Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
Los últimos días de diciembre fueron amargos en la Argentina. Saqueos que se repitieron en varios puntos del país, el poder político en crisis y el país al borde del abismo. La incertidumbre reinó en cada hogar. Ocurrió en 2001, entre el 19 y 20 de diciembre y marcó el fin de De la Rúa en el gobierno nacional. Doce años después, operaciones políticas mediante, se intentaron replicar aquellos momentos, pero las imágenes transmitidas en directo por los noticieros, hablaban por sí solas.
Los saqueadores del hoy se llevaron plasmas y electrodomésticos y buscaron el choque con la policía. Los de aquellos aciagos días, carne, arroz, fideos o cualquier cosa que sirviera para llenar la olla.
Los contextos son tan diferentes, aunque hay un punto de unión. En ambos casos, hubo una organización detrás. En aquel entonces, el peronismo bonaerense alimentó la barbarie para darle el último empujón al ya de por sí débil gobierno radical. Hoy también hay dirigentes pejotistas detrás y sindicalistas que responden al díscolo Hugo Moyano, que aparecieron movilizando las “revueltas”.
En Posadas, por caso, hubo dos o tres intentos de “saqueos”, pero sus protagonistas fueron detenidos y la mayoría contaba con frondosos prontuarios por robos, agresiones y contravenciones. Los protagonistas del hoy están lejos de la necesidad de aquellos días, cuando el trueque y los papelitos de colores se usaban como moneda ante la escasez de dinero.
Es tan larga la distancia temporal y socioeconómica, que apenas unas horas después de los supuestos saqueos, miles de argentinos salieron a las calles a hacer las tradicionales compras navideñas y otros tantos se fueron, como en Posadas, a Encarnación en busca de mejores precios. Miles más saldrán a hacer turismo en el feriado largo.
Es decir, mal que les pese a los instigadores de la violencia en los últimos días, nada se puede comparar con aquel 2001. “Parecen ser operativos organizados tendientes a instalar el tema del descontrol social”, opinó el presidente de la comisión de Pastoral Social del Episcopado, Jorge Lozano.
La mayoría de los intendentes o gobernadores de las provincias afectadas, opinó lo mismo. Raro. No pasó nada en Capital Federal ni en Córdoba.
Lejos de una crisis política, el Gobierno mantiene la serenidad y fue ratificado hace poco más de un año en las urnas. Aquel Gobierno que cayó había perdido las elecciones previas y su poder, si alguna vez lo tuvo, terminó de desmoronarse con el enroque de dos misioneros en la línea sucesoria: Mario Losada tuvo que abandonar la presidencia del Senado y cedió su sillón a Ramón Puerta, quien tuvo un fugaz paso por la Presidencia tras la huida en helicóptero y en medio de las negociaciones entre los caudillos peronistas.
En aquel entonces la crisis era tan profunda que en todo el país se vivía una angustia inédita y nadie estaba seguro siquiera de mantener el puesto de trabajo.
Hoy el empleo se mantiene estable en medio de una turbulencia internacional que llevó la desocupación a niveles récord en Europa y castiga con saña a los jóvenes del “primer mundo”.
En los primeros días del siglo, la pobreza en el país estaba en niveles altísimos -llegó a más del 60 por ciento de la población misionera- y hoy salen a protestar quienes fueron impedidos de comprar libremente dólares o quieren elevar el mínimo no imponible de Ganancias, el impuesto que pagan los que más ganan en el país.
Antes había descuentos del 13 por ciento, ISE o IETE en Misiones. Hoy los gremialistas reclaman por el impuesto a las Ganancias, que no alcanza a todos. Apenas cuatro provincias pagan un promedio por encima del mínimo no imponible y Misiones está muy lejos de la media.
Hay una diferencia central con aquellos días. De la Rúa asumió con un Estado en bancarrota. Ausente. Débil. Inexistente. Endeudado y sometido a los poderes fácticos de la hegemonía económica y los organismos financieros internacionales.
Hoy el Estado está más presente que nunca. Fuerte, robusto, desendeudado y tomando decisiones que exasperan a los acostumbrados a manejar los hilos tras bambalinas. Es un Estado “desobediente” que se animó a aplicar sus propias recetas para movilizar la economía, generar empleo y atender las necesidades sociales, pero al mismo tiempo desendeudándose y plantándose ante fondos buitres y jueces benévolos con el poder económico-financiero.
