«Es una herramienta que servirá para mejorar cualitativamente las acciones de los tribunales y juzgados con miras a las respuestas quie espera la gente desde la Justicia», precisó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Sergio César Santiago, uno de los impulsores del proyecto.
Se trata de un dispositivo de soporte o ayuda para aquellas investigaciones complejas, ya sea por la modalidad delictiva, voluminosidad documental, pluralidad de partícipes, de estrépito en la comunidad, entre otros motivos.
Es una herramienta diseñada para brindar colaboración a los Jueces en situaciones de máxima concentración -como sucede con los hechos nuevos y complejos por diversa razón- para que la estructura del juzgado no se vea afectada a nivel de operatividad, pues ello sucede cuando de repente y sin poder preverse, se requiere de una dedicada atención ininterrumpida para “llevar adelante” una investigación determinada, especialmente cuando se está “de turno”, como sucede durante todo un mes.
Una secretaría de un Juzgado en turno, durante todo el período de tiempo señalado, debe actuar con fluidez y contar con capacidad operativa para responder con eficiencia ante la llegada de los sumarios (hechos nuevos) desde casi 30 dependencias policiales, además de las que se inician por Fiscalía.
El trabajo con las numerosas hipótesis posibles para que en su decantación alguna de ellas se transforme en tesis y abonarla con la recolección de un plexo probatorio que posteriormente resulte ser verificable, requiere de esos estandares para formar convicción en el marco de la sana crítica racional, exige una labor sumamente dedicada, señala el documento.
Para lograr efectividad en este sentido, se hará necesario contar con la constante implementación de diversos mecanismos y ajustes, sobre todo con un soporte tecnológico cuya adquisición debería provenir de los fondos que actualmente están a disposición del Poder Judicial en la cuenta de Fondo de Justicia, y sobre todo cuando puede ser realizado por etapas.
Para la puesta en funcionamiento de la oficina, al menos en la primera etapa, sencillamente se requiere: una notebook, una computadora personal de escritorio, dos impresoras fijas laser con scanner y otra portátil. Además, cinco scáners para ubicarlos en cada Juzgado, así de este modo el expediente comienza a digitalizarse y por razones de seguridad nunca abandonaría la dependencia de origen.
Todavía no está previsto grandes cambios en estructura porque al tratarse de una dependencia nueva, hay que hacer las mediciones para que funcione óptimamente y se irán realizando los ajustes que correspondan. Esto tiene que ver con los conceptos de gestión y calidad; es para lograr eficiencia y responde a la idea de manejar planificadamente el recurso humano involucrado.
Por eso, la secretaría puede empezar a funcionar inmediatamente y en el mismo espacio físico actual, sin modificaciones edilicias. Lo mismo sucedería con el personal afectado a la tarea.
Esto es para relevar la demanda de tareas y articular el funcionamiento de la repartición para evitar errores e inconvenientes desde el comienzo, salvo el aspecto tecnológico a que se hizo referencia, pues debe contemplarse en forma inmediata contar con las herramientas para la primera fase.
Se aplicará una metodología de trabajo propuesta por los sistemas de calidad en cuanto a la elaboración de instructivos y protocolos que se harán conforme a las pautas de las disciplinas que se ocupan específicamente de las organizaciones y en especial de sus estructuras y con el apoyo necesario de los operadores, es decir, de los jueces, secretarios, fiscales, defensores, empleados, los Tribunales Penales y el mismo Superior Tribunal de Justicia, involucrando a todas las áreas que sea menester involucrar.
En este caso, la situación de “concentración en el caso difícil” que venimos señalando demanda que gran parte de los operadores se ocupe de una sola tarea; para sortear este obstáculo operativo, se propone la creación de
La iniciativa fue elaborada desde el Centro de Capacitación y Gestión del Poder Judicial, con la colaboración y apoyo de Jueces, Secretarios y empleados del Fuero Penal y del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Cardozo, César Antonio Yaya, Fernando Luis Verón, Ricardo Walter Balor y José Alberto López; y de los Jueces del Tribunal Penal nº 1 y 2 de Posadas, Juan Enrique Calvo, Roque Martín González, Alfredo Rafael Escribano, Eduadro E. D’Orsaneo y Martín Errecaborde.
