Seis millones de mujeres accedieron en los últimos ocho años en forma gratuita a métodos anticonceptivos en Argentina, a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Así se desprende del balance 2003-2011 del programa que fue presentado en el Ministerio de Salud, durante la realización de la jornada «Decisiones, Derechos y Deseos. Avances y desafíos en políticas de salud sexual y salud reproductiva».
El informe destacó que en 2006, el 78 por ciento de los hospitales y centros de salud pública ofrecían servicios de salud sexual y reproductiva, proporción que subió al 93,1 por ciento, de acuerdo al último registro realizado a finales de 2009.
Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, señaló que ese plan nacional «instrumentado en 2003, tras la sanción un año antes de la ley que le dio origen, puso en funcionamiento una verdadera política pública basada en los derechos sexuales y reproductivos».
Ferro indicó que «se trata de dar y transmitir las herramientas para prevenir casos de embarazos no deseados en condiciones igualitarias y contemplar los derechos de todos a una salud sexual».
Desde el 2003, el Programa distribuye en los hospitales y centros de salud anticoncepción hormonal, inyectable y de lactancia, DIU y preservativos masculinos.
Esos métodos fueron incluidos en 2004 en el Plan Médico Obligatorio (PMO), por lo cual las obras sociales y prepagas también están obligadas a garantizarlos a sus afiliados sin cargo.
En tanto, que dos años más tarde con la ley de Anticoncepción Quirúrgica se incorporaron las ligaduras de trompas y la vasectomía, como métodos anticonceptivos permanentes a los que todos tienen derecho, sin restricciones a partir de los 18 años.
Además, en el 2007 por resolución ministerial se incorporó la anticoncepción hormonal de emergencia y desde el año pasado, el test rápido de embarazo.
«El programa significó dar una respuesta concreta a las mujeres en situación de embarazo no deseado» y ratificó «el compromiso de avanzar en derechos de salud sexual y reproductiva», explicó Guillermo González Prieto, subsecretario de Salud Comunitaria.
El funcionario destacó como una «herramienta valiosa del programa la implementación de la línea gratuita de salud sexual 0800-222-3444, que ya recibió 4000 consultas, para que desde cualquier lugar del país pueda quien quiera plantear sus dudas, que son respondidas por profesionales».
Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria (FPV), sostuvo que con la ley de Salud Sexual se buscó «dar igualdad en un derecho como al de la salud y una vida sexual plena evitando el embarazo no deseado».
Los desafíos difundidos en un documento hicieron también referencia a continuar profundizando el conocimiento y las herramientas para que pueda haber un acceso universal a la salud sexual y a la salud reproductiva, lo que implica convertirla en una realidad para todos.
