Se realizó una capacitación para docentes y directivos escolares organizada por el Ministerio de Derechos Humanos y el Consejo General de Educación en Posadas. Hoy se realiza en Oberá.
El abogado y especialista en Derecho y Tecnología Jorge Javier Chaves brindó ayer una charla exponiendo a docentes y directivos escolares los delitos virtuales contra niños, niñas y adolescentes.
En el país niños de entre 7 y 13 años son víctimas de ciber bullyng o ciber acoso escolar, lo que muchas veces se transforma en trata de personas, pornografía, prostitución infantil o abuso sexual.
La advertencia de trabajar en conjunto entre la familia, la escuela y el Estado para prevenir hechos lamentables en un país donde aún hay un vacío legal que dificulta investigar casos aberrantes.
La charla organizada por el la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones y la Vocalía de Nivel Primario del Consejo General de Educación contó con un auditorium repleto de educadores.
Dos constantes
El disertante afirmó que la primera maniobra de quien o quienes cometen estos delitos es la “seducción” hacia los menores y luego el acoso sexual.
Los niños y niñas de 7, 8 y 13 años representan la mayor cantidad de casos sostuvo, y agregó que los padres deben estar alerta.
Por un lado habló de la suplantación de identidad como puerta de acceso a otros delitos que tienen y el ciber acoso, figura utilizada por pedófilos para meterse con la intimidad de los menores.
En 2008 se sancionó en el país la ley 26.388 de delitos informáticos que según Chávez ya es obsoleta porque no contempla de manera eficaz figuras legales que sirvan a los fiscales que se abocan a la investigación de este tipo de acontecimientos.
“Lo que se hizo con esa ley fue asimilar a las figuras tradicionales de código penal, otras que se asimilan y se utilizan a través de plataformas tecnológicas. “Por ejemplo la pornografía producida y distribuida utilizando de Internet. Pese a ello esta normativa resulta anacrónica y no se ha regulado más en profundidad por lo que hoy genera enormes problemas para los fiscales que no tienen herramientas para impartir justicia”, explicó.
A su criterio la prevención es clave solamente si se hace un trabajo tripartito entre la familia, la escuela y el Estado, a conciencia sin miedos ni tabúes, utilizando preservando el bienestar de los niños y adolescentes.
Lo que se plantea en la Justicia
Marcos Salt, profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Buenos Aires explicaba que conceptos como el de dirección IP, datos de tráfico y contenido, alojamiento de información en la nube, registro y secuestro de datos en soportes informáticos o búsquedas en redes sociales se han hecho comunes en el lenguaje de las investigaciones, aún cuando la ley no los ha regulado de manera adecuada y jueces, fiscales y abogados no han recibido capacitación y, en muchas ocasiones, desconocen nociones básicas.
Así, se produce una utilización poco eficiente de estas herramientas tecnológicas o, peor aún, un uso abusivo de ellas, violando garantías individuales (la prensa ha dado cuenta de importantes investigaciones que se caen por nulidades en la adquisición de la evidencia digital).
Salt dio un ejemplo muy claro, advirtiendo lo que pasaría en las causas por distribución de pornografía infantil que se inician en otros países por investigaciones realizadas por agentes que “rastrillan” la red, cuando esta medida no está prevista en la legislación argentina.
