Unas 43 empresas figuran en la lista de firmas investigadas por evasión en Ciudad del Este y cuyos expedientes fueron «cajoneados» en la Aduana durante el gobierno de Duarte Frutos. El Estado paraguayo dejó de percibir unos US$ 200 millones, solo en estos casos.
Intenso movimiento comercial en Ciudad del ESte.
El director general de Aduanas, Carlos Vidal Ríos, se comprometió en dar un finiquito a los expedientes iniciados por evasión a varias empresas de la capital del Alto Paraná, Asunción, Encarnación y de otras localidades del interior del país. Se trata de unos 400 expedientes que fueron cajoneados durante el gobierno colorado encabezado por Nicanor Duarte Frutos.
Conforme a los datos, el ex jefe de Fiscalización, Wilfrido Ayala, sería supuestamente responsable por el «arreglo» que derivo en la decisión de meter al «freezer» los procesos administrativos iniciados con el objetivo de cobrar los impuestos evadidos.
La empresa que más procesos tiene es la Cap. Com. SRL, que sería propiedad de la familia Careaga. Esta empresa reemplazó a Latina Import Export. Esta última firma comanda el esquema del ingreso de mercaderías sin el pago total de impuestos al país desde la zona franca de Iquique (Chile).
Evasores
Las 43 empresas, habrían dejado de abonar al fisco paraguayo unos 200 millones de dólares. La suma final podría ser muy superior, atendiendo a que es imposible conocer el monto del movimiento de mercaderías que estaban teniendo estas firmas y personas, de acuerdo a las explicaciones que brindaron funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.
Estas empresas, igualmente, estarían involucradas en otros hechos delictuales como el lavado de dinero.
Buitres
La mayor parte de las empresas que aparecen como investigadas por evasión pertenece a comerciantes «buitres» (no viven en Ciudad del Este, sino en el Brasil), quienes han convertido a la capital del Alto Paraná en un paraíso para sus negocios ilegales. Todo esto lo hicieron posible con el apoyo de funcionarios públicos de diferentes reparticiones, como la Aduana y, en especial, el Ministerio Público, que en lugar de investigar las denuncias, otorga el ropaje legal a sus operaciones para que continúen desangrando al Estado.
(Fuente: www.abc.com.py)
