Sus allegados sostienen que no hay indicios fuertes en su contra. Pero admiten que deberá explicar por qué tenía un arsenal en su taller.
La semana entrante será de vital importancia para la causa por la llamada Masacre de Panambí. Tal como se había adelantado en la semana, las respectivas defensas de los imputados analizan los pasos a seguir y es muy probable que el menos uno de ellos, Marcial Alegre (45), pida ser indagado por la jueza Alba Kunzmann de Gauchat.
Tanto la familia del chapista como el abogado particular que lo asiste creen que en el expediente no hay indicios fuertes que lo vinculen con el cuádruple homicidio, pero que deberá hacer un gran esfuerzo para explicar qué hacía en su taller el arsenal que secuestró la policía el 27 de mayo pasado. También tendrá que justificar la tenencia de pasamontañas e insignias de fuerzas de seguridad.
Otro de los que pediría para ampliar su indagatoria sería Juan Ramón Godoy (44), quien al igual que el ex prefecturiano Pablo Julio Paz (el más comprometido de los cuatro detenidos), sostiene que el día en que asaltaron y le prendieron fuego a Carlos Knack (43), a su mujer Graciela (42) y a los hijos del matrimonio Bianca (12) y Cristian (25), él se encontraba en San Javier.
Rubén Orlando Bueno (52), el último detenido que tuvo el caso, admitió que conocía a los Knack, porque les había comprado madera. También reconoció que es vecino y amigo de Paz.
Para que la jueza defina la situación procesal de los cuatro, quedan pendientes la recepción de dos informes: el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas que hicieron los acusados antes y después de la masacre; y el ADN de distintas muestras levantadas en el escenario de la tragedia.
