Un proyecto legislativo que tomó estado parlamentario esta semana y será evaluado hoy por los diputados misioneros, propone que el Estado provincial tome a su cargo la distribución de las garrafas sociales subsidiadas en las localidades del interior de la provincia, ya que en muchas no existen bocas de expendio y ésto imposibilita el acceso de las familias más humildes a este servicio elemental.
La iniciativa del Partido Agrario y Social busca solucionar la carencia que particularmente padecen los usuarios en localidades muy alejadas de los centros urbanos más importantes. El sistema propuesto ya está funcionando en otras provincias que articularon a red de distribución “oficial” ante la especulación de los distribuidores privados.
“Sabemos que la mayoría de los 75 municipios carece de este beneficio, arrojando así a la voracidad especulativa a miles de misioneros. Dicha voracidad no solo parte de los comercios minoristas que pueden tener una posición dominante, sino desde la propias empresas distribuidoras que cobran un plus por flete, que no facturan y dan paso a una contabilidad en negro que golpea dos veces a los misioneros, una porque evaden sus compromisos fiscales y otra porque ponen el precio que quieren a los usuarios rehenes de esta situación”, especifica la iniciativa que fue ingresada como proyecto de comunicación, firmada por el Diputado Héctor “Cacho” Bárbaro y con el acompañamiento de Myriam Duarte (PAyS) y Darío Pietrowski (FPV).
Los legisladores advierten que de no plantearse esta solución se seguirá permitiendo que “los precios de estas garrafas de gas pueden trepar hasta cinco veces su valor oficial”, como denuncian los usuarios.
Los legisladores consideran que se puede aplicar en Misiones un circuito de distribución regular en las localidades en el que la “garrafa social” no llega, estableciendo un cronograma de distribución que le permita a las familias del interior saber cuando llega el camión de la provincia, articulando el acopio y la difusión del cronograma, etc, tal como ocurre en otros distritos.
“No es una acción que sea demasiado onerosa para las arcas provinciales en comparación con el beneficio que conlleva”, finaliza la iniciativa.
