Tras el intento de desalojo de la gendarmería la conjueza que firmó la orden pidió disculpas por el operativo que violentó el campamento de los trabajadores y sus familias. «Nosotros preferimos morir en la ruta que de hambre en mi casa» le dijo uno de los delegados a la conjueza. Hoy martes desde las 9 volvería el corte de ruta.
Ayer lunes un operativo que involucró a más de 60 efectivos de la Gendarmería Nacional irrumpió violentamente en el campamento de tareferos instalado al costado de la ruta nacional 12 en medio de la tregua que los trabajadores habían acordado con funcionarios del gobierno provincial, según un comunicado del Movimiento Social Misiones.
«A mi su personal llegó y pateándome me dijo, levante, levante. Estábamos durmiendo, había muchos chicos mujeres, todos terminaron llorando», fue el relato de uno de los delegados que se entrevisto con la jueza, Adriana Arjol con-jueza que subroga en el juzgado Federal de Eldorado y quien firmó la orden de desalojo. Tras el encuentro la magistrada pidió disculpas por el operativo y se comprometió a despejar el área y dejar solo una guardia mínima de gendarmes en la zona.
Los trabajadores accedieron a extender la tregua hasta mañana a las 9 de la mañana y advirtieron que la única posibilidad de resolver el conflicto es que la Anses se comprometa a cumplir con la orden del Juez José Luis Casals y comience a devolver las asignaciones familiares retenidas. «Una vez más mostraron su predisposición a un acuerdo y la necesidad de que el conflicto se resuelva, un gesto de madurez de estos trabajadores y sus familias ante mostraron esta nueva provocación del poder político que no se condice con el respeto y el dialogo que comprometieron en la ruta la semana pasada», destacó Rubén Ortiz secretario general de la CTA.
La presencia de la gendarmería nacional generó un clima de tensión al costado de la ruta y sembró dudas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno provincial de reclamo de los trabajadores ante los organismos nacionales que correspondan. Ante esta situación, ayer debieron volver hasta la zona de la protesta el Subsecretario de la Juventud Marcelo Cantero y el secretario privado del gobernador, el Lic. Miguel Onetto quienes aseguraron que ningún funcionario provincial radicó ninguna denuncia judicial pidiendo el desalojo de los manifestantes. Onetto y Cantero visitaron después a los tareferos de Oberá quienes se encuentran en la misma situación que sus pares de Montecarlo.
Además de estos funcionarios ayer volvió al lugar un equipo técnico del Ministerio de Trabajo de la Provincia que siguió relevando las diferentes irregularidades que denuncian los tareferos. «Aportamos información y documentación que hemos recolectado durante meses para poder entender y explicar a los trabajadores la situación por la que están atravesando, información sobre las relaciones laborales, la realidad de los empleadores, las altas ganancias de la industria y la molinería mientras siguen manteniéndose condiciones laborales en muchos casos infrahumanos», sostuvo Ortiz quien destacó que ya el trabajo comprometido por el Ministerio está hecho en terreno resta ahora las gestiones concretas para resolver los planteos.
«Toda la información que necesitan para destrabar el conflicto ya lo tienen, como ya lo tenía la propia Anses en sus bases de datos e inclusive ampliadas a partir de las presentaciones judiciales, el trabajo de mañana de los funcionarios de Nación deberá ser buscar soluciones reales y rápidas porque la información esta y la gente no puede seguir esperando porque detrás esta el hambre de todas estas familias», agregó el dirigente social.
En tanto los asesores legales de los trabajadores calificaron de insólita la resolución judicial que ordenó el desalojo. «La gente estaba pacíficamente durmiendo en la ruta, no estaban entorpeciendo el transito, no estaban cometiendo ningún delito» y recordaron que este mismo juzgado está interiorizado de la problemática de los tareferos lo que se expresó en los fundamentos de los fallos emitidos en diciembre último donde se ordena a la Anses el cese de los descuentos compulsivos de las asignaciones familiares. «Este mismo juzgado es el que resolvió favorablemente 3 medidas cautelares solicitadas por los trabajadores que no cumplió la Anses y además es el mismo que tiene la denuncia penal contra el director ejecutivo de ese organismo por los delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público que esperan una resolución», destacaron.
En tanto,José Luis Casals, el mismo juez que reconoció la legitimidad del reclamo de los tareferos y no descartó solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación ante el grado de vulnerabilidad de derechos de este sector de la población, es quien deberá resolver la situación procesal de Rubén Ortiz y Juan Carlos Di Marco procesados por acompañar las diferentes protestas de estos trabajadores.
