De los 31 fallos firmados en lo que va de 2014, la mitad correspondió a castigos para abusadores. El grueso de los acusados opta por el proceso abreviado. Prefiere no exponerse ante sus familiares en el banquillo.
La mitad de las causas que llegan a juicio en el Tribunal Penal de Oberá son por delitos sexuales. Y, en la mayor parte de los casos, los autores prefieren evitar la instancia del debate oral y pedir la realización del proceso abreviado. Esto significa que admiten su culpabilidad e instruyen a la defensa que acuerde una pena con la Fiscalía, la que luego es analizada por los jueces.
Esta situación no es nueva, porque la Zona Centro es uno de los distritos de Misiones donde se registra la mayor cantidad de ilícitos de este tipo.
En la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca Oberá y las localidades cercanas, los expedientes para juicio terminan en el Tribunal Penal Uno. Allí, por mes, se programan entre ocho y diez debates. La mitad de esos procesos son por ataques sexuales y los imputados optan por que sus casos no se ventilen en el recinto de juicios. La semana pasada, por ejemplo, dos violadores se declararon culpables y aceptaron recibir castigos de entre diez y once años de cárcel. Uno sostuvo que quería evitar que su familia lo viera en el banquillo. Es un argumento habitual. Otros afirman que ya han causado suficiente daño a su víctima y no es necesario que vuelvan a verles la cara en un mismo edificio.
En lo que va del primer semestre de 2014, los magistrados Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Lilia Avendaño firmaron 17 fallos en juicios abreviados y 4 en debates orales y públicos. El 50% de los expedientes eran por abusos sexuales.
El Tribunal también firmó 10 suspensiones de juicio a prueba, más conocidos como probations. Son finalizaciones de procesos en los que los acusados terminan realizando algún tipo de prestación, como trabajos comunitarios.
La tendencia, a juzgar por los expedientes que siguen entrando al cuerpo para la instancia de juicio, se mantendría en lo que resta del año.
Yendo a los protagonistas de esos expedientes, hay un patrón que se repite: más del 90% de los imputados por ataques de índole sexual son parientes o allegados de las víctimas, que en gran proporción son menores de edad.
Además de los debates, el Tribunal también tiene el control de la ejecución de las penas. Sus integrantes son los que monitorean, por ejemplo, que se cumplan los regímenes de salidas transitorias. Actualmente, alrededor de 30 reclusos de la Unidad Penal Dos (de los cuales también un porcentaje importante tienen condena por violaciones u otro tipo de abusos) gozan de este beneficio.
Un caso complejo
Por otra parte, fuentes del Tribunal adelantaron que el próximo 28 de mayo está prevista la realización de un caso complejo, en el que juzgan el crimen de un albañil ocurrido en 2011. Hay dos acusados, uno apuntado como autor material, que incluso confesó el asesinato. Y otro, imputado como el instigador del crimen. Una de las principales testigos que tuvo el caso terminó condenada en una causa anexa por “falso testimonio”.
