En la investigación salió a la luz una operatoria común que afectó al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, los empresarios Carlos Ávila, Rodrigo Blas Velazco, Daniela Rocca, Federico Carlos Infante, Jorge Navarro Catsex, Francisco Catsex, Susana Beatriz Saint Porres y a Néstor Daniel Leonardo, un cuñado del jefe del gobierno porteño Mauricio Macri.
En todos los casos, los teléfonos eran intervenidos por la oficina de observaciones judiciales de la SIDE con órdenes emitidas por los juzgados de Posadas, de Instrucción I a cargo de Horacio Gallardo, (hoy fallecido) y el de Instrucción II a cargo de José Luis Rey, en base a pedidos policiales sobre supuestas investigaciones fraguadas.
Según el juez Norberto Oyarbide, las órdenes de interceptación telefónica dictadas por la justicia misionera eran “legales pero ilegítimas” ya que estaban “revestidas de un manto de presunta legalidad, que oculta la ilegitimidad de las mismas, circunstancia que a todas luces dificulta el descubrimiento de esas maniobras delictivas”.
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