La iniciativa que propone regular las operaciones de compraventa de hoja verde generó el rechazo de integrantes de todos los eslabones de la cadena yerbatera. Ambos proyectos buscan garantizar el cumplimiento de los precios oficiales.
Nuevo conflicto. El precio de la yerba vuelve a enfrentar a distintas visiones.
Para sorpresa de los representantes de los distintos eslabones del negocio yerbatero, que esperaban una invitación para participar del debate, la comisión de Desarrollo Agropecuario de la Legislatura provincial, emitió ayer un dictamen favorable que agrupa a dos proyectos llamados a modificar de raíz las condiciones en que se desarrolla esa producción madre. Con el respaldo de los distintos bloques y sin oposición a la vista, se espera que la aprobación en el Recinto llegue en la sesión de mañana o a más tardar en la próxima.
En el primero de sus capítulos, el dictamen incluye al proyecto de «Estampillado y bancarización», que fuera presentado en mayo pasado por Orlando Schuster. La iniciativa propone generar un mecanismo que imponga una mediación entre los productores y los industriales.
Así, las operaciones de compraventa de materia prima ya no se realizarían «mano a mano», si no que los industriales deberían depositar dinero en una cuenta bancaria, a cambio de un certificado o estampilla que les serviría para retirar yerba canchada de los secaderos.
Los productores por su parte, recibirían, a cambio de la hoja verde que entregaren, certificados que los habilitarían a retirar el dinero que les correspondiere directamente de la cuenta bancaria alimentada por las compras efectuadas por los industriales.
En su redacción original, el proyecto estipulaba cómo sería ese mecanismo, pero durante el debate en comisión se acordó modificar el texto a fines de dejar establecidas las pautas generales que debería satisfacer el sistema, dejando los aspectos relacionados a la implementación del mismo al Poder Ejecutivo que se encargará de la reglamentación.
Los integrantes de la comisión resaltaron que el objetivo final de la iniciativa es garantizar el cumplimiento de los precios estipulados para la materia prima. De su lado, el ministro del Agro, Alex Ziegler, consideró que el sistema de estampillado, junto a otras herramientas como la Trazabilidad y el Relevamiento Georreferenciado, podría convertirse en un factor de transformación para mejorar la situación de los pequeños productores.
Juntos desde las diferencias
Desde la vereda opuesta, representantes de los distintos eslabones de la cadena yerbatera criticaron duramente al proyecto de Schuster. Desde la molinería y las cooperativas (por boca de Roberto Montechiesi y Raúl Karaben respectivamente) no dudaron en calificarlo como «descabellado». Aseguran que otorgará una enorme ventaja a los grandes molinos integrados, que no necesitarán regirse por este sistema por contar con producción propia y que establecerá fuertes asimetrías con el sector industrial correntino.
De su lado, Carlos Ortt, dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), tampoco ahorró cuestionamientos. Consideró que se trata de un proyecto de finalidad meramente recaudatoria. «Solo quieren manejar una caja más», opinó. Coincidió con los industriales respecto a las asimetrías que introduciría el nuevo sistema. Al respecto dijo que «con esto más la diferencia en la carga impositiva, le estamos regalando el negocio a Corrientes».
En orígen
El segundo capítulo del dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Agropecuario está dedicado al proyecto de «Envasado en Origen», que prohíbe la salida de Misiones de hoja verde, yerba canchada o molida a granel producida dentro de los límites de la provincia para el consumo del mercado nacional.
El proyecto busca propiciar la instalación de nuevas industrias en el territorio provincial y pretende además favorecer los controles de calidad sobre el producto terminado.
Actualmente alrededor de 40 por ciento de la producción se procesa fuera de la provincia.
El Inym aguarda la decisión de la Sagpya para definir precios
