En San Vicente inspeccionan juzgado por distorsiones en excarcelaciones y faltas de mérito

Se fijaban fianzas por montos irrisorios en relación con la gravedad de los delitos. Había quejas de víctimas y abogados. Este año, fue ínfima la cantidad de expedientes de esa zona de la provincia que fueron elevados a juicio oral. Hace más de tres años que el juzgado de Instrucción de San Vicente está sin magistrado.

Actúa como subrogante un juez que no solo atiende las causas penales, sino también las civiles, las comerciales, las laborales y las de familia. El cúmulo de trabajo tarde o temprano iba a tener sus consecuencias. Esto es lo que advirtieron los integrantes del Tribunal penal de Oberá, que ejercen el control del fuero penal. Los camaristas notaron que en la Capital de la Madera se estaban produciendo serias distorsiones en la interpretación de la Ley. Por ejemplo, se estaba otorgando una cantidad inusual de faltas de mérito y excarcelaciones. Los montos establecidos para las cauciones eran llamativamente bajos para delitos muy graves. Lo que se vivía, indicaron fuentes consultadas, era una especie de caos. Y el malestar, entre víctimas y abogados, iba en aumento.

Hace algunas semanas, los magistrados Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Lilia Avendaño se constituyeron con sus dos secretarios en San Vicente para ver in situ lo que estaba pasando. Entonces pudieron entrar en contacto con una situación muy delicada.
La primera historia con la que se toparon los jueces fue la de una adolescente de 15 años, víctima de una violación, que había tenido que dejar el pueblo por las constantes amenazas que sufría de parte del presunto autor. El supuesto violador había quedado libre al ser beneficiado con una falta de mérito, a la que la familia de la adolescente se resistía, ya que decía contar con elementos de peso para que el acusado estuviera preso.
El denunciado intimidada constantemente a la muchacha. Le mandaba mensajes de texto amenazantes y la acosaba.
El Tribunal se entrevistó con la madre de la joven. Ella contó lo que pasaba y fue invitada por los jueces a que acercara las pruebas contra el acusado a la Fiscalía. Días después, se pidió la captura del presunto abusador (que era un vecino de la familia de la chica). Todo indica que ese denunciado jamás debió haber sido excarcelado.
Pero no solo esa madre desesperada en busca de justicia hizo saber su malestar ante los camaristas. Hubo abogados sanvicentinos que dijeron ser discriminados en perjuicio de otros colegas que tendrían “privilegios”.
Las fuentes consultadas indicaron que el juzgado de Instrucción fijaba las fianzas en cifras de entre 30 y 35 mil pesos para delitos muy graves, como robos calificados u homicidios en grado de tentativa. Incluso al autor de un homicidio calificado (el ilícito más grave que contempla el Código Penal) le habrían fijado una caución de poco más de 200 mil pesos. Las cifras son consideradas demasiado bajas.
“El que tenía plata salía y el que no, quedaba adentro. No es ese el criterio con el que se tiene que manejar la Justicia”, indicó uno de los funcionarios que participó de la inspección hecha por el Tribunal.
Los jueces notaron una cantidad desmesurada de excarcelaciones y faltas de mérito. También, en contrapartida, registró que en el primer semestre del año el Juzgado de Instrucción de San Vicente no elevó a juicio ni siquiera cinco expedientes.
Tanto el juez Demetrio Cuenca, como sus secretarios, el fiscal y el defensor oficial fueron convocados para tratar el tema. Según los informantes, todos los funcionarios mostraron una muy buena predisposición para encarar el problema y darle una solución.
El Tribunal Penal de Oberá elevó un informe al Superior Tribunal de Justicia donde asentó todas las anomalías con las que se encontró.

LA REGION

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

Newsletter

Columnas