Archivos que queman

En varios tramos del debate del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, los abogados de los acusados plantearon que “no podían defenderse” porque los archivos de la Policía fueron quemados y atribuyeron la decisión al ex gobernador Carlos Rovira. Incluso ayer, eso motivó un fuerte cruce entre uno de los defensores y el jefe de Gabinete, Ricardo Escobar, una de las víctimas de la Dictadura.

En realidad, Rovira no tiene nada que ver con la quema de los archivos policiales, que fue aprobada por la Legislatura en 1988, a través de un proyecto enviado por el entonces gobernador Julio Humada y acompañado por el pleno del bloque radical, que también había presentado un proyecto similar, firmado por Francisco Solano Fretes. Incluso, el propio Fretes desistió de su proyecto para avalar el del Ejecutivo.

El argumento para la quema de archivos fue que no debía existir documentación en democracia que “se refiera a antecedentes políticos, laborales, familiares, religiosos, privados y de toda índole de los ciudadanos registrados” por la ex Dirección de Inteligencia de Misiones. Si los abogados defensores usaran los archivos, la polémica se desvanecería.

 

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