La comisión tiene como objetivo observar los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo en la provincia de Misiones. Está presidida por Fernando Dei Castelli, es vicepresidenta Lilia Marchesini, y son miembros Daniel Domínguez, Walter Molina y Pablo Tschirsch.
Marchesini se refirió a las declaraciones mediáticas del abogado César Ortellado, defensor de Guillermo Mendoza, ex médico de la policía misionera durante la última dictadura militar. Dijo que, como comisión “vemos una actitud tergiversada de la verdad que realmente pone en riesgo la información que se está acercando al Tribunal Federal, aludiendo a un decreto que generó una quema de archivos”.
Aclaró que “la información expresada por ese defensor en los medios es absolutamente nefasta y no es real, por lo tanto mancilla lo que es la verdad, incluso, adquiere una actitud criminal”.
“Porque estamos hablando de un abogado que está defendiendo, a quien según los testimonios y según la historia, es uno de los verdugos”, expresó la diputada.
“Y este abogado, para mancillar el camino de la verdad, empieza a generar situaciones de confusión, de dimes y diretes que hacen que se desvíe el tema hacia una cuestión que no tiene nada que ver con lo que pasó realmente en la historia”, agregó.
“Este tipo de juicios, lo que busca, es que se reconstituya la historia y se cuente lo que sucedió, y si tenemos abogados que en el camino de la defensa siguen desviando los caminos de la verdad, mal nos va a ir”, opinó.
“Por lo tanto, nosotros como diputados tenemos que salir a pedir, de alguna manera, una audiencia con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas para dejar en claro cuál es nuestra postura como comisión, qué es lo que creemos que debe hacer esta persona, a partir de la ratificación o rectificación de los dichos y tratando de preservar por sobre todas las cosas el derecho a la verdad que tenemos todos los misioneros de saber quién hizo cada cosa que se hizo”, dijo.
La legisladora propuso que «se pida una audiencia con el Tribunal, previa a los alegatos, en un carácter urgente, donde nosotros como legisladores le podamos informar al tribunal sobre la manipulación pública y mediática que realiza ese sujeto, y despejar la verdad de que acá no hubo una quema de archivos policiales”.
