Oberá se despertó con la noticia de que un grupo importante de choferes que trabajan en la empresa Capital del Monte, que es la única que ofrece el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, decidió realizar un reclamo en solidaridad con un compañero despedido y de esa manera el servicio de colectivos no funcionó durante toda la mañana.
En una nota, los choferes autoconvocados, sin el respaldo del gremio de la Unión Tranviaria Argentina (UTA), expusieron seis puntos claros que estaban reclamando y daban cuenta del porqué llegaron a la instancia de suspender el servicio. Entre los ítems más destacados indican que pelean por la reincorporación de César Galarza quien fuera despedido, además que trabajadores que prestan servicio en “negro” sean blanqueados y cobrar lo que marca la escala salarial y del 1º al 10 de cada mes, entre otros.
Los choferes reclaman la reincorporación de un compañero despedido, blanqueo y cobrar del 1 al 10 de cada mes
Por su parte el Presidente de la empresa, Ernesto Kubski expresó al respecto qué, “es un grupo minúsculo de choferes que no nos permiten mover los coches. Están molestos porque decidimos despedir a un trabajador, pero de manera justificada, él sabe muy bien. Esto no puede estar pasando, que un grupo de personas amenacen a otros trabajadores de tirar piedras contra ellos y los colectivos”. Además el empresario radicó una denuncia por hurto, daños y perjuicios contra los empleados, por retener los colectivos y quemar cubiertas que son propiedad de la empresa.
“Es un grupo minúsculo de choferes que no nos permiten mover los coches. Están molestos porque decidimos despedir a un trabajador, pero de manera justificada, él sabe muy bien»
Desde el gremio de la UTA, el delegado Andrés Wendlinger explicó que, “ellos no tienen nuestro apoyo, si avalamos la ilegalidad del paro que llevan adelante 10 o 12 choferes que dejaron sin colectivos a toda la ciudad”.
La conciliación obligatoria fue notificada a las partes en horas del mediodía y la misma indica que se debe retrotraer la situación al estado previo que devino el conflicto, es decir que los trabajadores deben retomar sus actividades normalmente, y el empleado despedido será reintegrados a sus actividades. También no innovar y fijar una audiencia el próximo viernes 11 de julio a las 10 en la sede local del Ministerio de Trabajo donde deberán estar presentes todas las partes. La medida dictada por orden del Ministerio tiene una validez de 15 días hábiles más un plazo prorrogable por otros 10 días en caso que las partes así lo decidan.
