La Unión Cívica Radical presentó hoy un amparo colectivo, en representación de todas las mujeres que en nuestro país son víctimas de la violencia de género, para que el Consejo Nacional de la Mujer cumpla con las obligaciones que le fueron impuestas por la Ley.
Acudieron esta mañana al Palacio de Tribunales para realizar la denuncia el Presidente de la UCR, Mario Barletta, la titular de la Convención Nacional, Lilia Puig de Stubrin; el Presidente del Bloque de Diputados, Ricardo Gil Lavedra; los diputados, Manuel Garrido, María Luisa Storani, Ricardo Alfonsín y Juan Pedro Tunessi, entre otros.
“A casi cuatro años de sancionada la ley, el Consejo Nacional de las Mujeres no está cumpliendo con la mayoría de sus obligaciones previstas, a pesar de encontrarnos ante una situación alarmante en lo referente a la violencia contra las mujeres, que día a día son víctimas del maltrato de los hombres”, advirtió Barletta.
A su turno, el diputado Manuel Garrido, patrocinante de la causa junto a la abogada Gabriela Nasser, enfatizó que “el Consejo de las Mujeres no cuenta con un Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia, tal como lo obliga el artículo 9º de la ley. El ex fiscal remarcó que “éste debería ser el primer paso a dar por el Consejo, ya que de ahí surgirán las políticas públicas a implementar”.
El presidente del Bloque de Diputados, Ricardo Gil Lavedra subrayó que “aún no existen estadísticas o información oficial sobre la violencia de género, como tampoco se puso en práctica el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres”.
“No se ha articulado y coordinado el trabajo con as provincias, los municipios y todos los organismos involucrados en la problemática”, denunció la titular de la Convención de la UCR, Lilia Puig de Stubrin y resaltó que “no existe un registro actualizado de situaciones de violencia contra las mujeres”.
“Nuestro objetivo es que se respete y se cumpla la Ley 26.485, sancionada hace cuatro años, que establece la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, explicó la legisladora María Luisa Storani, y añadió que “esta ley buscó adecuar la normativa interna a los tratados internacionales de derechos humanos que rigen en materia de violencia de género e implica un cambio de paradigma en tanto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva infinitamente más amplia y abarcativa de la que hasta ahora existía en la legislación argentina”.
El radicalismo también denunció que no está funcionando la línea telefónica gratuita destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, a pesar de haber sido anunciado su funcionamiento en noviembre del año pasado, no se están llevando a cabo campañas a nivel nacional para concientizar sobre la violencia de género, entre otros incumplimientos.
