Participaron representantes de cámaras empresarias forestales y diputados de la comisión. Maciel aseguró que la iniciativa busca acuerdos, pero desde el sector advirtieron que la ley no plantea acuerdos sino que establece imposiciones.
Con participación de representantes del sector empresario, volvió a reunirse la comisión de Desarrollo Forestal y Agropecuario de la Legislatura para debatir el proyecto del diputado renovador Ricardo Maciel, que propone obligar a la empresa Alto Paraná SA a poner a disposición de terceros parte de sus tierras para que sean destinadas a cultivos. Los empresarios coincidieron con los diputados en la necesidad de trabajar en conjunto para solucionar los problemas relacionados al empleo, pero consideraron que el proyecto de Maciel no es una herramienta válida y advirtieron que generaría inseguridad jurídica.
El autor de la iniciativa abrió la reunión explicando que su proyecto no pretende avanzar sobre el derecho de propiedad de la mencionada empresa, sino trabajar en forma consensuada en el desarrollo de proyectos de producción consorciada en las tierras de la firma.
Indicó que el objetivo es brindar una fuente de ingresos a habitantes de municipios como Puerto Libertad y Colonia Delicia, donde casi no queda territorio para prácticas agropecuarias y tampoco hay fuentes de trabajo en otras actividades.
«La idea es crear un Consejo Cesión Explotación de la Tierra. En ese marco se discutirá cuánto territorio se ocupará y qué actividades se desarrollarán. Buscamos generar modelos consorciados, pensamos en actividades que integren la explotación forestal con agricultura. No queremos imponer nada, buscamos legar a acuerdos con la empresa», dijo Maciel.
Antecedente peligroso
Los representantes del sector privado coincidieron con el legislador respecto a la problemática existente en esos municipios y se comprometieron a trabajar en conjunto con el Gobierno en el desarrollo de modelos consorciados, pero advirtieron que el proyecto de ley de Maciel es peligroso porque va mucho más allá de eso.
Ocurre que mientras el autor del proyecto habla de buscar acuerdos con la empresa, el artículo 1 del proyecto reza: «declárese de interés público provincial el uso agropecuario de las parcelas agrícola propiedad de Alto Paraná SA asentadas en los municipios de Puerto Libertad, Wanda, Puerto Esperanza, Colonia Delicia y Colonia Victoria» y en ningún momento sujeta esa declaración de interés público a un acuerdo previo con la empresa.
Por si quedara alguna duda respecto a la capacidad de negociación que tendría el sector privado en el Consejo que definirá el uso de sus tierras, el artículo 14 deja en claro que la cesión del territorio de la empresa para la explotación agrícola por parte de terceros se realizará aún si la propietaria de los terrenos se negara a cederlos.
«Vemos dos cosas bien distintas: una es la ley y otra lo que el señor Maciel declara como el ‘espíritu de la norma’ que es una especie de llamado a la buena voluntad para firmar convenios. Es muy distinto lo que dice el proyecto a la descripción ofrecida por su autor», resaltó Gustavo Marangoni, presidente de Amayadap.
«Nos preocupa que se apruebe una ley que marque un antecedente, una jurisprudencia, porque eso después se puede derramar hacia otros propietarios», opinó.
«Estamos de acuerdo con que se convoque a las partes en búsqueda de acuerdos de buena voluntad, pero lo que establece el proyecto es una imposición legal», concluyó Marangoni.
En similar sentido se manifestó Rodolfo Goth, presidente de Afoa Nea: «lo que dice Maciel no lo vemos materializado en el proyecto y lo que va a quedar es el proyecto, no las explicaciones de su autor», sintetizó.
De su lado José Saiz, gerente de Afoa Nea, opinó que si lo que se busca es generar mano de obra, lo más indicado sería apoyar el desarrollo de la industria, ya que de ese modo se generaría empleo más calificado.
Hugo Reis, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, consideró que hay pasos previos que los legisladores se están salteando, el más importante de ellos es la definición de una ley de ordenamiento territorial que permitiría definir el uso del territorio.
En tanto que Cristian Lamiaux, gerente de la Apicofom, indicó que «creemos que hay que darle solución a la gente que ha sido expulsada del mercado de trabajo por el avance tecnológico, pero cualquier proyecto en conjunto que pueda desarrollarse entre las empresas y el Gobierno puede resolverse con herramientas de estamentos inferiores a los de una ley. Nos ponemos a disposición para la búsqueda de soluciones a temas estructurales como la intrusión pero nos parece que la ley es una exageración, hay opciones mucho más viables y que no generarían el presente».
