Romina Vega murió en 2007 en manos del médico que admitió no ser cirujano plástico. El ex juez José Luis Rey lo sobreseyó en el proceso que aún no fue a juicio oral. La familia de la víctima podría rever la causa desde la nueva figura de querellante particular. La historia del juez que dejó libre a Lotocki pagando una fianza de 50 mil pesos y terminó destituido por autorizar escuchas ilegales.
“Venimos a pedir justicia. No entendemos qué hace ese hombre en la televisión, él causó la muerte a mi hermana”, repitió Lorena Vega en los programas del canal América que tratan esta semana el tema del falso cirujano plástico misionero, Aníbal Lotocki, últimamente en boca de todos tras operar a Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona.
Mientras Lotocki también aprovecha el momento mediático, una causa judicial se sustancia y las novedades podrían aparecer en cualquier momento. Y es que las pruebas, que por aquellos años desestimó el entonces juez José Luis Rey, serían más que suficiente para determinar que la actitud de Lotocki guarda mayor responsabilidad que la de un “homicidio culposo”, por el cual terminó sobreseído por “falta de mérito”, pagando una fianza de 50 mil pesos, nueve meses después de la muerte de Romina Vega, la joven de 21 años que falleció luego de que éste la operara el 7 de febrero de 2007, en una clínica sin habilitación.
Ese día Romina subió las escuetas escaleras del centro de estética de Lotocki; a las 10 de la mañana tomó unas pastillas que un enfermero le dio y quedó dispuesta para que el doctor, sin especialidad en cirugía plástica, le realizara una intervención de lipotransferencia: lipoaspiración, liposucción y lipoescultura de abdomen, brazos y caderas para un implante en los glúteos que se hizo con la grasa extraída, mezclada con una cuestionada sustancia llamada metacril.
Pero las cosas se complicaron y lo que Lotocki prometió sería “sencillo”, terminó de la peor manera. Luego de la intervención Romina sufrió un edema de pulmón que terminó con su vida en una clínica céntrica, a donde fue trasladada por un equipo de emergencia que debieron convocar telefónicamente. El cuerpo hinchado de Romina debió ser atado a una tabla y, casi en posición vertical, cuatro enfermeros lograron rescatarla descendiendo por una escalera angosta que separaba al quirófano inhabilitado de la clínica Full Esthetic Center de la vereda. El lugar no contaba con ascensores para camillas. Ni siquiera tenía ascensor.
“Mi hermana murió en manos de un irresponsable que operaba en una habitación que era como la de mi casa. En el lugar no existían los elementos mínimos para realizar este tipo de intervenciones y ¿la justicia no encontró responsables?”, se preguntó Lorena ante los medios. Seis años después, el estudio de abogados que representa a la familia Vega reaviva la llama en busca de la anhelada justicia: “el caso no está juzgado”, advierte Sebastián Noguera, quien encabeza el equipo que va por el reclamo legal.
Buenos muchachos
El entonces juez, José Luis Rey, instruyó la causa e inclusive allanó la clínica Full Esthetic Center, un núcleo de oficinas en un tercer piso de calle Córdoba, entre Colón y Félix de Azara. Rey pudo observar en persona las condiciones en las que Lotocki realizaba operaciones de mediano riesgo, “sin contar en el lugar con equipos de reanimación, mucho menos con una unidad de terapia intensiva. Operaba en un local habilitado para hacer depilaciones”, destaca Lorena Vega, sin ocultar su bronca ante la falta de justicia por la muerte de su hermana.
Pero no todo está perdido. Los abogados de la familia Vega contarían con la nueva herramienta que incorporará el sistema judicial misionero: el querellante particular, mediante la cual los deudos de Romina podrán ser parte activa en el proceso, presentando pruebas y testigos. “Estamos trabajando en una cuestión muy delicada de características médico – científicas para rever la responsabilidad de Lotocki en el caso de Romina Vega”, afirmó, a modo de adelanto, el abogado Sebastián Noguera.
La estrategia de este grupo de letrados es desempolvar la causa y sumar aún más datos certeros para el trabajo consiente de un nuevo magistrado. El juez anterior de esta causa, José Luis Rey, fue destituido por autorizar escuchas ilegales a los teléfonos de Sergio Burstein, referente de la asociación Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, y el empresario Carlos Avila. La firma de Rey autorizaba al espía Ciro James, contratado por Mauricio Macri, a grabar las conversaciones que en teoría eran solicitadas por la policía de Misiones por el homicidio del contador José María Piccoli –el caso en el que fueron involucrados Burstein y Avila-.
Pero el contenido de las escuchas nunca llegó a Misiones en los más de dos años en que las líneas estuvieron pinchadas. Según determinó el Juez Norberto Oyarbide, de las oficinas de la Secretaría de Inteligencia las cintas eran retiradas por el espía Ciro James, con quien Rey mantenía un fluido contacto telefónico.
Pero lo peor de la justicia impartida por Rey podría desatarse si se confirma que, la defensa real del doctor Lotocki era ejercida por el doctor Eduardo Paredes, socio en el estudio del juez destituido. Los escritos en defensa de Lotocki eran firmados por Mónica Olivera. Ambos -Olivera y Paredes- tiempo después de defender al falso cirujano plástico enfrentaron las acusaciones en defensa de José Luis Rey.
