La Justicia Federal seguirá ahora esta pista. Creen que el avión, que se desplomó en Fray Bentos, fue una «autoventa» del grupo español Marsans para no tirar un avión que estaba para descartar.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá investigar si el avión de Austral que cayó en la localidad uruguaya de Fray Bentos el 10 de octubre de 1997, causando la muerte de 74 personas, era una aeronave de «descarte».
Así lo dispuso la Cámara del Crimen, al resolver un conflicto de competencia planteado a raíz de la denuncia de María Elena Blanco Seco, la viuda del comandante del vuelo 2553, Rodolfo Cécere.
Según una investigación de la mujer, considerada «atendible» por los jueces Jorge Luis Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos, el avión que se precipitó a tierra en medio de una tormenta por una supuesta falla mecánica había sido comprado tres años antes por Austral -controlada por operadores españoles- a la empresa Iberia, en una suerte de «autoventa» de un avión que estaba para enviar a desguace.
«La hipótesis que ha expuesto María Elena Blanco, en cuanto a que el avión cuyo siniestro se investiga en el fuero federal integraría el lote de aeronaves cuya presunta adquisición fraudulenta por parte del Directorio de Austral aquí se investiga, resulta -en principio- atendible», dijeron los camaristas, al resolver que la causa deberá tramitar ante la justicia federal.
Así, se unificaron las dos causas: la del siniestro y la de supuesta administración fraudulenta en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y Austral, por la que están imputados el empresario español Antonio Mata Ramayo, el abogado argentino Horacio Pedro Fargosi, y los directivos españoles Manuel Morán Casero, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Arias, Juan Gutiérrez, Juan Masso Garolera, Javier Monzón, Xavier de Irala Estévez y Pedro Ferreras Diez.
«No puede desconocerse la íntima relación que existe entre ambos hechos dado que, más allá del tiempo transcurrido entre la adquisición de la aeronave y el siniestro, de acreditarse la maniobra denunciada, esto es el alto costo pagado por material de descarte, ello se vincula con la responsabilidad que se le achaca a varios directivos a esa época a la firma Austral Líneas Aéreas S.A. por el accidente aéreo», dice la resolución.
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