución de 380 hectáreas en el paraje Puerto Argentino II (propiedad de María Cecilia Soldando) y con el municipio, se están actualizando las inspecciones territoriales en la ex propiedad de Aceiro (107 hectáreas que en diciembre se escrituraron a favor de la Provincia).



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