El 60 por ciento corresponde a causas llevadas adelante en Misiones y Salta.
Un relevamiento realizado en octubre de 2010 por la Unidades Fiscales Especiales (UFASE) encontró que había unas cien causas judiciales abiertas por el delito de trata en cinco provincias del norte: Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y Corrientes. En el 70 por ciento de los casos, las víctimas eran mujeres reclutadas para la explotación sexual. Cerca del 60 por ciento de las maniobras de captación habían tenido lugar en Salta y Misiones. “La esclavitud puede ser laboral o sexual. Son deleznables las dos, pero peor es la explotación sexual, porque el objeto de esclavitud es el cuerpo de niñas y mujeres. Tenemos que trabajar para evitar y castigar el tráfico. Pero los jueces solos no podemos”, insistió Argibay. La acompañaron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la ministra Elena Highton de Nolasco. Entre el público que se amuchó en la sala de videoconferencias estuvieron legisladoras, jueces, abogados y representantes de ámbitos académicos vinculados con el Derecho. Trimarco destacó la importancia de la capacitación que recibirán los fiscales. “Es una muy buena noticia”, señaló Trimarco a Página/12.
Colombo indicó que desde la Ufase han identificado “dos problemas básicos para perseguir el delito de trata: por un lado, la con-nivencia de sectores políticos y de fuerzas de seguridad y, por el otro, los preconceptos y los prejuicios de los propios actores del sistema judicial. Esta capacitación apunta a este último problema”, apuntó, en diálogo con este diario. Los cursos empezarán entre abril y mayo. En una primera etapa recibirán capacitación dos personas por provincia, fiscales o secretarios de fiscalías, que actuarán como replicadores en sus jurisdicciones. “Queremos que estos talleres sean obligatorios”, indicó Colombo. Una metodología similar, con replicadores en cada provincia, se está utilizando exitosamente para sensibilizar en cuestiones de género a integrantes de todos los estamentos de la Justicia –superiores tribunales, cámaras federales y nacionales, tribunales y personal administrativo–, una propuesta que puso en marcha Argibay el año anterior y a la que ayer se sumaron nuevas jurisdicciones.
