El fenómeno se intensificó en los últimos meses, no solo allí, sino en distintos puntos de la provincia. La semana pasada, evitaron la intrusión en una plaza y en un terreno privado de la ciudad de las Cataratas. Alertan sobre una “industria” de la usurpación.
Sucede todos los días, en distintos puntos de la provincia. No es una situación nueva, pero en los últimos tiempos han encendido las alarmas de las autoridades porque es un fenómeno que se acrecienta. Se trata de la intrusión, tanto de tierras fiscales como públicas. A principios de agosto, puntualmente, el ministro de Gobierno, Jorge Franco, se reunió con el juez de Instrucción de Iguazú, Juan Pablo Fernández Rissi, porque en el Norte provincial la situación se había vuelto alarmante. Horas después de este encuentro, la Policía evitó que un grupo de personas se instalara en una plaza del barrio iguazuence de Santa Rosa. Hubo 16 detenidos, luego de una feroz resistencia de los intrusos de marcharse del espacio verde. Fue una apenas una pincelada de lo que es el problema.
Días después, la Policía evitó otro intento. En esta ocasión no trascendió públicamente, porque no hubo tanta tensión como en el desalojo de la plaza. Fue en un predio de una empresa.
Fuentes judiciales de Iguazú confiaron que se trata de una situación muy compleja, que amerita un abordaje de distintas instituciones a lo largo del tiempo para llegar a encarrilar la problemática. Sostuvieron que hay demasiados lotes “flojos de papeles”, por un lado. Y, por otro, una avanzada de grupos organizados de usurpadores, que “lotean” los terrenos intrusados y los comercializan. Utilizarían grupos de “ocupas” locales y también traídos desde Paraguay y Brasil.
Cada localidad tiene su particularidad. Los informantes indicaron que en Puerto Libertad, por ejemplo, sospechan de corrientes de campesinos como los ideólogos de distintas ocupaciones. Que en Andresito es donde más utilizan brasileños para las intrusiones. Y que en Iguazú hay distintos grupos organizados que movilizan a los intrusos.
Tanto desde el Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú como desde la Policía provincial coincidieron en que se está reforzando la prevención para evitar nuevas ocupaciones, aunque aclaran que no en todos los casos se puede frenar una avanzada.
También sostienen que aumentó el grado de violencia de parte de los ocupantes ilegales: en Iguazú, sobre todo, donde se arman con palos, cuchillos y hasta explosivos caseros para repeler a la Policía.
“Industria” ilegal
En mayo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Garupá, José Peralta, confirmó que la ocupación ilegal de tierras en la comuna cercana a Posadas era alarmante. Y sin dudar habló de una “industria” de la usurpación.
“En lo que trabajamos en evitar este tipo de invasiones. Los intrusos se asientan en tierras fiscales o en lotes privados. No tienen problemas incluso en ubicarse sobre espacios verdes. Es una problemática compleja”, añadió en esa ocasión.
“Casi siempre en medio de esos grupos hay un puntero o dirigente que hace la avanzada y luego ubica a los demás. Son acciones organizadas al detalle”, reiteró.
Para Peralta, es una situación delicada, porque se viola la ley al producirse la invasión a tierras ajenas y también porque las familias de intrusos sobreviven en condiciones precarias poniendo en riesgo su salud.
En Garupá hubo casos en que los “ocupas” dijeron que aceptaban irse, pero que querían cobrar una indemnización.
Al señalar los puntos donde se dan con más frecuencias las usurpaciones, mencionó las inmediaciones del Acceso Sur y las tierras ubicadas a un costado de la ruta nacional 12.
Desde mayo a la fecha, la situación no ha variado.
Boicot polémico
En enero de este año, alrededor de 400 familias se instalaron en esas tierras privadas del municipio de Guaraní, en la Zona Centro. Con el correr de los meses solo quedaron 126 casillas.
El intendente Daniel García calificó a los usurpadores como “delincuentes” y contó que son movilizados por corrientes políticas de Buenos Aires, que hasta incluso los llevaron cuando vinieron a la provincia funcionarios nacionales, hace un tiempo.
“Lo que nosotros reafirmamos es el respeto a la Constitución en cuanto a propiedad privada. En Guaraní se habían hecho loteos y mucha gente vino a invertir, atento a la seguridad jurídica que imperaba”, señaló el alcalde a Radio Libertad.
El alcalde cuestionó el rol de la Justicia en el caso. Sostuvo que el juzgado que interviene en el caso fue “inactivo e inexistente. Dejó mucho que desear. Si esto se solucionó en parte fue por la acción de los vecinos”.
¿Y qué hicieron los vecinos? Organizaron un boicot para ahuyentar a los usurpadores que se habían instalado en la propiedad privada de dos hectáreas ubicada entre la zona urbana de la localidad. Lo explicó el propio García: “Cuando el intruso iba a comprar a la farmacia, a la carnicería o al mercado, nadie le vendía. Desde la Municipalidad no se le daba los servicios. Entonces, sin agua ni luz, no podían seguir allí y empezaron a irse”.
“Hay planificación”
“La Justicia se está encargando de hacer el relevamiento. Es una problemática similar a la que viven otros municipios por eso estuvo el ministro Jorge Franco reunido con el juez Juan Pablo Fernández Rissi”, indicó el secretario de Obras y Servicios Públicos de Puerto Iguazú, Rudy Rossini.
Los barrios Centenario, Santa Rosa, 600 hectáreas y Almirante Brown son los escenarios de los casos más reiterados de intrusión.
“Este es un tema que la Justicia tiene que resolver. Tenemos gente de acá de Iguazú, de Andresito, de Wanda, Esperanza y de Paraguay, pero esa no es la forma de buscar un terreno. Hay gente que busca los lotes, hay una planificación detrás de esta actividad ilegal, los vecinos del barrio conocen a los que ocupan terrenos, y como todos están preocupados”, precisó el funcionario.
Relevamiento en Posadas
En Posadas se ha encarado un relevamiento integral de los asentamientos ubicados sobre terrenos fiscales, calles o avenidas.
“Una vez que tenemos detectados la cantidad de familias colocamos un cartel grande, que indica la cantidad de personas que reside, la advertencia que no se puede vender ni comprar. Sino se forma un mercado inmobiliario paralelo”, detalló el coordinador de Tierra y Agua de la Municipalidad de Posadas, Jorge Atencio.
Le contó hace unos días a Misiones Online que es habitual que la gente intente meterse en estos sitios con precarias construcciones para luego exigir que le asignen una vivienda y que hay casos comprobados de que esa misma gente tiene su vivienda en otro lado.
“Hemos descubierto que muchas de las personas tienen casas en otro lugar. Hicieron de esto un modo de vida que nosotros queremos combatir. Se trata de buscar la inclusión que es lo que se pregona desde el Gobierno nacional provincial y municipal. Se busca brindarles una mejor calidad de vida para los vecinos porque sabemos que es un tema conflictivo donde uno convive con demandas permanentes y situaciones delicadas. Dentro de las posibilidades el Gobierno les va ordenando el espacio para que la gente entre en un sistema donde puedan aportar y otros tengan a su vez una posibilidad de estar mejor”, acotó.
