Se trata del proyecto propiciado por el Gobierno, con el objetivo de que puedan acceder a este beneficio unas 500.000 personas, que en su mayoría pertenecen a los sectores más vulnerables.
La sanción de esta iniciativa está asegurada dado el amplio respaldo que cosechó la propuesta gubernamental no sólo del parte del oficialismo, sino además de los principales partidos de la oposición que salieron a apoyar el dictamen de mayoría como la socialismo, el Frente Renovador y el GEN, mientras que con algunas disidencias lo hicieron la Unión Cívica Radical y el macrismo.
Las posturas de las bancadas opositoras quedaron expuestas en la reunión del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social, donde se brindaron detalles del proyecto oficial el director Ejecutivo de Anses, Diego Bossio.
De hecho, se convertirá en una de las leyes que mas consenso ha logrado en el Congreso dado que en el Senado se aprobó por unanimidad y diputados se lo convertirá en ley por más de doscientos votos.
El proyecto busca posibilitar el acceso a su correspondiente «prestación previsional» a aquellos «trabajadores autónomos y monotributistas», mediante la regularización de deudas existentes, y establece un plan de pagos de 60 cuotas para aquellas personas que cumplan con la edad jubilatoria (60 años en las mujeres y 65 en los hombres) pero no cuenten con los 30 años de aportes que establece la ley.
El presidente de la comisión de Previsión Social, Juan Carlos Roig aseguró que con este proyecto «del 93 por ciento de cobertura actual del sistema llegaríamos al 100 por ciento, es decir que estaríamos incorporando a 475.000 beneficiarios que aún no tienen cobertura».
La iniciativa del Poder Ejecutivo establece que los trabajadores autónomos inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los monotributistas «que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria dentro del plazo de dos años desde la vigencia de la presente ley, podrán regularizar sus deudas previsionales».
«La aprobación de este proyecto permitirá concluir el objetivo inicial comenzado con la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional: hacer el mejor esfuerzo para lograr la cobertura universal previsional en nuestro país», sostiene el texto enviado por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo al proyecto, los trabajadores autónomos podrán regularizar su situación respecto de la deuda que mantengan por aportes, mientras que los monotributistas lo harán con relación a las deudas originadas en las cotizaciones previsionales fijas con destino al SIPA.
En ambos casos, la deuda comprenderá las obligaciones devengadas hasta diciembre de 2003, inclusive, y los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la deuda y regirá por el término de dos años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Asimismo, establece que tendrán derecho a inscribirse en el régimen los derechohabientes previsionales del trabajador autónomo o monotributista fallecido, siempre que existiera inscripción del beneficiario original previa al deceso en calidad de trabajador autónomo o monotributista.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en forma previa a determinar el derecho a una prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas sobre la base de criterios objetivos que determine la reglamentación, a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas de presenten mayor vulnerabilidad.
Por otra parte, la iniciativa contempla que, para acceder a dichas prestaciones, deberá haberse cancelado un mínimo de cuotas del régimen de regularización de deuda, en tanto que la reglamentación establecerá la cantidad de cuotas aplicables a los efectos.
Fuente: Télam
