La medida es impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, mediante un proyecto de ley que propone la modificación del artículo 21 de la Constitución Provincial. Esta mañana, en reunión extraordinaria, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación recibieron al ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Rojas, con quien iniciaron una ronda de consultas que incluirá a actores y organizaciones involucradas en la materia, para profundizar en el análisis de la iniciativa.
La querella, a diferencia de la denuncia, es un acto de ejercicio de la acción penal, mediante el cual el querellante (persona ofendida por un delito o sujeto del derecho con capacidad necesaria) asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento.
Con la redacción actual del artículo 21 de la Constitución Provincial, la acción penal en los delitos de acción pública corresponde de manera intransferible al Estado, quien lo ejerce a través del ministerio público.
La modificación de la letra constitucional incorporaría como nuevo instituto el querellante particular, un nuevo sujeto que participa en la esfera de los delitos de acción pública, simbolizando y encarnando la defensa activa.
Rojas dijo que “en términos prácticos esta norma significa darle participación a la víctima o al particular damnificado por un delito”.
“Nuestra norma actual impide esa participación, circunstancia que fue advertida por los representantes del pueblo, particularmente por el diputado Rovira y los legisladores de los distintos bloques, que señalaron que esta ley colisiona con el moderno derecho procesal y con todos los pactos internacionales que posibilitan la participación activa del particular damnificado”, señaló.
Explicó que “el Estado, de acuerdo a la ley actual, se reserva el monopolio de la acción pública, lo que termina excluyendo a las víctimas de delitos, pero con la reforma que se está propiciando se le va a dar participación en el proceso”.
“La víctima o particular damnificado va a poder apelar, va a poder aportar todo tipo de pruebas al proceso para que el juez tenga un mayor panorama acerca de la responsabilidad que pudo haber tenido determinada persona acusada e imputada de un delito. El rol de la víctima, que era netamente pasivo, ahora pasará a tener un rol activo en el proceso”, destacó.
Rojas consideró que “la reforma va a facilitar el trabajo de los jueces, permitiéndoles llegar a esclarecer los hechos y a dictar una sentencia mucho más justa, ya que contarán con nuevos elementos que le van a ser aportados por las víctimas de los delitos o los damnificados. Van a estar más respaldados por nuevos elementos y no quedarse solamente con los que pudo recoger la policía o el ministerio público fiscal”.
Consultado sobre la posición de los miembros del STJ con respecto al proyecto, el ministro señaló que “todo el cuerpo está de acuerdo con la iniciativa porque esto nos va a permitir a nosotros avanzar en las reformas procesales y poner al día toda la legislación, de acuerdo con los pactos internacionales que hoy están vigentes y que garantizan el mas rápido acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos en los delitos que son víctimas los ciudadanos”.
De obtener sanción, la decisión deberá someterse ad referéndum del pueblo de Misiones conforme el procedimiento de enmienda constitucional, que deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo. Se busca dinamizar los actuales y urgentes requerimientos sociales de justicia y permitir al damnificado formar parte activa de la acción penal.
