Indagarán al municipal detenido por falsificación

Orlando Fernández fue detenido cuando cobraba por un libre deuda falsificado. l empleado municipal de San Vicente, detenido en «flagrante delito», mientras cobraba por entregar documentación oficial falsificada, recién sería indagado hoy, una semana después de haber sido apresado. Aunque la fecha original para escuchar su testimonio era ayer, el prolongado corte de energía eléctrica que sufrió la localidad, obligó la suspensión de la medida judicial. Además Misiones On Line accedió a detalles de la investigación.

Orlando Fernández, un empleado municipal y que actualmente estaba adscrito a la delegación del IPS, fue detenido el jueves pasado luego de cobrar 500 pesos a un contribuyente, a cambio de otorgarle un libre deuda falsificado. Toda la operatoria ilegal realizada en el domicilio del supuesto interesado fue filmada por cámaras ocultas dispuestas por la Justicia, como así también los cinco billetes de cien pesos entregados al por ahora detenido agente municipal, estaban registrados y marcados en un acta por el juez Juan Carlos Cantero.

Luego, y al allanar el domicilio de Fernández, los investigadores se sorprendieron con la cantidad de elementos encontrados y que estarían vinculados con la causa. Formularios para distintos trámites en blanco, sellos de ex intendentes y de ex funcionarios municipales; e institucionales; copias de comprobantes de pagos de diversos impuestos, libres deudas, y habilitaciones, y hasta un listado de empresarios, comerciantes y contribuyentes que habrían buscado beneficiarse participando de esta supuesta estafa, están ahora en manos de la Justicia.

Misiones On Line accedió a detalles sobre los elementos encontrados al allanar la vivienda del detenido. Aunque en un primer momento trascendió que entre los mismos había sellos, -investigan si son originales robados de la Municipalidad o falsificados-, de los ex intendentes Héctor Carballo y Luis Benítez, ahora está confirmado que también encontraron de otros jefes comunales, como Casiano Gallardo (intendente entre 1983 y 1987); y Luis Kleñuk (1987/1991 y 1995/1999); de secretarios generales y de finanzas de varias gestiones, como Ramón Nolasco, Veriatto Olsson, Hugo Ruiz Lenz, o Luis Rodríguez. También otros sellos, como el de «Caja Pagado» de la Municipalidad de San Vicente; el de ingreso y egreso de expedientes; varios del detenido Orlando Fernández en distintos cargos; y también varios institucionales.

Asimismo, llamó la atención y será una de las líneas de investigación, el secuestro de sellos y formularios en blanco de diversos registros de la propiedad del automotor, por ejemplo de Ituzaingó, Virasoro, y Corrientes; de otros municipios como Moreno y La Matanza, en el gran Buenos Aires; y de supuestos funcionarios de distintas reparticiones de distintas localidades del país.

Por su parte, aunque está siendo sometida a peritajes, la documentación falsificada y secuestrada, tendría una bastante burda confección, más allá de la ilegalidad. La casi totalidad de los formularios falsos incautados, -de pago de patentes, habilitaciones comerciales, habilitaciones de obra, libre deuda, inscripción de automotores, y de la mayoría de los trámites municipales-, aunque tenían puestos los sellos, las firmas que aparecen de los diversos funcionarios estarían escaneadas e impresas. Sin embargo aún no descartan la participación directa de alguno de ellos.

Ahora avanzan en la investigación para determinar en que computadora rellenaba los formularios Fernández, ya que no encontraron alguna al allanar su domicilio; y como tenía acceso a la información de los contribuyentes.

La justicia además logró identificar a muchos y conocidos empresarios, profesionales y comerciantes que hicieron uso de los oficios ilegales de Fernández, ya que también se secuestraron copias de documentos falsos ya entregados, -como pagos de patentes de camiones, libres deudas y habilitaciones truchas de inicio de obra-; que se suma al listado de «trámites» que ya habría hecho, y donde están los nombres de los que buscaron beneficiarse. Ahora deberán determinar que nivel de participación tuvieron en la causa, que originalmente está caratulada como «Estafa al Erario Público reiterada», y «Falsificación de instrumento público reiterado», pero que podría sumar otras imputaciones, según trascendió en fuentes del Juzgado de Instrucción 3, que lleva adelante la investigación.

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