Son tres destacados abogados, profesores de cátedras universitarias, expositores y autores de libros. Mencionaron la transparencia y excelente organización que tiene al respecto la Provincia. Con respecto al anuncio de la Presidenta para modernizar el sistema judicial, coincidieron en que los postulantes a ocupar puestos, lo deben hacer por concurso.
Los integrantes de la comisión técnica que evaluaron a los postulantes a ocupar la Defensoría de la Cámara de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, opinaron sobre el anuncio de la presidente Cristina Fernández para modernizar el sistema judicial. Coincidieron en que las postulaciones a ocupar cargos en la justicia sean por concurso.
En ese marco, Patricio Marianello, profesor de la facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires, destacó el sistema de selección de jueces y magistrados que tiene Misiones. «Es realmente loable la transparencia y la excelente organización que tiene esta provincia en la elección de los magistrados. Estamos muy conformes con esa tarea. Con una buena regulación, ejecución y control, se logra que todas las designaciones judiciales sean por idoneidad y concurso. Es lo más adecuado porque se mejora el sistema, se jerarquiza y transparenta», dijo el abogado que es profesor regular de Derecho Constitucional en la UBA.
Tanto él como Daniel Carral, juez de tribunal de Casación Penal en Buenos Aires y también profesor de Derecho en la UBA, y Gonzalo Molina, profesor de Derecho Penal I de la Universidad Nacional del Nordeste, opinaron sobre los anuncios de la Presidenta relacionados con la modernización del sistema judicial y la democratización de la elección de los integrantes del Colegio de la Magistratura. Este órgano constitucional está formado por representantes de los tres poderes del Estado y de las instituciones que nuclean a los abogados.
Lo más transparente
Daniel Carral, juez de tribunal de Casación Penal en Buenos Aires y profesor de Derecho en la UBA aseguró que «en todos los poderes judiciales de las provincias hay un replanteo de la necesidad de autocrítica y de ir a un proceso hacia una mayor democratización del sistema. Como parte de esto aspiramos a que los procesos de selección sean lo más transparentes posibles».
Agregó que «los problemas que se presentan hoy son la falta de representatividad de algunos sectores. Desde mi punto de vista, al menos parcialmente siempre es atendible una integración popular directa en el Consejo».
Carral señaló que «lo que se está planteando con el acceso por mérito, y no por parentesco o amiguismo, es que permite también el acceso de gente de diversos sectores sociales y de diferentes patrones culturales, y la diversidad de esto me parece que suma. Destaco como primer valor el ingreso por mérito, y en segundo, la posibilidad de una pluralidad cultural y de formación que hacen a una mayor organización y a una mayor eficiencia en el servicio de Justicia».
Por concurso
Maraniello, además de destacar el sistema de elección de jueces en Misiones, consideró que «la característica especial de una democracia participativa es que el pueblo participa directamente en una parte del proceso de decisión política y ese es el marco en el cual se tendría que instrumentar la democratización del Poder Judicial. De otra manera se estaría modificando las estructuras políticas de división de poderes».
Consideró que «esa parte del proceso en la que participaría el pueblo podría ser a través de presentaciones, en el control de la designación de los jueces y en el control de las sanciones o cuando se investiga a un juez».
El abogado evaluó las modificaciones propuestas por la Presidente. «Una es la creación de cámaras de casación constitucional, que es como una instancia de revisión constitucional muy exhaustiva de todas las garantías constitucionales. Es muy positivo siempre y cuando se aplique correctamente, porque va a descongestionar la tarea de la Corte Suprema de Justicia, que resuelve entre dos mil y tres mil causas por año.
El otro planteo es la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver con el equilibrio de representatividad. Lo más importante en la designación de cargos es la idoneidad, de ahí el llamado a concurso que rompería con el problema de las designaciones familiares».
Defensorías independientes del procurador
Gonzalo Molina es profesor de Derecho Penal I de la UNNE y se refirió puntualmente a las defensorías públicas y la importancia que tienen en el sistema judicial. «Son el mecanismo fundamental en la cuestión del acceso a la Justicia. En sociedades como la nuestra con un gran margen de población económicamente carenciada, las personas se vuelcan en demasía a la institución de la defensa pública, por eso es fundamental en esta cuestión fortalecerlas», dijo.
Consideró que «en el orden nacional, tenemos un modelo de defensa pública que es considerado ideal para exportar al mundo, por los constitucionalistas más destacados. Pero no pasa así en los sistemas provinciales, ya que en la mayoría de los casos tenemos un sistema de defensa pública que todavía depende del procurador general, que es a su vez el jefe de los fiscales», dijo. Al respecto explicó que «de esta forma no se puede lograr el acceso a la justicia porque no se puede fortalecer una institución que dependa de una persona que a su vez es el jefe de los contrincantes de los defensores públicos, que son los fiscales. Por eso es necesario independizarlos de la Procuración General, con autonomía financiera y sobre todo con una política institucional», terminó diciendo.
