La tregua concedida termina esta mañana y hasta última hora de anoche no había respuesta a los reclamos de los trabajadores. Exigen que la Anses deje de aplicar descuentos sobre las asignaciones familiares que les corresponden y que devuelvan lo ya descontado. Denuncian 70% de informalidad. Anticiparon que, de no mediar soluciones, acamparían en Posadas. A las 8.00 de hoy terminará la tregua otorgada por los tareferos al Gobierno provincial para dar respuesta a sus reclamos. Hasta última hora de ayer la esperada respuesta no había llegado y los trabajadores tenían todo preparado para volver a cortar la ruta 12 a la altura de Montecarlo y la 14 a la altura de Oberá. Amenazan además con trasladar la protesta a la Plaza 9 de Julio de Posadas. Exigen que la Anses deje de aplicar descuentos sobre las asignaciones familiares que les corresponden, la extensión del subsidio interzafra y la incorporación de todos los trabajadores al subsidio universal por hijo. El alto porcentaje de trabajo en negro también es motivo de reclamo, así como la inacción por parte de la delegación provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) -gremio que los representa- frente a la compleja problemática que enfrenta el sector.
Los delegados del grupo de tareferos que anoche se mantenían a la vera de las rutas 12 y 14 desestimaron la posibilidad de que a última hora llegara una novedad que evitara los cortes previstos para hoy, por el contrario, anticiparon que la protesta irá creciendo en intensidad y adelantaron que el próximo paso será acampar en la Plaza 9 de Julio de Posadas.
La protesta de los tareferos lleva más de cinco meses, el principal reclamo es la regularización del pago de las asignaciones familiares, beneficio sobre el cual la Anses viene aplicando descuentos sustanciales. A la hora de repartir responsabilidades por esa irregularidad, los trabajadores apuntan sus dardos contra el organismo nacional, al que acusan de actuar en forma ilegal al hacerle pagar a los trabajadores por incumplimientos de sus patrones y por desoír una medida dispuesta por la Justicia Federal.
También cargan contra las empresas contratistas que prestan servicio en la cosecha de la yerba mate, a las que acusan de haber cometido fraude en sus liquidaciones de aportes patronales y de mantener a un 70 por ciento de los trabajadores en negro.
Asamblea caliente
En la mañana del sábado se reunieron a la vera de la ruta 12, en el ingreso a Montecarlo, 75 delegados de los trabajadreos rurales. En ese marco discutieron el incumplimiento de los fallos judiciales de la ANSES, el subsidio para la interzafra, los bajos salarios y las condiciones laborales. Exigieron que el gobierno provincial garantice 22 pesos como precio para el raido.
Un momento de alta tensión se vivió cuando algunos de los contratistas investigados por la Anses por supuesto fraude laboral se hicieron presentes e intentaron justificar los bajos salarios y el alto grado de informalidad del sector con el incumplimiento del precio de la hoja verde.
En tanto los trabajadores señalaron que la explotación laboral que los tiene como victimas no solo se explica por la falta de precios de la materia prima sino además por practicas laborales injustas y muchas veces ilegales que son toleradas por los organismos que del Estado y por la Uatre, gremio que no hizo acto de presencia en la oportunidad.
«Fue un espacio enriquecedor, en el que contratistas y tareferos pudieron sincerar algunas practicas que son históricas y que explican la explotación laboral de estos trabajadores. Las condiciones inhumanas de trabajo, el altísimo grado de trabajadores en negro, los salarios de hambre son las condiciones sobre las que descansa el negocio yerbatero en la provincia. Todo en medio de una falta de control general», sostuvo Rubén Ortiz, secretario General de la CTA de Montecarlo e integrante del Movimiento Social de Misiones tras el cierre de la asamblea.
Los precios también fueron tema de discusión en la asamblea, en la oportunidad los tareferos plantearon la necesidad de duplicar el valor que cobran por cada raido entregado. Esa cifra actualmente ronda los 11 pesos, los trabajadores pretenden llevarla a 22, lo que demandaría un incremento proporcional en el valor de la hoja verde.
Una de las opciones que se barajó para evitar el aumento es que se disponga un subsidio por parte de la Nación o la Provincia para cubrir la diferencia.
