El jefe de gobierno porteño presentó ante la Cámara Federal un recurso que intenta revocar el procesamiento dictado por el juez Oyarbide en el caso de las escuchas ilegales
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, presentó esta mañana la apelación ante la Cámara Federal para revocar el procesamiento dictado por el juez Norberto Oyarbide en el caso por las escuchas ilegales.
Sus abogados presentaron en los tribunales de Comodoro Py 2002 el escrito en el que el funcionario pidió que se revoque la resolución del magistrado y el embargo de $250.000 que pesa sobre sus bienes.
Los argumentos de Macri se basan en que no tenía motivos para espiar a su cuñado Néstor Leonardo ni a Sergio Burstein, un referente de la comunidad judía, opuesto a que Jorge «el Fino» Palacios fuera el primer jefe de la Policía Metropolitana.
Además, señaló que a Leonardo lo pudieron haber escuchado otras personas, como Franco Macri, que contrató a una empresa para velar por la seguridad de su hija Sandra. Y esto, para Macri, recién se intenta averiguar ahora, tras el procesamiento.
Con respecto a Burstein, señala en el escrito que si el interés hubiera sido escucharlo porque se oponía al nombramiento de Palacios en la Policía Metropolitana su teléfono fue intervenido después de su renuncia, y si querían saber si lo iban a procesar por la causa AMIA, la escucha también es posterior a su alejamiento del cargo.
Luego de la presentación realizada este martes de la expresión de agravios por parte de los abogados de Mauricio Macri, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ya está en condiciones de resolver el recurso de apelación presentado por el jefe de Gobierno porteño contra su procesamiento, en el marco de la causa por escuchas ilegales.
Se trata del procesamiento dispuesto por el juez federal Norberto Oyarbide, el pasado 14 de mayo, por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita (en carácter de miembro).
Sobre el lapso que se tomarán los camaristas para resolver, las fuentes indicaron que «es intención hacerlo lo más rápido posible por lo que especulaba que la cuestión podría quedar definida antes de la «feria judicial que comienza el 19 de julio próximo.
La defensa de Macri cuestiona el procesamiento dictado el 14 de mayo último por Oyarbide en una resolución de 641 carillas en la que le imputó, además de la asociación ilícita, el delito previsto en el artículo 153 del Código Penal.
Esa norma castiga a quien «indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido y cuando el hecho fuere cometido por un funcionario público «que abusare de sus funciones sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de condena.
