En la Secretaría de Acceso a la Justicia piden ayuda diez víctimas de violencia familiar por día

Algunas para denunciar casos, otras para ver cómo sigue la causa que ya iniciaron. Son personas que necesitan asesoramiento y contención. Desde marzo, la dependencia cuenta con un sector exclusivo que atiende los episodios de maltrato doméstico.

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Diez víctimas de violencia familiar piden ayuda de manera diaria en la Secretaría General de Acceso a la Justicia de la Procuración General. Algunas quieren denunciar un caso nuevo, otras que les den una mano porque no saben cómo seguir el derrotero judicial de alguna causa que ya pusieron en marcha.
De las 600 intervenciones que tuvo el organismo el año pasado, el 60% correspondió a episodios de maltrato doméstico. Precisamente por la altísima demanda de asistencia ante este tipo de problemáticas, la Cámara de Diputados decidió crear un ámbito específico dentro de la institución para atender a quienes padecen o han padecido el flagelo.
Es así que en 2013, se aprobó la creación de la Secretaría de Violencia Familiar. “Empezó a funcionar en marzo de este año y se destaca por el acompañamiento integral que se hace a las personas que acuden a pedir ayuda. Es clave la contención que se le brinda y la comunicación constante que se mantiene con las víctimas. Además, se dotó a la repartición de una mayor estructura y de personal capacitado”, indicó el secretario general de Acceso a la Justicia, Fabián Oudín.

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“Nuestra competencia es provincial, por eso nos trasladamos a las distintas localidades. Allí tomamos las denuncias o articulados con otras dependencias, como los juzgados de Paz, para nos las envíen”, precisó.
En las recorridas por el interior, se hacen charlas en colegios y barrios, donde se explica cómo funciona y para qué sirve la Secretaría General ubicada frente al Palacio de Justicia.
“Lo que nos interesa es la situación personal de los asistidos, que no sea un nombre frío en un expediente. Es muy importante en este sentido el trabajo que lleva adelante el equipo multidisciplinario liderado por la psicopedagoga Vilma Delgado. Porque en el caso de las víctimas de violencia doméstica, pierden muchas veces su lugar de residencia, y hay que gestionarles dónde vivir. O quedan sin sustento económico si, por ejemplo, el marido golpeador era el que generaba la fuente de ingresos. Por eso articulamos con otros organismos asistencia económica, por más mínima que sea. También tratamos de que aprendan algún oficio”, explicó el funcionario.
Para Oudín, la premisa es que la persona que necesite asistencia encuentre respuesta en la secretaría general a su cargo, “que no tenga que recorrer por otras reparticiones”.
Aparte de tomar denuncias y canalizarlas luego hacia los ámbitos que correspondan, también es clave el asesoramiento que brinda el organismo. “Hay ciudadanos que no conocen el funcionamiento del sistema judicial, que no tienen idea de los pasos que hay que seguir y, por lo tanto, cómo seguirá su causa. Entonces pide colaboración. Nosotros lo acompañamos. Cuando se puede, lo llevamos a ver el expediente y a veces le facilitamos copias. Desde el Centro de Capacitación del Poder Judicial nos han instalado un sistema informático mediante el cual desde la Secretaría podemos acceder a los expedientes de los fueros de Familia y de Instrucción. Así, con apenas unos segundos, podemos leer en la pantalla de la computadora cómo marcha la causa”, precisó.
Oudín remarcó que lo que se busca es no revictimizar a las personas que padecieron violencia doméstica. “Siempre se trabaja de manera articulada con otros sectores, como con la Línea 137. Por ejemplo, si se considera que falta un botón antipánico, se pide su utilización. O si el secretario de Violencia Familiar cree que tiene que sugerir medidas a algún juez, lo hace”, apuntó.
Finalmente, se refirió a las víctimas de otro tipo de hechos delictivos a los que brindan contención: “Los casos que más se repiten son las personas que necesitan atención por haber sufrido abuso sexual, entre ellas muchos niños. Se trata de delitos que hieren en su faz más profunda a las víctimas y que cuesta mucho que lo superen”.
Dijo que la repartición también actúa por pedido de otros funcionarios, como los magistrados, “que ven la necesidad de que los afectados por los ilícitos reciban ayuda. Entonces vemos si se hace imperiosa la intervención de psicólogos, médicos, psicopedagogos, etc”.

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