Costa, UIA y Mesa de Enlace: catarsis por ley de precios

Especial Ambito Financiero.
Julián Alvarez, Augusto Costa, y unas cincuenta entidades empresarias expondrán hoy ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre los proyectos vinculados a la defensa del consumidor y a la reforma de la Ley de Abastecimiento, que el oficialismo aspira a convertir en ley en la sesión de mañana. De acuerdo al cronograma de trabajo elaborado en los últimos días, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Comercio, Justicia, Defensa del Consumidor y Presupuesto, se reunirá hoy a las 12 en el anexo C de la Cámara y allí escuchará al secretario de Justicia, y a su par de Comercio.
En ese marco también expondrán representantes de la Sociedad Rural, de CAME, Cámara Argentina de Comercio (CAC), Coninagro, Federación Agraria, Unión Industrial Argentina, entre otras entidades patronales, informaron fuentes parlamentarias. Si bien la reunión puede prolongarse hasta las primeras horas de la noche, la dinámica de la reunión la marcará el kirchnerismo, dado que tiene la presidencia de cuatro de las cinco comisiones y mayoría de integrantes en todas ellas, lo que le da la seguridad de poder firmar un dictamen de mayoría.
El debate estará a cargo de la presidenta de Asuntos Constitucionales, Diana Conti (FPV) -por ser esa la cabecera en el giro de los proyectos-; aunque también estarán en la cabecera el titular de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti; de Comercio, Alex Ziegler; de Justicia, Graciela Giannetassio (FPV), y de Defensa del Consumidor, Patricia De Ferrari (UCR).
La discusión en torno a la reforma de la ley de Abastecimiento es la que mayores obstáculos enfrenta por la férrea oposición explicitada por el sector empresario. No obstante, fuentes del bloque kirchnerista estiman que para esa instancia contarían con el voto positivo de 132/134 legisladores. La reforma que se pretende introducir a la ley de Abastecimiento establece un marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor. Además, autoriza al gobierno a “intervenir” para poder fijar “márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”, con el fin de evitar que se produzcan aumentos desmedidos o haya abuso de posición dominante.
Esta cláusula no comprenderá a las pequeñas y medianas empresas que no tengan un rol central en el mercado en su rubro de actividad. El texto sostiene que “quedan exceptuados del régimen los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas, siempre que no detenten posición dominante”.Además el proyecto elimina la posibilidad de encarcelar a los infractores pero aumenta las multas que podrían llegar a los 10 millones de pesos. En cuanto a los allanamientos que se permiten en la ley a las empresas que infrinjan las normas, éstos se podrán hacer si existe un aval judicial en tal sentido. La misma medida se deberá adoptar para una clausura temporal de hasta 90 días o inhabilitación especial. El proyecto autoriza también al gobierno a solicitar a una empresa que produzca aunque no genere ganancias, pero en este caso se puede “pedir una compensación justa” y obliga a las firmas a brindar a la Secretaria de Comercio información sobre costos y ganancias. Con menos reparos opositores que el anterior, aparece el proyecto de creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, iniciativa que sería acompañada por algunas bancadas de centroizquierda. El observatorio se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados. Por último, el proyecto que dispone la creación de un nuevo fuero específico para proteger a los consumidores recibiría el apoyo de casi todas las bancadas, ya que coinciden en la necesidad de darle al tema un tratamiento diferenciado en la justicia.

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