Las políticas del Estado fueron orientadas a la economía real y su fortaleza radica en aplicar una receta heterodoxa, que entiende que el gasto público social debe crecer aun cuando la economía reposa.
En Misiones, ahogada en aquel entonces por la deuda y la escasez de recursos, hoy el Gobierno cierra el año con superávit, inauguración de obras y recursos volcados a la economía. El jueves, en un solo día, el Estado volcó a la economía 280 millones de pesos, 140 en concepto del pago de aguinaldos, 105 de la Caja Verde a tabacaleros, 35 millones de Incentivo Docente y Suplementarias. “Solo la responsabilidad fiscal y haber sido previsores nos permite afrontar estos compromisos con recursos propios de todos los misioneros”, indicó el gobernador Maurice Closs.
En aquellos tiempos Hugo Moyano también era el titular de Camioneros y salía a la calle en contra del ajuste, pero, bien vale recordar, justificaba los recortes salariales aplicados en Misiones por “culpa de la Nación”. Cambió el país. Cambió Moyano.
Ahora el camionero se pretende actor político y se asume como líder opositor, espacio que comparte con Mauricio Macri y que le cedieron gentilmente el radicalismo y otras fuerzas no kirchneristas.
Esta semana encabezó una nueva protesta en plaza de Mayo, con escasa suerte y pobre convocatoria, aunque los discursos fueron duros contra el Gobierno y volvieron a apuntar al pago de Ganancias. A su derecha estaba el “Momo” Venegas, titular de la Uatre, gremio de los trabajadores rurales cuyos problemas están lejos de ser el pago de ese gravamen, sino que padecen el trabajo en negro o hasta esclavo, en las grandes extensiones de los patrones del campo que casualmente también apoyaron la movida política. En la plaza que supo llenar el ex presidente Raúl Alfonsín y que lo respaldó masivamente en la defensa de la democracia, su hijo Ricardo fue apenas un actor de reparto, mostrando la decadencia del partido que supo pelear el poder y sobre todo, llevar sus banderas siempre bien alto.
El frustrado candidato a presidente de la UCR, que hace pocos días había dicho que Cristina “gana porque a la gente le va bien” y reconoció que “es difícil enamorar a la sociedad cuando está enamorada de una mejora económica”, pero, contradicción mediante, apoya los reclamos del camionero.
Así, llena de contradicciones y sin una idea clara está la oposición. También reapareció Lilita Carrió, con el anuncio de que insistirá en su candidatura para el año que viene, olvidando el último lugar de 2011.
El Gobierno deberá sortear el año que viene la prueba de las legislativas. Pero el tablero político no parece moverse demasiado ni correr serios riesgos. Sin embargo, en política nada está dicho y aunque todos los pronósticos anticipan que el 2013 volverá a mejorar la economía -es una sensación que comparten empresarios misioneros-, hay cuestiones que se deben comenzar a atender con urgencia, como la inflación.
La suba de precios golpea los bolsillos de los asalariados y es la excusa para empresarios que buscan aumentar su rentabilidad.
En Posadas el empresario Marcelo Zbikoski, cuya firma controla el Sistema Integrado de Transporte, exigió esta semana el incremento del boleto en Posadas, Garupá y Candelaria y aseguró que el servicio tiene un costo de 7,97 pesos por pasajero y con la tarifa actual no le cierran los números. Como argumento central, Marcelo Zbikoski puso a la inflación y a la suba autorizada en Buenos Aires, del 40 por ciento, pero obvió decir que allá el boleto valdrá apenas 1,50. A sabiendas que es imposible llevar el boleto de 2,50 a casi ocho pesos, el empresario pidió que la Provincia y los municipios adecuen “urgente” los subsidios, que fueron congelados por la Nación.
Mientras tanto, los empresarios del SIT aseguran que trabajan a una pérdida promedio mensual de doce millones de pesos. Todo esto sin saberse a ciencia cierta cuántos boletos venden en realidad y con un servicio para miles de vecinos, deficiente.
